El Gobierno francés impulsa una ley que prima la agricultura industrial y relega la protección del medio ambiente

El Gobierno de Emmanuel Macron pretende responder a la "crisis histórica" en la agricultura con esta medida, pero corre el riesgo de quedarse corto. El Ejecutivo galo ha presentado este miércoles la primera ley agrícola de envergadura del segundo mandato del presidente francés. Después de que su presentación se viera aplazada varias veces, este texto ha quedado marcado por la oleada de protestas de agricultores en los últimos meses en Francia, así como en la mayoría de los países europeos. "Vamos poniendo los fundamentos para aportar una respuesta a esta crisis" que "muchos de mis compañeros europeos me dicen que es histórica", ha asegurado el ministro de Agricultura, Marc Fesneau, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Una de las medidas más mediáticas de esta iniciativa legislativa resulta, de hecho, una concesión para la FNSEA, el principal sindicato agropecuario en Francia y partidario de la agricultura industrial. En concreto, en el preámbulo de la ley se afirma que el sector primario representa "un interés general superior". Tanto el Gobierno como las organizaciones sindicales entienden que esta afirmación no tendrá solo un peso simbólico, ya que influirá en los contenciosos administrativos o judiciales que enfrenten a agricultores con administraciones locales o colectivos ecologistas. Quieren igualar el peso de la agricultura con la protección del medio ambiente, considerada de "interés general" desde 1976.

Rebaja normas medioambientales

El texto rebaja varias normas medioambientales en aras de promover la producción agrícola. Disminuye las normativas sobre las hileras, que favorecen la biodiversidad y protegen la erosión del suelo. También reduce los plazos para presentar recursos contra la construcción de granjas y embalses —a menudo motivo de conflictividad social en el país vecino, sobre todo con los grandes embalses—. Y, además, baja las penas para los propietarios agrícolas que degraden el medioambiente, "a pesar de que muy pocas sanciones se aplican en realidad", según el Ministerio de Agricultura.

Como ya hizo la Comisión Europea, el Ejecutivo macronista confía en calmar la rabia del campo rebajando las normas medioambientales. Además de este proyecto de ley, tiene previsto disminuir por decreto sus objetivos en la reducción de pesticidas. Esta respuesta a la crisis del sector, sin embargo, corre el riesgo de resultar demasiado simplista. Aún más teniendo en cuenta la heterogeneidad de las reivindicaciones de los campesinos que se movilizaron, desde el exceso de papeleo y las normas medioambientales hasta la "competencia desleal" de los productos extranjeros y los tratados de libre comercio, pasando por la baja remuneración de una profesión muy precarizada.

Respecto al comercio, el proyecto de ley menciona la "soberanía agrícola del país". Pero no incluye ninguna medida que modifique el actual modelo comercial de Francia. El texto subraya, de hecho, "el mercado interior de la Unión Europea y sus compromisos internacionales". A finales de enero, durante el momento álgido de las protestas agrícolas en Francia, el Ejecutivo centrista dio por enterradas las negociaciones por un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (principales países de América Latina). No obstante, Macron ha modificado ligeramente su posición y la semana pasada dijo en Brasil que estaba dispuesto a aceptar un acuerdo con Mercosur con la condición de que se "forje" de nuevo.

"Acelera la orientación actual"

El presidente francés también parece haber olvidado otra promesa que hizo a finales de febrero. Entonces, declaró ser favorable al establecimiento de "unos precios mínimos" para cada filial del sector. Con esa medida, pretendía garantizar una remuneración digna para los agricultores, el 18% de los cuales vive por debajo del umbral de la pobreza en el país vecino —la media de los activos es del 13%—. Además, quería calmar la rabia del campo en medio de una accidentada inauguración del Salón de la Agricultura en París, donde decenas de campesinos rompieron cordones de seguridad y protagonizaron melés con los antidisturbios.

Defendida por sindicatos agrícolas de izquierdas como la Confédération Paysanne, esa propuesta de los "precios mínimos" suscitó el rechazo de la FNSEA. Al final, el Ejecutivo ha decidido dar marcha atrás y apuesta por una mejor regulación de las relaciones entre productores y la gran distribución. "Habrá un texto específico sobre la cuestión de la remuneración", ha afirmado Fesneau. "Este proyecto de ley debía suponer una reorientación de las políticas agrícolas a favor de una renovación, pero al final acelera la orientación actual, que ya ha hecho desaparecer miles de granjas", ha lamentado en la red social X la Confédération Paysanne, sobre un proyecto de ley que se debatirá en la Asamblea Nacional a partir del 13 de mayo. 

Cuando había sido esbozada en el otoño de 2022, esta iniciativa legislativa tenía como objetivo principal favorecer la regeneración de los agricultores franceses. La mitad de ellos se encuentra en edad de jubilarse. Para responder a este desafío, finalmente, el texto incluye medidas más bien tímidas, como una campaña de comunicación para dar a conocer los oficios agrícolas o la creación de un nuevo título universitario sobre agricultura. Ante la necesidad de contentar a los grandes sindicatos agropecuarios, el Gobierno de Macron relega para más adelante los desafíos futuros del sector primario. Y se olvida de la promoción de los agricultores jóvenes y la transición ecológica.