La Audiencia Nacional fuerza a ACS a devolver 210 millones cobrados por el fiasco del Castor

El fiasco del almacén submarino de gas Castor y la pugna por las indemnizaciones y devoluciones millonarias que conllevó aún colean en los tribunales una década después de dejara de funcionar. La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de la compañía Escal UGS, antiguo operador de Castor y controlado en un 66% por el grupo ACS, y le obliga a devolver al sistema gasista español 209,7 millones de euros recibidos entre 2014 y 2017.

Escal UGS ha estado litigando para tumbar la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 2019 con la que se le exigía el reintegro de 195 millones de euros (sin contabilizar los intereses) por las liquidaciones que se le entregaron en concepto de indemnización por el cierre del proyecto tras detectarse cientos de seísmos en la costa de Castellón.

Los casi 210 millones que ahora se obliga a devolver a la firma controlada por ACS corresponden a las liquidaciones definitivas de 2014, 2016 y 2017 del sistema gasista. La sentencia de la Audiencia Nacional, con fecha del pasado 5 de julio, aún es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Culebrón de una década

El culebrón del Castor viene de muy lejos. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2008 la construcción de un almacén subterráneo de gas frente a las costas de Castellón. La instalación acabó echando el cierre de manera anticipada por su relación con unos 500 seísmos en la zona y el Ejecutivo decidió que fueran los consumidores españoles los que pagaran íntegramente el fiasco del proyecto a través de las facturas de gas y durante 30 años.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, cantidad que se cargaría en el recibo del gas. La deuda primero se transmitió a Enagás -el gestor del sistema gasista- y la compañía acabó titulizándola y traspasó los derechos de cobro a Santander, Caixabank y Bankia, que durante casi dos años (entre 2016 y 2017) estuvieron ingresando cantidades periódicas a través de las liquidaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló en diciembre de 2017 la indemnización de más de 1.350 millones aprobada, al considerar que una decisión como aquélla no podía adoptarse mediante un decreto, como hizo el Ejecutivo, sino que en todo caso debería hacerse con una norma de rango de ley.

Años después, en 2020, el Tribunal Supremo reconoció, no obstante, el derecho de Santander, Caixabank y Bankia a ser resarcidos por esos 1.350 millones que adelantaron para tapar el roto generado por el proyecto. Pero la Audiencia Nacional ha rechazado este mismo año la pretensión de Santander y Caixabank de percibir además más de 100 millones en concepto de devolución de intereses financieros.

Fue en 2019 cuando la CNMC, tras paralizar el sistema de cobros mediante la factura de gas, acordó exigir a Escal y a los bancos que asumieron los derechos de la deuda que quedó pendiente devolvieran un total de 368,4 millones de euros (sin intereses) ya cobrados por las liquidaciones de las actividades reguladas del sector del gas. A Escal UGS se le ordenó devolver 195 millones (la cantidad que ahora refrenda la Audiencia Nacional); a Santander, 71,9 millones; a Caixabank, 48 millones; a Bankia, 21,1 millones; y a Enagás Transporte, 32,4 millones.