Dormitaban los periodistas en un pleno en el Ayuntamiento de Elche plomizo y extraordinario convocado por el Partido Popular, que había sobrepasado ya las dos horas, con mala acústica porque se desarrolla en el Centro de Congresos (por las medidas del covid) y en una fecha tan señalada y festera (excepto este año) para la ciudad como el 13 de agosto, cuando explotó la traca.
La sesión debatía si los ilicitanos tienen que prestar los diez millones de euros que tienen en la hucha de su Ayuntamiento al Gobierno para hacer frente a la pandemia del covid (5.000 millones esperan recaudar con esta iniciativa en todo el país). Una propuesta que, a medida que pasan los días, demuestra la debilidad del PSOE de Pedro Sánchez porque no hay municipio gobernado por una fuerza distinta a la suya que la respalde (e incluso tampoco los suyos, como ya ha ocurrido en San Sebastián de los Reyes). Y, además, aún el real-decreto tiene que pasar un trámite, el de su aprobación en el Congreso de los Diputados, que pondrá una vez más a prueba si el presidente es capaz de pasar por el ojo de una aguja y ganar la votación, lo que a estas horas se hace inverosímil. Así que la sesión iba a servir de poco más que para posicionarse cada grupo municipal sobre esta cuestión, saber qué piensa el socio en el gobierno municipal (Compromís, que se abstuvo cuando en ciudades como Crevillent lo ha rechazado de plano) y escuchar algunos improperios que se iban a cruzar una vez más los portavoces municipales porque esta decisión, la de ceder la hucha al Gobierno para que la devuelva en 15 años con un interés del 0,05%, ya se ha adoptado por el ejecutivo local dentro de sus competencias.
Acuerdos
Y ese estado de duermevela en que se encontraban los periodistas se rompió cuando se votó el tercer de los cinco acuerdos que se llevaban a la sesión, todos ellos de puño y letra del PP. Fue en el tercero donde estalló la traca. Este decía así: "Someter a votación de la Corporación Municipal la adhesión por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Elche a la propuesta formulada por el Gobierno de la Nación con la FEMP respecto al remantente de Tesorería de 2019". El alcalde pidió los votos favorables y se sorprendió al ver que el Partido Popular no lo apoyaba, pero tampoco Vox. Pidió explicaciones al portavoz popular, Pablo Ruz, quien dijo que lo rechazaban porque ellos entienden que en ese punto los ediles debían aprobar si se votaba o no la cuestión. Y punto. De ahí la expresión "someter a votación"que la encabezaba. El regidor le hizo saber que no, que él entendía, como Compromís, que lo que se iba a votar era si la decisión se debía adoptar en el plenario. De ahí la expresión "someter a votación" que encabezaba el punto 3. Y no, no crean que no sé que he repetido la misma frase, pero es que el argumento era el mismo para un partido que para otro. Ahí reside la confusión.
Los concejales de todos los partidos comenzaron a discutir y al regidor no le quedó otra que dar un receso para tratar de aclarar la cuestión. Parón que no sirvió para nada porque PSOE y PP han dado sobradas muestras este curso político (y el anterior) de la dificultad que tienen para ponerse de acuerdo, en ocasiones, incluso por cuestiones nímias. A la vuelta, Carlos González tildó el punto, tal y como estaba redactado por el PP, de ambiguo; mientras que el PP contestó que aquella situación era subrealista porque el alcalde no le dejó, aseguró Pablo Ruz a INFORMACIÓN, modificar el texto para hacerlo legible cuando, en cambio, sí había autorizado una modificación en otro acuerdo (el número 2) a propuesta de Ciudadanos y que los populares aprobaron de buen grado.
Vox, Cs y Compromís intervinieron para decir lo que interpretaban y lo único que dejaron claro es que cada uno tenía su versión y de ahí nadie los iba a mover. Ruz pidió al secretario que hiciera una aclaración y el regidor se negó, lo que anuncia que el asunto acabará ahora en los tribunales. Esther Díez, de Compromís, intentó arrojar luz y congruencia haciendo ver al resto que el acuerdo 4, que se iba a votar a continuación, era "Rechazar el Real Decreto Ley 27/2020 de 4 de agosto del Gobierno de España". La portavoz dijo que evidentemente existía una concatenación entre ambos: en el 3 se sometía a votación si el pleno iba a tener potestad para decidir la adhesión o no, que a continuación se decidiría en el 4, pero nadie la escuchó porque los grupos municipales no están para escuchar lo que dice el rival político.
¿La solución? Se votó tal cual estaba y nadie la apoyó. Todos votaron no porque cada formación la interpretó como consideraba correcto. Así el PSOE votó que no porque no estaba dispuesto a que se sometiera a votación por la Corporación si debe el Ayuntamiento ceder su hucha al Gobierno; en cambio, el PP votó que no porque no está de acuerdo con esta cesión de los diez millones de euros.
El alcalde, que no pierde ripio, incluso aunque sólo tenga en toda la sesión una única intervención (la defensa de la cesión de la hucha municipal durante el debate corrió a cargo de Héctor Díez por el grupo socialista) para atacar a Pablo Ruz, recalcó que en dos ocasiones los populares habían votado "no" a su propia propuesta de ese acuerdo número 3. A esa hora, el portavoz de los populares estaba ya más que indignado y pensando en abogados para resolver una cuestión tan fina sobre un asunto que, insistimos, tal y como están las cosas en Madrid, probablemente nunca se apruebe. "Ahora tendrá que explicar González (a su partido) por qué ha votado en contra de la adhesión", se marchó en un tono que no era de satisfacción Ruz, mientras el regidor tildaba de "circo" lo ocurrido.
