Todos ganaron. La CAM y Hansa. Así de claro habló este miércoles el fundador de la promotora, Rafael Galea, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga, junto a otros tres directivos de la caja, por un delito de administración desleal precisamente por esta operación inmobiliaria. «Gracias a esa dación en pago (las acusaciones lo llaman financiación encubierta) no solo se impidió que Hansa entrara en un concurso de acreedores de la que la caja habría sido la última en cobrar, sino que se recapitalizó la empresa siendo en la actualidad una de las más solventes. Y la CAM también ganó porque consiguió resolver su situación financiera».
La declaración del promotor fue, sin duda, la más profusa en detalles de la segunda sesión de esta vista oral donde se pretende esclarecer si tras de la venta por parte de la CAM a Hansa de unos terrenos en el estado mexicano de Baja California se esconde en realidad una operación para que la caja pudiera declarar beneficios a cambio de reducirle a la promotora la deuda millonaria que mantenía con la caja, partícipe además en un 10% en su accionariado.
Galea calificó el proyecto frustrado por la crisis del 2009 que pretendía desarrollar en ese suelo como «uno de los más importantes que se han intentado hacer», pero aseguró desconocer una de las claves de este proceso: la valoración por 443 millones que hizo la tasadora Tinsa de los terrenos comprados por 98 a los que otra tasadora daba un valor de 196, además de que arrastraban una serie de handicaps que había que solventar. Entre ellos, las licencias ambientales para poder construir que aún hoy siguen sin obtenerse. «Yo no llegué a conocer esa tasación porque no estaba en el día a día de la gestión», precisó Galea, quien aseguró no entender cómo ha podido acabar ese terreno en manos de un grupo chino por un dólar «cuando yo tenía vendida una pacerla por 30 millones».
El empresario defendió también la firma de un contrato con la CAM de prestación de servicios por la necesidad de resolver «todos los condicionantes técnicos» en tierras mexicanas y calculó que el proyecto podía haberse consolidado en 7 u 8 años. «Cada semana nos llamaba alguien del Gobierno mexicano para preguntarnos cómo iba», apostilló.
Desvinculados
El interrogatorio de Galea vino precedido por el de los dos de los tres exdirectivos de la CAM también acusados, el exdirector de Empresas Daniel Gil y el exdirector general del holding inmobiliario Vicente Sánchez, quienes se emplearon en echar balones fuera y desvincularse de toda relación con Hansa.
Gil explicó que llevaba meses fuera ya de la caja le llamaron para que firmara esa operación porque aún tenía poderes. «Una operación por la que no estaría aquí sentado si el FROB (los administradores provisionales de la CAM tras su intervención por el Banco de España) no la hubiera asumida como propia», espetó en línea con las críticas al Banco de España que la otra exdirectiva encausada, María Dolores Amorós, lanzó durante su comparecencia del martes.
Pese a la existencia de correos que lo cuestionan, Gil insistió en que cuando se cerró la operación con Hansa estaba desvinculado de la CAM y que su única relación con Galea venía porque se lo encontraba jugando al golf y hablaban. Además de que le pidieran consejo por los cuarenta años que había trabajado en la entidad. Y sobre los condicionantes de los terrenos explicó que «eran los normales de cualquier sector en desarrollo y ue se podían haber solventado, pero si se deja de desarrollar el suelo, se pierden».
Menor fue aun el conocimientos que Sánchez aseguró tener del caso Hansa pese a estar al frente de la participada con la que la CAM llevaba sus negocios inmobiliarios. «Yo era el director general pero sin poder ejecutivo porque TIP dependía en todo de la CAM, que era quien ponía el dinero». Agregó el exdirectivo que él se limitó al leer ante el consejo de administración el dossier que le habían facilitado con la operación ya aprobada, que desconocía la existencia de las tasaciones y que hacía todo lo que le decía la CAM.
Las acusaciones sostienen que los exdirectivos no alertaron al consejo de las riesgos que conllevaba la operación con Hansa cuyo perjuicio a la CAM fija el Ministerio Público en 35 millones.
