Un nuevo balón de oxígeno podría regalar el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Comunidad Valenciana si, como ayer defendió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la suspensión de las reglas fiscales para las comunidades autónomas se mantiene hasta el año 2022.
Esto supondría que, como ya se ha pactado con la Comisión Europea para 2020 y 2021, los mecanismos de sanción incorporados en la ley de estabilidad presupuestaria para las administraciones que incumplen los objetivos de déficit, tampoco se aplicarían el año próximo. Una prórroga que beneficia sobre todo a comunidades como la valenciana que, dada su situación de infrafinanciación, se ve incapaz de cumplir con las exigencias de gasto que marca el Gobierno central.
La pandemia permitió esquivar esta espada de Damocles con la que vive el Consell desde hace años y que en el pasado le ha obligado a presentar planes de reequilibrio y ajustes en sus cuentas públicas. Si la propuesta de Montero es escuchada por Europa tendrá un año más de margen.
La titular de Hacienda desveló sus planes durante una comparecencia de prensa en la que presentó las proyecciones de déficit incluidas en el Programa de Estabilidad 2021-2024. Montero informó de que el déficit público cerró 2020 en el 10,09 % del PIB, lejos del dato de 2019 (2,86 % del PIB) pero por debajo de la previsión inicial 11,3%. En 2021, la previsión es del 8,4, que será asumido en su mayor parte por la Administración del Estado. Así, por subsectores, en 2021 la Administración central registrará un déficit del 6,3% del PIB; las comunidades autónomas, el 0,7% del PIB, y la Seguridad Social, del 1,5% del PIB, mientras que las corporaciones locales cerrarán en equilibrio.
En 2022, se espera reducir el déficit público al 5%, mientras que para las comunidades autónomas se baja al 0,6%. En 2023, la Comunidad deberá cerrar en 0,4% y en 2024, en el 0,2%. La ministra marcó 2020 como el año de la mejora de la actividad ante el fin de la emergencia sanitaria y la consiguiente reducción de los estímulos, si bien en este marco subrayó su interés de que las reglas fiscales se mantengan suspendidas en 2022.
Durante la comparecencia de prensa, Montoro se refirió al actual modelo de financiación, pero en ningún momento abordó la cuestión de su reforma. Admitió que solo funciona bien cuando existe crecimiento económico, pero tiene «un mal comportamiento» en época de crisis. Sin embargo, no situó esta cuestión como prioritaria. Sí se refirió, a preguntas de los periodistas, a la reforma fiscal, que el propio Gobierno considera paso previo al cambio de la financiación, pero ni si quiera pudo fijar fecha en el calendario.
Montero fue prudente al vincular cualquier tipo de reforma de estas características a superar la actual situación de alerta sanitaria y a la recuperación económica.
Seguirán las transferencias
Con todo, la ministra mantuvo que el Gobierno central seguirá garantizando la solvencia de las comunidades autónomas con transferencias. Así, tras recordar que en 2020 el Gobierno hizo una transferencia a las comunidades por 16.000 millones de euros, indicó que este año está pendiente transferir 13.000 millones de euros, un dinero añadido a los recursos que ya le corresponden.
Montero no entró en detalles sobre los criterios que usará el Gobierno para repartir estos fondos, si bien admitió que hay discusión interna entre las distintas comunidades sobre los criterios que deben utilizarse. «Nadie está de acuerdo», admitió la ministra.
En el anterior reparto, el de los 16.000 millones de euros, la Comunidad Valenciana recibió finalmente 1.485,62 millones de euros. La cantidad supuso un 9,29% del total repartido, porcentaje inferior al peso de la población valenciana en el conjunto de España, que es el 10,6%.
Hacienda estudia la devolución a la Generalitat de los 281 millones del IVA
La sentencia que da la razón a Castilla y León se aplicará a todas las autonomías
El Ministerio de Hacienda pagará también a la Comunidad Valenciana la mensualidad pendiente por la liquidación del IVA de 2017 a pesar de que en su día no recurrió esta deuda ante los tribunales.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que su departamento está estudiando la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a devolver a Castilla y León 182 millones de euros por la liquidación del IVA de 2017 y subrayó que la solución que se tome se extenderá al resto de comunidades, como el caso de la valenciana, no lo reclamaran judicialmente. En el caso de la Comunidad Valenciana la deuda es de 281 millones.
Montero recordó que la retención de la liquidación del IVA, que no se ingresó a las comunidades autónomas, fue decisión del Gobierno del PP y que el Ejecutivo tuvo ya voluntad de corregir este «atropello» en los presupuestos de 2019 que, recordó, no salieron adelante por falta de respaldo del PP. «Vamos a estudiar la sentencia, pero se aplicará a todas las comunidades», indicó. «Llama la atención que quienes protagonizaron ese atropello, ahora exijan que el que responda sea otro Gobierno que nada tiene que ver con esa cuestión», subrayó.
La sentencia de Castilla y León dio pie al Consell a reclamar al Gobierno central una solución. «El Estado nos debe a las comunidades esa mensualidad y la tiene que pagar», aseguró ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que recordó que el concepto se ha consignado en los presupuestos porque considera que es «un derecho adquirido» de la Comunidad Valenciana.
Frente a las críticas del PP por no haber seguido los pasos de Castilla y León en la justicia para recuperar el dinero, el jefe del Consell recordó que la problemática «corresponde a la gestión del exministro Cristóbal Montoro» y «el Partido Popular en el Congreso se negó a buscar una solución que se hubiera podido resolver hace unos años», incidió.
