El Gobierno puso en marcha ayer su plan de choque para frenar la escalada en el recibo de la luz, con reducciones tributarias y contención de determinados beneficios del sector. El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley para cumplir el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mantener la factura final de la electricidad de los consumidores este 2021 en el mismo nivel que 2018. El Ejecutivo estima que la rebaja en el recibo hasta fin de año será del 22 %, aunque llegará al 30 % por efecto de las medidas tributarias acordadas, explicó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
El cambio, que sale adelante cuando hoy se registrará un nuevo récord del megavatio por hora (MWh) con 172,78 euros (casi 20 euros más que el precio alcanzado ayer), combina medidas generales, que benefician a todos los consumidores, con específicas de mayor incidencia en los más vulnerables, las familias, las pymes y el tejido industrial, así como el medio ambiente y los territorios próximos a los grandes embalses (tras la polémica por las descargas de agua para aprovechar el momento álgido del coste de la electricidad).
La vicepresidenta Teresa Ribera destacó que el Gobierno incide sobre la parte que puede y «respetando la normativa comunitaria», no sobre el mercado mayorista, que está disparado en toda Europa. También aseguró que se «respeta la rentabilidad de las empresas del sector» y «pensando en el beneficio de las familias y las empresas».
Además de medidas coyunturales, como rebajar el impuesto especial de la electricidad del 5,11% al mínimo del 0,5% y suspender hasta final de año el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica; aumenta en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.
Además, se minoran temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas. A su vez se incrementa la protección de los consumidores vulnerables al establecer un suministro mínimo vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del bono social eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes.
También se limita el crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para impedir un fuerte incremento por el impacto del coste de la materia prima. De hecho, en la próxima revisión del 1 de octubre, el incremento medio de la tarifa regulada de gas será del 4,6% en vez del 29%, para evitar un coste excesivo de cara al invierno.
Otra de las medidas consiste en la creación de un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial. Por otro lado, se modifica la ley de aguas para ordenar su uso como bien ambiental y social de primer orden. Así, nuevos límites mensuales al ritmo de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva protegerán el medio ambiente y permitirán el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños. De esta forma, se pondrá coto a situaciones como las que en agosto provocaron el vaciado de embalses de Iberdrola.
Este paquete de medidas se suma a las ya aprobadas en junio para amortiguar el impacto de la cotización del gas en la electricidad y en el conjunto de la economía. Entonces, el Ejecutivo rebajó el IVA sobre la electricidad del 21% al 10% hasta final de año, para suministros hasta 10 kW, y decidió suspender el Impuesto del 7% a la generación durante el tercer trimestre, indicando que se mantendría vigilante para actuar en el caso de que fuera necesario.
Igualmente, se ha aprobado la minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan y que se han disparado en «una situación sin precedentes» y que durará hasta marzo de 2022.
