«Ante una situación de insolvencia, comunicar el inicio de negociaciones con los acreedores protege a la empresa»

Como consecuencia de la entrada en vigor a finales de 2022, de la reforma del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que modificaba el denominado derecho preconcursal, y tras el transcurso de algo más de un año desde su puesta en marcha, realizamos una valoración de los principales efectos que dicha reforma ha tenido en el sector empresarial de nuestro país. Para ello, entrevistamos a Sebastián Crespo Baeza, socio de la firma especializada en abogacía de los negocios, Devesa (www.devesa.law), con sedes en Madrid, Alicante y Valencia, que se encuentra entre las firmas legales especializadas en derecho concursal que más ha crecido en los últimos años.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante (UA), inició su andadura profesional en las firmas Deloitte Legal y Pricewaterhousecoopers (PWC), contando actualmente con más de veinte años de experiencia profesional como letrado en ejercicio.

Especialista en derecho procesal, concursal y penal económico, también es árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, y colabora como docente en el Master de Dirección de Empresas impartido por el Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA.

Durante tres años consecutivos ha sido reconocido por el directorio norteamericano Best Lawyer como uno de los mejores abogados de la provincia en las categorías «Criminal defense, Insolvency & Reorganization», y en el año 2022 fue reconocido en la categoría especial de «Lawyer of the year» en materia de «Insolvency and Reorganization Law».

¿Qué ventajas tiene para las empresas en dificultades acudir al procedimiento de comunicación de inicio de negociaciones con los acreedores?

Cualquier mercantil cuando se encuentre en una situación económica de probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual podrá efectuar al Juzgado de lo Mercantil una comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores o solicitar directamente la homologación de un plan de reestructuración. Esta decisión es responsabilidad del órgano de administración que, no obstante, no ve limitadas sus facultades de administración durante este periodo. 

Esta comunicación tiene un efecto muy importante a fin de proteger el activo de la empresa dado que hasta que transcurran tres meses a contar desde la presentación de la comunicación, no se despachará una solicitud de concurso necesario, y los acreedores no podrán iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial. 

La ley prevé también que, en los contratos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial, las facultades de resolver anticipadamente el contrato por incumplimientos anteriores a la comunicación no podrán ejercitarse mientras se mantengan los efectos de la comunicación.

 ¿Qué se entiende por un bien o derecho necesario para la continuidad de la actividad empresarial?

La Ley Concursal no define qué debe entenderse por bien o derecho necesario, pero entendemos que sería aquel que resulte imprescindible para la continuidad de la actividad, los unidos al proceso productivo, y también aquellos contratos necesarios para proseguir la gestión diaria de la empresa, incluidos los contratos de suministro, cuya interrupción conduciría a una paralización de las actividades, los de arrendamiento, franquicia, etc.

 ¿Y qué sucede por ejemplo con los contratos de suministro de energía eléctrica, gas etc…?

La norma es muy clara en este sentido, en ningún caso se podrá, resolver o terminar los contratos de suministro de bienes, servicios o energía necesarios para la continuidad de la actividad.

En nuestro despacho al amparo de estas normas, en este último año, hemos conseguido por ejemplo que empresas comercializadoras de energía eléctrica no pudiesen interrumpir el suministro, evitando una paralización total de la actividad, por ello, como paraguas de protección es una herramienta muy útil para la empresa.

 ¿Tres meses no es un periodo excesivamente corto para lograr aprobar un plan de reestructuración o salir de una situación de insolvencia?

Depende de la complejidad de la estructura del pasivo y el número de acreedores, pero se prevé que el deudor o los acreedores que representen más del cincuenta por ciento del pasivo puedan solicitar del Juez de lo mercantil la concesión de prórroga de los efectos de esa comunicación por un periodo de hasta otros tres meses sucesivos. En nuestro despacho hemos solicitado este tipo de prórroga, para lo que ha sido suficiente con el consentimiento de los acreedores manifestada a través de un sencillo correo electrónico.

¿Qué valoración realiza el despacho de abogados Devesa del procedimiento de negociación con acreedores y los planes de reestructuración?

Los planes de reestructuración suponen la modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo de la empresa, incluidas las transmisiones de activos, unidades productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento. Nuestro despacho brinda el necesario soporte jurídico para ello, a través de un amplio equipo de letrados especialistas en derecho mercantil, procesal y tributario. Es complejo realizar una valoración, por cuanto en muchos casos obtener un acuerdo de reestructuración, implica o la entrada de nuevo capital que salde buena parte de la deuda vencida, o bien, una prestación extraordinaria de garantías personales o reales que permita una refinanciación de deudas a veces es necesaria pasar las deudas de corto a largo plazo, o convertir en préstamos líneas de crédito o de descuento de efectos. Por todo ello el éxito depende de la situación de partida, las garantías y el plan de viabilidad que se pueda proponer.

Más información: Devesa Abogados