Asegurar la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones es uno de los grandes retos a los que se enfrenta, hoy en día, nuestra sociedad. Más allá de los debates políticos cortoplacistas y de algunas proclamas tremendistas, lo cierto es que la necesidad de afrontar la reforma del sistema de pensiones lleva ya demasiado tiempo sobre la mesa.
Es cierto que España no está entre los países de la Unión Europea que destina más porcentaje de su renta (PIB) al pago de pensiones, pero también es verdad que aún somos uno de los que tiene una población menos envejecida, gracias al incremento de los nacimientos entre los años sesenta y setenta del siglo pasado y el rejuvenecimiento que trajo consigo el aumento de la inmigración en los primeros años del presente siglo. Sin embargo, España se ha convertido en uno de los países del mundo con menor tasa de fecundidad y no parece que esta situación vaya a cambiar en los próximos años, lo que nos podría convertir en uno de los países más envejecidos del planeta a mediados de este siglo. Ni siquiera el previsible aumento de la inmigración que va a provocar la falta de nacimientos será capaz de impedirlo, pues los grupos de edad formados por las personas que nacieron en los años del baby boom son especialmente numerosos. Son ellos quienes comenzarán a jubilarse a finales de esta década, abandonando el mercado de trabajo (dejando de cotizar) y pasando a cobrar una pensión. En definitiva, el porcentaje de PIB dedicado al pago de las pensiones podría crecer rápidamente hasta alcanzar, y seguramente superar, al de esos países con los que nos comparamos cuando afirmamos que España «no gasta mucho» en pensiones.
También suele afirmarse que hemos cargado a nuestro sistema público de pensiones con gastos «impropios», es decir, que le hemos obligado a soportar gastos que, probablemente, deberían haberse pagado con impuestos y no con cotizaciones, lo que ha agrandado el desequilibrio del sistema. Y es cierto. Es el caso, por ejemplo, de determinadas políticas de fomento del empleo. Pero sacar del sistema esas cargas (e incluso algunas que no son impropias) no va a ser suficiente para que alcance el equilibrio ante las elevadas previsiones de aumento del gasto. Sólo evitará tener que transferir recursos a la Seguridad Social para sufragarlas, sin que se remedien las principales razones del futuro incremento del gasto: el crecimiento del número de pensionistas y el aumento de la pensión media (por la jubilación de trabajadores que han cotizado más y han adquirido el derecho a cobrar más). Además, el deseable mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas complica la búsqueda de la viabilidad si circunstancias, en principio, coyunturales, elevan la inflación provocando un alza del gasto en pensiones que se consolida en el tiempo (los futuros incrementos se calcularán sobre la base del mayor crecimiento producido por el ascenso previo de la inflación).
Aspirar a mantener unas pensiones dignas exige, por tanto, acrecentar los recursos del sistema (más aún si ya se han sacado del mismo algunos gastos y se deben dedicar impuestos a sufragarlos). Elevar la aportación de empresarios y trabajadores, aunque sea mínimamente, como se acaba de acordar, parece una condición necesaria para asegurar su viabilidad. Pero me temo que no será suficiente.
Nuestra esperanza de vida, tanto al nacer como al cumplir 65 años, ha crecido significativamente. Y, al mismo tiempo, vemos que los más jóvenes se incorporan más tarde al mercado laboral, tienen menores salarios y soportan una mayor temporalidad. Sin embargo, va a recaer sobre ellos la responsabilidad de pagar las pensiones de las cohortes de edad, mucho más numerosas, que se jubilarán desde finales de esta década. Es más: probablemente, cuando a ellos les llegue el momento de jubilarse, tendrán un historial de cotizaciones que no les dará acceso a pensiones tan altas (en términos reales) como las que hayamos cobrado nosotros (irónicamente, es probable que entonces no preocupe tanto el equilibrio del sistema).
Me parece más equitativo que quienes todavía estamos a unos cuantos años de la jubilación y formamos parte del colectivo que va a necesitar un mayor gasto en pensiones contribuyamos más a equilibrar el sistema. En primer lugar, aportando algo más (sobre todo, quienes vayan a tener derecho a una pensión más elevada). En segundo lugar, alargado un poco nuestra vida laboral cuando tengamos un empleo que lo permita (lo que ya en sí mismo supone aportar más y recibir menos del sistema). En tercer lugar, aceptando que, si no queremos prolongar nuestra vida laboral, nuestra pensión no podrá ser tan alta. Y, en cuarto lugar, suscribiendo un «compromiso intergeneracional» (a través de las instituciones, claro está), en el sentido de que este esfuerzo, cuyo fin sería garantizar la viabilidad del sistema cuando se va a ver más cuestionada, será respetado.
Me gustaría ser más optimista. Podría hablar de una profunda transformación de nuestra estructura productiva que generase empleos de mayor valor añadido, más estables y mejor retribuidos. Que ofreciese mejores oportunidades a los miles de inmigrantes que vamos a necesitar para cubrir nuestras necesidades de mano de obra dentro de unos años. Hubo quien pensó que esto es lo que estaba ocurriendo en los primeros años de este siglo, cuando el paro se reducía, se pagaban salarios elevados en empleos de bajo valor añadido y el sistema público de pensiones era capaz de generar un «fondo de reserva» con sus excedentes. Ya hemos visto en qué acabó todo aquello. Disponer de un tejido productivo generador de empleos de alto valor añadido y mejor retribuidos es un objetivo al que no debemos renunciar. Pero estas grandes transformaciones llevan tiempo y exigen una visión a largo plazo, tanto de los responsables políticos como de los empresarios y los trabajadores. Mientras tanto, no deberíamos aplazar más una reforma del sistema de pensiones que es imprescindible para asegurar su viabilidad.
