"Amplificará la vigilancia masiva": La Unión Europea decide si da alas al uso policial del reconocimiento facial

La Unión Europea (UE) puede allanar el camino a un uso generalizado del reconocimiento facial. Este jueves, 8 de febrero, el Parlamento Europeo votará modificar la ley que facilita el intercambio de datos entre cuerpos de policía para incluir imágenes del rostro de presuntos delincuentes. Aunque Bruselas defiende dar más poder a las organizaciones policiales como algo "necesario" para combatir el crimen, decenas de oenegés han denunciado que "amplificará la extralimitación estatal y la vigilancia masiva", causando "daños considerables, especialmente a los grupos marginados y vulnerables".

La actual legislación, conocida como Prüm I, permite a las autoridades policiales consultar las bases de datos de otros Estados miembros para acceder al ADN, a las huellas dactilares o a las matrículas de vehículos de sospechosos de actividades criminales. Así, por ejemplo, la policía española puede comparar los datos hallados en el lugar de un delito con los tomados por sus homólogos en Francia. Este marco de cooperación, vigente desde 2008, "ha resultado decisivo para resolver muchos delitos en Europa (...) y luchar contra la delincuencia organizada, las drogas, el terrorismo, la explotación sexual, la trata de seres humanos y otras actividades delictivas", aseguró la Comisión Europea.

En diciembre de 2021, Bruselas propuso ampliar la ley para dar más poderes a la policía y a la Europol. El pasado noviembre se alcanzó un acuerdo político para un crear un sistema central que automatice el intercambio de datos de ciudadanos sospechosos, entre ellos sus imágenes faciales. El jueves serán los eurodiputados quienes decidan si el pacto sigue adelante. Todo apunta a que así será, pues —como se vió en el voto de diciembre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior— la propuesta cuenta con el apoyo de conservadores, socialdemócratas, liberales y extrema derecha.

Se está abriendo la puerta a la potencial criminalización de todos los ciudadanos de la UE

Itxaso Domínguez de Olazábal

— Asesora política de European Digital Rights (EDRI)

Preocupación ciudadana

La modernización del marco normativo, conocido como Prüm II, no legaliza el reconocimiento facial per se, pero sí permite interconectar imágenes faciales con las bases de datos de la policía. La sociedad civil lamenta que, en la práctica, eso animará a los Estados miembros a adoptar esta controvertida tecnología. "No hay suficientes salvaguardias que garanticen que no se violarán los derechos humanos", alerta Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora política de European Digital Rights (EDRI), la mayor red europea de oenegés en defensa de los derechos y libertades en internet.

Aunque la Comisión ha reiterado que esta medida busca "priorizar la seguridad" y combatir la delincuencia con mayor eficacia, EDRI ha denunciado que "personas no sospechosas, absueltas, víctimas y testigos son incluidos de forma rutinaria en bases de datos penales sin base legal en muchos países de la UE". Además, la ley contempla que la policía podrá intercambiar imágenes faciales de personas condenadas a tan solo un año de cárcel, un bajo umbral que imposibilita distingir entre delitos graves y otros menores. "Se está abriendo la puerta a la potencial criminalización de todos los ciudadanos europeos", añade la experta.

Discriminación y opacidad

La normativa presupone que los organismos policiales y judiciales de los 27 garantizan por igual la protección de los derechos de los acusados. Sin embargo, hay diferencias visibles entre aquello que los Estados miembros consideran ilegal. Desde 2018, Hungría castiga con un año de prisión a aquellos que ayuden a inmigrantes en situación irregular. Esa realidad puede agravar la ampliación de la ley que se vota mañana.

Además, los expertos advierten que la inclusión de imágenes faciales perjudicará especialmente a las comunidades vulnerables, más expuestas a casos de discriminación por parte de la policía. "Si vives en un barrio pobre serás sospechoso de actividades criminales", apunta Domínguez de Olazábal. A eso se le suma que los sistemas de reconocimiento facial son altamente imprecisos en la identificación de personas racializadas.

Muchas personas no son conscientes de que sus datos están siendo tratados de forma injusta e ilegal, y no pueden ejercer sus derechos de reparación

European Digital Rights (EDRI)

Las organizaciones de la sociedad civil también denuncian que la "falta de transparencia" policial agravará el impacto de la ley en la sociedad. "Muchas personas no son conscientes de que sus datos están siendo tratados de forma injusta e ilegal, y no pueden ejercer sus derechos de reparación", explican desde EDRI. Las bases de datos de la policía podrían recoger información sensible de hasta el 10% de la población.

EDRI denuncia que la ampliación de esta ley refleja la "creciente inclinación" de la UE "hacia un Estado de vigilancia que erosiona la presunción de inocencia" y que agrava la "crisis general del Estado de derecho". Asimismo, acusa a la Comisión de no haber buscado "una alternativa menos intrusiva" y confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea paralice esta polémica medida. De aprobarse definitivamente, los Estados miembros tendrán hasta el 12 de diciembre de 2024 para transponer la Directiva a su legislación nacional.