La Abogacía del Estado, en representación del Consejo Superior de Deportes (CSD), presentó hoy un recurso en el juzgado número 7 de Alicante contra la decisión del titular del mismo de no trasladar a los organismos deportivos los datos relativos a la presunta compra de partidos por parte del Hércules.
El recurso de reforma y subsidiario apelación fue remitido este mediodía, después de que el juez decidiera archivar el caso y rechazara la petición tanto de la Abogacía del Estado como de la Fiscalía para dar traslado del mismo al CSD y a la Federación Española de Fútbol (RFEF).
La Abogacía del Estado cuestiona la decisión del juez, ya que éste admitió que puede haber infracción administrativa muy grave, según la Ley del Deporte de 1990, pero impide que la Administración inicie un expediente por unos hechos, "cuya prueba inicial parecen ser las escuchas telefónicas", al no remitir las mismas al CSD.
Pese a admitir la gravedad, el juez recordó que la compra de partidos no es un delito penal, aunque sí lo será desde el 22 de diciembre, cuando entre en vigor la reforma del Código Penal.
El recurso de la Abogacía del Estado insiste en la necesidad de trasladar el caso, ya que "de otro modo se deja al 'ius puniendi' del Estado totalmente carente de sentido y huérfano en su actuación, ya que la conducta tipificada en el Código penal aún no está vigente"
El documento añade que "el resultado de la investigación operaría, directamente, sobre la suerte de los juegos aleatorios que en España se articulan a través de las Apuestas del Estado, en este caso, la quiniela futbolística".
"Recordamos que ello supone, no solamente un gran movimiento económico, sino que es uno de los medios de financiación de la Liga Profesional de Fútbol", reza el recurso, que recuerda el mandato de la Ley del Deporte del 90 de "fomentar y contribuir a su financiación, que puede verse, gravemente, afectada si no se actúa sobre las conductas que la pueden perturbar".
La presunta compra de partido por parte del Hércules la pasada temporada aparece en el sumario del "caso Brugal", que investiga una presunta trama de trama corrupta vinculada al negocio de la basura en Alicante y en el que figuran conversaciones telefónicas entre el máximo accionista del club, Enrique Ortiz, y los capitanes del equipo, Jorge López "Tote" y Abraham Paz, según informó "El País".
El juez del caso Brugal dio traslado de estas conversaciones al juzgado de instrucción número 7 de Alicante, que tendrá que resolver el recurso recibido hoy después de haber decidido archivar el caso y rechazar su traslado a los organismos deportivos.
Desde que trascendió el mismo el CSD se dirigió a la Abogacía del Estado para que se personara en las diligencias, "con el objetivo de intentar llegar hasta el final y aclarar los hechos por el bien y la credibilidad del fútbol".
El Betis, equipo que se vio privado del ascenso que sí consiguió el Hércules, ha solicitado que se actúe en consecuencia.
