La fusión en estudio entre Bankia y CaixaBank tiene un claro sesgo de operación de Estado. No en vano este último, a través del fondo público Frob, es el propietario del 61 % de la primera de las dos entidades. Si prospera la unión, el Estado bajaría su porcentaje en la nueva entidad al 14 %. Por mandato de Bruselas, el Gobierno debía haber vendido su participación en 2017 pero la retrasó a 2021 en vista de la mala evolución bursátil de la entidad. Una venta precipitada habría reducido de forma considerable el importe de la operación y, por consiguiente, la capacidad de devolver el dinero de los contribuyentes -22.400 millones de euros- que permitieron en 2012 rescatar la entidad. Hasta ahora, con las dos ventas parciales realizadas, el Estado ha recuperado unos 2.100 millones.

¿Qué implicará la fusión Bankia-CaixaBank a este respecto?. El director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Joaquín Maudos, aseguró ayer a este diario que la operación, si se consuma, es positiva para los intereses del Estado. Y es que la fusión lo que pretende en primer lugar es «mejorar la rentabilidad» de las dos entidades unidas. Por tanto, si el nuevo banco mejora en sus principales parámetros y los inversores así lo valoran, lo lógico es que sus acciones, muy castigadas en los últimos años, como la mayor parte del sistema financiero, irán al alza, lo que implica que la venta de la participación pública se podrá hacer en mejores condiciones que las actuales en relación al objetivo de recuperar la mayor parte posible del rescate.

En relación a las críticas formuladas ya ayer mismo en el sentido de que el Estado (y Bankia) pierde en el canje respecto a CaixaBank, el experto en el sistema financiero asegura que «no hay diferencias sustanciales en la cotización» de las dos entidades, porque las pérdidas de la banca en bolsa «han sido generalizadas»

Maudos advirtió, no obstante, que «lo peor está por venir» y que los efectos de la crisis del coronavirus sobre la morosidad bancaria pueden ser muy relevantes cuando finalicen las actuales moratorias. Por ejemplo, entre el 20 % y el 30 % de los préstamos ICO por la covid a empresas los asume la banca si hay impagos.