El Gobierno aprueba un nuevo estado de alarma que impone el toque de queda

El Gobierno aprueba un nuevo estado de alarma que impone el toque de queda

Nuevo estado de alarma, pero con características muy distintas al que entró en vigor a mediados de marzo. Menos estricto y con mucho más margen de actuación para las comunidades autónomas, que en su mayoría han ido pidiendo en los dos últimos días volver a esta herramienta excepcional. El Gobierno ha aprendido varias cosas del precedente de hace siete meses, con una alarma que el Congreso fue prorrogando cada 15 días, en ocasiones de forma agónica, y ahora no quiere volver a pasar por ese difícil trance parlamentario. El Gobierno quiere que la nueva herramienta, que entrará en vigor este mismo domingo tras ser aprobada por un Consejo de Ministros extraordinario e incluye un toque de queda obligatorio entre las 23 de la noche y las 6 de la mañana en todo el país, dure hasta el próximo 9 de mayo, más de seis meses, y así lo pedirá a la Cámara baja la semana que viene.

Las principales medidas, explicadas por Pedro Sánchez tras la reunión del Ejecutivo en la Moncloa, son cinco. Las autoridades delegadas serán los presidentes autonómicos (a diferencia de la anterior alarma, donde la responsabilidad recayó sobre el ministro de Sanidad, Salvador Illa), y los territorios deberán tomar sus decisiones en cooperación con el Gobierno, en el seno del Consejo Interterritorial de Salid. La libertad de circulación estará prohibida entre las 23 y las 6 en toda España, salvo en Canarias. En esa franja, solo se podrá transitar por causas justificadas, como adquirir medicamentos, ir al trabajo y cuidar a personas. Pero las autonomías podrán ampliar o restringir este plazo en dos horas. Las comunidades también podrán limitar la salida y entrada de sus territorios, total o parcialmente, ya sea en la autonomía al completo, en un municipio o en un barrio. En cuarto lugar, las comunidades podrán también restringir la permanencia de personas en espacios públicos a un máximo de seis, salvo que se trate de convivientes.

En esa franja, solo se podrá transitar por causas justificadas, como adquirir medicamentos, ir al trabajo y cuidar a personas. Pero las autonomías podrán ampliar o restringir este plazo en una hora. Las comunidades también podrán limitar la salida y entrada de sus territorios, total o parcialmente, ya sea en la autonomía al completo, en un municipio o en un barrio. En cuarto lugar, las reuniones se restringirán a un máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes, un límite que las autonomías podrán estrechar todavía más.

Y por último, el Gobierno, en una iniciativa sin precedentes, aprobará la prórroga de la alarma el martes en Consejo de Ministros para unos días después (el jueves, previsiblemente) pedir al Congreso una extensión de seis meses, hasta el 9 de mayo. Aun así, para evitar que se le pueda acusar de evitar la rendición de cuentas, Illa comparecerá cada 15 días en la Cámara baja, y en principio los gobiernos autonómicos deberían hacer lo mismo en sus respectivos parlamentos. Los presidentes de cada comunidad podrán activar o desactivar las restricciones durante el tiempo que dure la alarma, en función de la realidad epidemiológica de sus territorios. Ahora bien, de entrada, en estos primeros 15 días de aplicación de este real decreto, entra en vigor el toque de queda nocturno (con la posibilidad de modulación una hora arriba o abajo) en toda España menos en Canarias. Será ya a partir de la prórroga cuando las autonomías podrán levantar o mantener esta medida.

"Dada la gravedad de la situación, dada la eficacia contrastada del estado de alarma, dada la petición mayoritaria de las comunidades para su entrada en vigor, solicito a los grupos parlamentarios que esta medida cuente con un abrumador respaldo. Lo exigen los ciudadanos para dar un horizonte de tranquilidad y certidumbre", ha dicho Sánchez. "Si la situación de la pandemia lo permite, el Gobierno de España levantará el Estado de Alarma sin demora. Ni un día más, ni un día menos en la vigencia de una herramienta eficaz en la lucha contra el covid-19", ha añadido el presidente, que ha situado como objetivo de esta medida alcanzar una "incidencia acumulada en los últimos 14 días por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes". En la actualidad, la media española es de 362 casos.

Los apoyos parlamentarios

Antes de comunicar su intención de llevar la alarma hasta principios de mayo, Sánchez lo tenía mucho más fácil que hace unos meses para lograr la prórroga. Falta por ver cómo los partidos acogen la propuesta lanzada este domingo, que supone actuar en la línea de lo llevado a cabo por Italia y Francia, que han aprobado estados de alarmas muy largos. Pero Cs ya anunció el viernes que apoyaría la prórroga. El PNV también estaba por la labor de secundarlo, ya que Euskadi fue la primera comunidad que solicitó la alarma. Después lo hizo también Catalunya, algo que prefiguraba el respaldo de los diputados de JxCat y ERC.

Solo con los escaños de los naranjas y los nacionalistas vascos, el Ejecutivo tiene asegurada la extensión temporal, pero la Moncloa subraya la importancia de que el PP vote a favor. Sin embargo, ninguna de las autonomías gobernadas por los conservadores ha solicitado formalmente la alarma, a diferencia del resto, y Pablo Casado fue hace unos meses muy crítico con esta herramienta constitucional, votando en contra de las prórrogas en las dos últimas ocasiones, algo que dificulta que ahora se sume. El Gobierno, en todo caso, cree que sería capital lograr su respaldo, porque bajaría el ruido político, en estos momentos a niveles altísimos, en torno a la lucha contra la pandemia. Sánchez, de hecho, habló este domingo con Casado, pero no quiso revelar el contenido de la conversación con el jefe de la oposición, que aclarará este lunes que piensa votar. "Me gustaría poder contar con su apoyo, porque son medidas que van a facilitar mucho la toma de decisiones a estos gobiernos. Los partidos que se califican de Estado deben apoyar", aseguró el jefe del Ejecutivo.

Peticiones en cascada

Peticiones en cascadaEn un primer momento, Sánchez quería esperar a la conferencia de presidentes, que se celebrará este lunes, para aprobar el estado de alarma en el Consejo de Ministros ordinario del martes. Pero la cascada de peticiones para que diese ese paso, con España alcanzando el pico de la segunda ola y batiendo récords diarios de contagios, han hecho que decidiera adelantar la medida.

El primer territorio en pedir la alarma fue Euskadi, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulara las restricciones sociales que había ordenado el gobierno autonómico. Siguieron Asturias y Extremadura, a las que se sumaron varias comunidades también gobernadas por los socialistas, y también Catalunya, que como Euskadi quiere que las competencias del régimen excepcional estén delegadas en su gobierno, a diferencia de lo que ocurrió entre marzo y junio. La reclamación ha sido atendida, al conceder el decreto poderes a las autonomías para confinar de noche, perimetrar todo o parte de su territorio y limitar las reuniones.

En total, 10 comunidades han pedido la alarma. Pero ninguna del PP, algo que puede dificultar la puesta en práctica del nuevo escenario. Sobre todo, en Madrid, un territorio que ha hecho de la batalla con Sánchez en las medidas contra el coronavirus su bandera, reclamando limitaciones más suaves y tardías de las que quería el Gobierno, pese a liderar durante un tiempo las tasas de contagio.

En una reunión telemática posterior, para informar con más detalle del contenido del decreto aprobado, fuentes del Gobierno descartaron que algún dirigente autonómico, como Isabel Díaz Ayuso, vaya a desmarcarse de estas medidas. "No está pasando en nuestro país nada diferente al resto de Europa. Hace unos días la cancillera alemana llegó a un acuerdo con las ciudades. Nosotros tenemos casi el modelo alemán, en el sentido de que no se pueden sustraer competencias de las comunidades autónomas", indicaron, que también ha incidido en que la norma contará con un régimen sancionador, que las comunidades también podrán graduar. El decreto también avala la posibilidad de confinar por zonas básicas de salud, como ha hecho Madrid.

Un plazo en estudio

"El plazo no es inamovible", ha señalado Sánchez sobre los más de seis meses de prórroga. "Si podemos superar antes la emergencia plenamente, dejará de aplicarse de inmediato. Pero ese es el plazo que consideramos hoy por hoy necesario en base a la ciencia y las recomendaciones de los expertos, que estiman que ese es el tiempo que necesitamos hasta empezar a superar no solo la segunda ola actual sino la etapa más dañina de la pandemia", ha continuado el presidente, que también ha transmitido su creencia, pero no seguridad, en que el objetivo se podrá conseguir "sin recurrir al confinamiento global, sin paralizar la vida del país, que es la medida más costosa desde el punto de vista económico y social". Según Illa, la meta es "doblegar la curva y tener una Navidad lo más normalizada posible".

"Quiero pedir al conjunto de la ciudadanía lo siguiente -ha concluido Sánchez-. No hay confinamiento general en este nuevo estado de alarma, pero cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos, más protegidos estaremos y más protegeremos a nuestros seres queridos y la salud de todos".

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