El Tribunal Constitucional peruano vuelve a ordenar que Alberto Fujimori abandone la cárcel

En abierto desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado que el exautocrata Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años por delitos de lesa humanidad, abandone la prisión de Barbadillo a las seis de la mañana de miércoles. La medida era esperada por los hijos del hombre que gobernó ese país entre 1990 y 2000 y, en medio de fuertes protestas, se subió a un avión a Japón para volver solo extraditado, siete años más tarde, procedente de Chile.

El dictamen se da de bruces con lo que había resuelto la CIDH, que es una instancia supranacional. "Las sentencias del Tribunal deben acatarse y cumplirse, igual que las resoluciones de la Corte Suprema, pero en este caso la que tiene la prevalencia es la sentencia del Tribunal Constitucional", había anticipado el presidente del TC, Francisco Morales Saravia, la semana pasada, y esa instancia mantuvo su determinación, pese a la ola de rechazos.

Los jueces que votaron a favor de la liberación del exdictador fueron Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse. Por su parte, Helder Dominguez Haro emitió calificó de improcedente el dictamen favorable al exmandatario.

 "(Fujimori) ha tomado con mucha alegría este mandato", dijo su abogado Elio Riera. Sobre la controversia con la CIDH remarcó la pertinencia del pronunciamiento del TC: "prima el Derecho de Soberanía". Sin embargo, los especialistas esperan que la Corte Interamericana se mantenga en su postura y anule el pronunciamiento.

Según el diario La República, la CIDH ya ha pedido a Perú informar sobre el cumplimiento de la resolución que emitió el 7 de abril de 2022, y que va en contra de la salida de Fujimori de la cárcel. "Se solicita al Estado que, a más tardar el 6 de diciembre de 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en la Resolución de 7 de abril del 2023".

Una controversia de seis años

La disputa se remonta a fines de 2017. Seis años atrás, en plena Nochebuena, el exautócrata había recibido un indulto humanitario del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien intentaba congraciarse con Fuerza Popular, el partido que lidera Keiko Fujimori y era mayoritario entonces en un Congreso que lo venía cercando. El beneficio fue revocado de inmediato. Pero los Fujimori redoblaron su esfuerzo y en marzo de 2022, el TC declaró fundado un habeas corpus que lo favorecía.

Fujimori recibió una pena de 25 años de cárcel que concluye en 2032, por su responsabilidad en las llamadas matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas en 1992, y donde murieron 25 personas. "Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente. El indulto de 2017 fue negociado. Inaceptable decisión", dijo Gisela Ortiz, en nombre de los familiares de los asesinados.

"Expresamos nuestro rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Alberto Fujimori, una persona que jamás ha pedido perdón por los crímenes contra la humanidad, ni ha reparado a las víctimas. Toda nuestra solidaridad para ellas", señaló por su parte la feminista Manuela Ramos.