Hablemos de Twitter, Facebook, Instagram, otras redes sociales, mensajerías instantáneas, ciertos portales web... El lugar no importa, en cualquiera de ellos podemos toparnos con un contenido no verificado. Convivimos con ellos diariamente. Mensajes incendiarios y bulos que se viralizan a través de las redes sociales y tienen como único objetivo la radicalización y crispación de la población. Un contenido que atenta contra la democracia. Un contenido que circula por los teléfonos inteligentes que hay en el 99,5% de los hogares españoles; por los teléfonos del 95,7% de los jóvenes de 15 años y del 92,8% de adolescentes de 14 años, según datos del último informe del INE.
A los bulos y la desinformación tenemos que añadir otro problema que aparece con las redes sociales, el filtro de la burbuja digital. El usuario crea un nicho de información y solo sigue a aquellos que tienen una vertiente ideológica similar a la suya, retroalimentando su forma de ver el mundo y sin prestar atención a otras opiniones e informaciones, lo que provoca no ser capaz de distinguir hechos objetivos. La interacción del usuario dentro de estas burbujas lo lleva hacia posiciones más radicales. Y las plataformas, a través del uso de big data, detectan los patrones de comportamiento y sugieren otros usuarios del mismo nicho ideológico o de tendencia en sus preferencias, por lo que no aparece en la navegación nadie con una verdad distinta. Los catedráticos Roberto Aparici y David García Marín lo han llamado "la posverdad", en un libro recientemente publicado, y en el que explican que este término sirve para hablar de procesos de manipulación que en el ámbito digital adquieren naturalezas y dimensiones diferentes a las tradicionales.
Muchos de estos bulos implican a las administraciones, haciendo creer al ciudadano informaciones que no provienen de estas instituciones ni de sus trabajadores y que, en realidad son montajes cuyo único fin es la confusión y la manipulación del pensamiento de las personas, incitando a una acción concreta o a la contraria, deteriorando o perjudicando la credibilidad en las relaciones comunicativas entre los diferentes ámbitos sociales. Esto es especialmente grave cuando hablamos de salud, una experiencia que estamos viviendo muy de cerca. Según el último informe del INE, casi el 70% de personas entre 16 y 74 años busca información sobre salud en Internet; si lo que encuentra es desinformación, ¿podemos calibrar los comportamientos desafortunados tras una información falsa? Este es solo un ejemplo de lo fundamental que nos parece, desde la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante (APPA), trabajar en la detección precoz de las noticias falsas y la prevención de su difusión viral.
En este contexto de desinformación, falta de rigor y puesta en peligro de la libertad de información y comunicación, nace en Alicante el Centro de Inteligencia Digital (CENID), una iniciativa pionera puesta en marcha por la Diputación de Alicante y las dos universidades de la provincia, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, un trío institucional que, dentro de una clara estrategia de transformación económica, digital y social de la provincia, van a desarrollar ocho proyectos que analizarán las necesidades tecnológicas alicantinas en diferentes ámbitos de interés. Uno de estos proyectos de CENID se enmarca dentro del "Estudio de las necesidades tecnológicas para la detección precoz de bulos" que permitirá hacer una monitorización de la información que se vierta en redes, "proveniente" supuestamente de las administraciones locales de la provincia de Alicante y determinará qué protocolos serían necesarios para frenar su difusión en caso de ser bulos y refutar esas desinformaciones automáticamente, de la manera más eficiente y objetiva posible. Se ha previsto que este análisis se realice de manera agrupada por poblaciones según el número de habitantes, analice cómo se comporta su viralización según la masa poblacional y cómo afecta a estas poblaciones. Este proyecto será un gran impulso para poner Alicante en el mapa digital y su labor en la lucha contra la desinformación puede ser vital.
La desinformación pone en riesgo los valores e instituciones democráticas, además de desatender el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", según recoge el artículo 20 de la Constitución española. Desde APPA defendemos una sociedad plural, tolerante, rigurosa y cierta, al alcance de todos: ha llegado el momento para que periodistas y expertos tecnológicos luchemos codo con codo por el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y contrastada.
