¿Cómo afectará el acuerdo para la reforma del mercado eléctrico al precio de la luz?

Los veintisiete países de la Unión Europea llegaron este martes a un acuerdo para reformar el mercado eléctrico. Después de una intensa jornada de reuniones, y tras la advertencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en cabeza de la presidencia española de la UE, de que no se iría a dormir sin un acuerdo, a media tarde se anunciaba el pacto. La reforma, nacida al calor de la crisis energética, surgió ante la urgencia de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, como el gas, sobre los precios de la electricidad.

1. ¿Cuándo se pone en marcha?

En primer lugar, la negociación sobre el mercado eléctrico todavía no está concluida. El acuerdo entre los países nace tras la propuesta de marzo de la Comisión Europea sobre la reforma del mercado eléctrico y pretende servir ahora como mandato para la negociación con el Parlamento Europeo, que empieza este mismo jueves. Es lo que se conoce en la jerga europea como los 'trílogos' en los que se tratará de afinar todavía más el texto para dar forma final a la legislación. Tanto la presidencia española de la Unión Europea como la Comisión Europea aspiran a alcanzar un pacto antes de que acabe el año porque una vez hay acuerdo sobre el texto, para que llegue a ser legislación de la Unión Europea, las nuevas normas deben ser aprobadas tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo. A mediados de 2024 habrá elecciones en Bruselas, con lo que cualquier retraso en los tiempos podría dar al traste con todo el proceso.

2. ¿Bajarán los precios?

El intento de reforma surgió a partir de la crisis energética de los dos últimos años para tratar de desvincular el precio de los combustibles fósiles, como el gas, en el precio de la electricidad. Pero su objetivo no es tanto bajar el precio, sino evitar la volatilidad y fomentar la entrada de renovables en los sistemas eléctricos. El corazón de las propuestas (del Parlamento, de la Comisión y del Consejo) pasa por impulsar el mercado a plazo, que garantiza precios más estables, mediante dos fórmulas: facilitando acuerdos de compraventa de energía privados entre consumidores y generadores (los conocidos como ppa, por las siglas en inglés de 'power purchaise agreement') por ejemplo, a través de sistemas de garantía de los Estados, y estableciendo como modelo de financiación pública los denominados contratos por diferencias. Este concepto alude a un modelo de contratos a largo plazo celebrados por el Gobierno para apoyar las inversiones en generación eléctrica, que complementan el precio de mercado cuando es bajo y piden al generador que devuelva una cantidad cuando el precio del mercado es superior a cierto límite, con el fin de evitar ganancias excesivas para los generadores. De esta forma, si los precios son altos, como ocurrió en la crisis energética, los distintos Gobiernos reciben ingresos que luego pueden redistribuir para reducir el impacto sobre el bolsillo de los consumidores.

3. ¿Se notará en la factura?

Más allá de ese intento por favorecer el mercado a plazo, en el caso español el impacto parece limitado en el corto y medio plazo. El planteamiento del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera pasaba en un inicio por obligar a las plantas existentes -hidráulicas y nucleares- a salir del mercado diario para fijar con ellas contratos por diferencias (precios fijos regulados) como una forma de contener los precios al evitar los ingresos extraordinarios de estas tecnologías. Pero finalmente la fórmula adoptada será voluntaria, con lo que su impacto se desdibuja. Además, España ponía especial énfasis en facilitar los mercados de capacidad -que sirven para retribuir a las tecnologías por estar disponibles, como garantía de suministro- a través de un mecanismo acelerado que reduciría el impacto del gas en el mercado diario, y aunque la propuesta avanza en esta línea no lo termina de impulsar.

4. ¿No hay más cambios?

El acuerdo del Consejo -que todavía no ha sido publicado en su totalidad- también incluye una mayor "protección de los consumidores" al hacerse eco de medidas planteadas por la Comisión Europea como la obligación para las compañías eléctricas a ofrecer tarifas a precio fijo o el derecho de los consumidores a compartir el excedente de energía con sus vecinos sin necesidad de crear comunidades energéticas, lo que podría fomentar el autoconsumo.

5. ¿Evitará que vuelva a haber una crisis?

Lo que se hace es reforzar el papel del Consejo a la hora de declarar una crisis temporal de precios a escala regional o de la Unión y modificar las condiciones para declararla, a partir de cuando los Gobiernos podrán adoptar medidas extraordinarias para mitigar el impacto de los elevados precios. Así, se define como crisis de precios cuando el mercado mayorista de la electricidad tenga cotizaciones "muy altas" que duren al menos seis meses y se espere que los fuertes aumentos de precios minoristas continúen al menos durante tres meses.

6. ¿Alguna medida de rápido impacto?

La más inmediata es que el Consejo acuerda que los Estados miembros puedan aplicar un tope a los ingresos extraordinarios de los productores con costes marginales más bajos --hidráulica y nuclear, principalmente hasta el 30 de junio de 2024, en las mismas condiciones que la medida de emergencia actual. En el caso de España, se trata del límite de 67 euros por megavatio-hora a la venta de energía de estas tecnologías que, en principio, está vigente hasta final de este año. Las grandes compañías eléctricas, que son las principales afectadas, llevan meses reclamando su eliminación. Esta medida ha servido para contener el precio de las tarifas en el mercado libre durante los peores meses de la crisis.

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