La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) espera que la Generalitat les conceda una prórroga en la gestión indirecta del servicio por lucro cesante forzado por el covid de entre seis meses y un año. Una medida que se justifica en los informes jurídicos y financieros que maneja la entidad, a la espera de que los técnicos del Consell se pronuncien sobre el tiempo que les corresponderá de facto.
La entidad se ha ofrecido a facilitar los datos que maneja a los técnicos de la Conselleria de Economía, según destaca, para ayudarles a determinar con precisión el tiempo que continuarán prestando el servicio en la Comunidad más allá del 1 de enero de 2023, fecha en la que la Generalitat tiene previsto comenzar a gestionar de manera directa las estaciones.
"Nuestros servicios jurídicos y financieros ya han delimitado esa horquilla de referencia, de seis a doce meses, en función de la singularidad de cada lote que forma parte de la asociación", explica el portavoz de Aecova, Francisco Llopis, quien se ha referido a dos ejemplos de otras comunidades autónomas, como son Madrid y La Rioja, "en los que tenemos conocimiento de que la Administración prorrogó contratos como consecuencia de los daños producidos por la pandemia en un periodo similar de tiempo". Se trata, en concreto, del contrato de explotación de la plaza de toros de Las Ventas y del concierto sanitario entre el Gobierno de La Rioja y Viamed-Los Manzanos.
En el proceso que está siguiendo el Consell para recuperar la gestión queda pendiente ofrecer una solución para las ITV de Orihuela y Redován, que defienden que no les caduca la autorización. De hecho, Redován ha presentado un recurso judicial.
