El catedrático ilicitano Lorenzo Prats se ha incorporado como vocal permanente a la Comisión General de Codificación de España. Es el órgano superior colegiado de asesoramiento a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y le corresponde la preparación de los textos prelegislativos. Prats es catedrático en Derecho Civil y actualmente ejerce de abogado y también de docente en Cunef Universidad de Madrid. Fue asesor del Ministerio de Justicia entre 2004 y 2007, con los ministros Juan Fernando López Aguilar y Mariano Fernández Bermejo. Es también árbitro de Derecho Privado.
Ha sido nombrado vocal permanente de la Comisión de Codificación. ¿Cuál será su labor allí?
Es el órgano consultivo de mayor importancia del Ministerio de Justicia. Emite informes a petición de la ministra y prepara borradores de anteproyectos de ley sobre los temas que preocupan al Ministerio o también hace propuestas de reforma normativa. Los textos que elabora son prelegislativos. Yo me incorporo como vocal permanente de la Sección Primera de Derecho Civil. Los textos son consultivos, pero no vinculantes, así que nuestra función no limita la acción de gobierno, sino que la facilita. Todo lo que hacemos se justifica técnicamente, pero después hay que darle una vuelta política para que al ciudadano le sea más útil. Después se abre un largo proceso legislativo.
¿Hay mucha separación entre el proceso legislativo y el político?
Sí. Desde la actividad técnica de la comisión, hasta que ese texto llega al Congreso para aprobarse y después publicarse en el BOE, mucho tiempo. Recuerdo un proyecto de ley, el de Jurisdicción Voluntaria, que se publicó en julio de 2015 cuando la Ley de Enjuiciamiento del año 2000 le decía al Gobierno que tenía seis meses para presentar el proyecto de ley. Todo depende del tipo de proyecto y del impulso político, que es clave, como en todo órgano de decisión política. El Ministerio es el que interpreta qué interesa y qué no en cada momento.
¿Tendrían que acortarse los tiempos y ser más rápidos en confeccionar las leyes?
En absoluto. El proceso normativo debe ser lento y pensarse y razonarse mucho la regulación. Algunas normas se aprueban sin el poso, sin la reflexión suficiente. Y debe ser al revés. Legislar rápido no es bueno. Siempre es preciso pensar mucho y comprender las consecuencias. La prensa presiona mucho a los gobernantes con la productividad, cuántas leyes se han sacado y eso no debe ser un parámetro. Es mejor la calidad que la cantidad. Y la calidad requiere reflexión interna respecto del texto, un debate profundo en las comisiones del Congreso y del Senado. Una norma debe tener siempre vocación de duración. A la sociedad le gusta tener normas que no cambien cada dos por tres porque eso genera inseguridad. Y deben tener solera para que la gente las asuma.
O sea, hay leyes que se han hecho con demasiada precipitación y que después hay que reformar...
Sí, unas cuantas. Por ejemplo, la Ley Concursal. Se está revisando constantemente y es el ejemplo más claro de que no se hizo bien, y eso que se debatió mucho. Es preciso que haya más mesura, más tranquilidad. Esto de cambiar las leyes en caliente no funciona. Lo que más se piensa y reflexiona es lo que más dura y las reformas de las leyes precipitadas provocan otras reformas precipitadas. Los políticos tienden a legislar en caliente, pero es un error. No obstante, lo entiendo. El político tiene que responder a la ciudadanía con el problema del día, y eso le lleva a repentizar una solución y poner en marcha la maquinaria ministerial para que se vea en la prensa que el Gobierno hace algo. Pero el proceso normativo necesita más tranquilidad y ser reflexivo. Los tiempos de la legislación son lentos y los de la política son aceleradísimos. Y ese es el trabajo de la Comisión, trabajar en frío, preparar textos que sirvan a largo plazo, y no vinculado a la urgencia de la acción política.
¿Qué le parece la falta de renovación del CGPJ que ya afecta al Supremo y al Constitucional?
El CGPJ debe ser neutral políticamente, porque su función está determinada por la Constitución y la Ley. El Congreso debe cumplir ya con su función que es la de nombrar los vocales del CGPJ para que se produzca la necesaria renovación.
¿Qué leyes le gustaría que se reformaran?
Hay varios ámbitos que habría que reformar o, al menos, innovar porque han quedado anticuados. Uno es la libertad de testar. Hay comunidades sujetas al derecho civil común, que la persona que tiene hijos y/o nietos debe reservar el 66% de su patrimonio para la herencia legítima y sólo un 33% tiene la libertad de testar. Debe haber una regulación que amplíe la libertad del testamento. Otro asunto es la filiación, a través de qué vías se atribuye a una persona la patria potestad. Y también la reforma de las normas fundamentales del derecho de obligaciones, que regula el intercambio de bienes y servicios, porque se han quedado en el siglo XIX. Esto último ya está estudiándolo la Comisión.
¿Qué normas y leyes recuerda con mayor satisfacción que salieran adelante cuando fue asesor del Ministerio de Justicia?
Recuerdo cuando participé en la comisión interna que promovió la reforma del Código Civil para el matrimonio de personas del mismo sexo y la de la separación y el divorcio. Fueron normas que siguen siendo muy importantes. La exposición de motivos de una de esas leyes la redacté en casa de mi padre en Santa Pola un verano (sonríe).
Coincidirá en la Comisión de Codificación con otra ilicitana, con la catedrática Olga Fuentes.
Sí, ella en la sección de Procesal. Coincidimos un tiempo en el gabinete del Ministerio de Justicia, entre 2004 y 2006. Parece que tenemos vidas paralelas en este ámbito (risas).
¿Sigue vinculado a Elche?
Sí. Aunque estoy en Madrid, mi padre y dos de mis hermanos viven en Elche, y paso las vacaciones allí y en Santa Pola. Además, voy los fines de semana que puedo. Me gusta mucho el Misteri y la Nit de l’Albà.
