Oxígeno para Marlaska: la investigación del Congreso sobre la tragedia de Melilla se diluye

Un día después, nueve formaciones políticas formalizaron el registro de una petición de comisión. Entre los firmantes, el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, y el diputado Enrique Santiago, alto cargo del Gobierno hasta hace unos meses. Se estaba fraguando una nueva maniobra de acoso al PSOE. Se unieron a la iniciativa ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y BNG.

Ese mismo día, a última hora de la tarde, los portavoces de los grupos recibieron la notificación de la comparecencia del ministro Marlaska ante la comisión de control de los gastos reservados, más conocida como comisión de secretos oficiales. La convocatoria sorprendió a varios de los destinatarios. No se la esperaban. Fuentes de Interior indicaron que estaba prevista desde septiembre. Curiosa, por tanto, la fecha elegida.

Porque un día antes de la comparecencia, una delegación de diputados viajaría a Melilla para recabar “in situ” información de primera mano sobre lo sucedido el 24 de junio en la valla. Y porque la presión política de cerco a Marlaska no ha parado de crecer desde la emisión del documental de la BBC, en el que se apuntó un papel destacado de las fuerzas de seguridad españolas en la tragedia. Una de las denuncias del reportaje consistió en la presunta ocultación de imágenes. 

En una legislatura en la que el Gobierno apenas ha tenido problemas para la gestión de los tiempos parlamentarios, la decisión de que la comparecencia ante una comisión como la de secretos oficiales se produzca en medio del revuelo llama la atención. Si se tiene en cuenta, además, que se había registrado en septiembre, esos dos meses de espera en el limbo del Congreso se prestan a suspicacias. En Interior insisten en que el motivo de la asistencia no guarda ningún tipo de relación con la tragedia de Melilla y fuentes parlamentarias consultadas al respecto no lo ponen en duda. Pero eso no significa que la polémica no se aborde

Porque la comisión de control de gastos reservados es opaca; las sesiones son a puerta cerrada por la índole de los temas a tratar. La información que se intercambia aquí es secreta y una ley de 1995 lo blinda. Marlaska (que irá este martes a su primera comisión de secretos desde que es ministro) contará a los portavoces de los grupos en qué gastos reservados se está gastando el dinero su departamento. Hablará, por tanto, de la seguridad del Estado, lo que no puede tener publicidad, como se consagra en la norma citada. De hecho, los diputados que asisten, uno por cada grupo, no pueden contar ni lo que escuchan ni lo que ven. Hacerlo es un delito tipificado en el Código Penal.

Ahora bien, diversas fuentes avanzan a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que si el ministro no lo aborda antes, los portavoces sí mencionarán los hechos del 24 de junio en la ciudad autónoma. De algún modo, y aunque el motivo de la comparecencia sea otro, los trágicos acontecimientos de entonces sobrevolarán por la comisión de secretos oficiales.

No baja la presión

La visita que una delegación de la Comisión de Interior del Congreso ha efectuado a Melilla este lunes no ha variado las posiciones políticas de los grupos a los que representan. Vuelven con la que fueron. Era algo previsible, de ahí cierta extrañeza en la oposición por la fecha elegida para que el ministro vaya a una comisión como la de secretos oficiales.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha reconocido a su regreso a Madrid que la comitiva efectivamente ha podido visionar imágenes y analizar planos y otros datos, y con ello sobre la mesa, su conclusión es tajante: ni “un ápice de duda” de que “la avalancha se produjo en territorio español al romperse la puerta de entrada al acceso controlado por las autoridades” nacionales. 

Además, tal y como consta en las declaraciones enviadas por su partido, hubo “coordinación con las autoridades marroquíes para que los gendarmes accedieran a la infraestructura de la valla”. A su juicio, pese a la virulencia de la respuesta policial, “no hubo ningún tipo de auxilio ni de atención” y se procedió al rechazo de 500 personas. Como novedad, apunta el diputado vasco, el empleo de 65 pelotas de goma. 

Resultado para la formación independentista vasca: “El Gobierno no puede seguir actuando como la avestruz”, por lo que ha de “facilitar” la creación de una comisión de investigación en el Congreso.

Maria Dantas, de ERC, ha abogado por lo mismo, y Enrique Santiago, de Unidas Podemos, quien ha remarcado la conveniencia de la comisión porque el objetivo debe ser evitar la repetición de tragedias como la de junio. 

Que el representante del socio del PSOE en el Gobierno diga, como dijo este lunes, que “todo apunta” a que los fallecimientos se produjeron en suelo español no es sino una muestra más de la presión que la formación “morada” ha decidido ejercer. No es la primera vez que Podemos vierte sobre el ministro de Interior carga crítica. La derogación de la ley mordaza sigue pendiente en el Congreso y sin visos, además, de que desbloquee su tramitación, por mencionar un precedente.

El PP al rescate

En conversación con este medio, la diputada del PP Ana Belén Vázquez, integrante de la delegación y portavoz de los populares en la Comisión de Interior, ha salido en defensa de la Guardia Civil tras su visita, que ha recordado que estaba programada antes de la emisión del reportaje de la BBC. Aunque ha reconocido “la falta de efectivos” disponibles el 24 de junio, la actuación resultó “legal y proporcionada”.

Para la diputada, la clave de la gestión migratoria se sostiene en tres pilares: la rúbrica con Marruecos de acuerdos de repatriación, la aplicación de la ley de extranjería y el rechazo en frontera. Todo esto, recalca, fue criticado por el PSOE cuando estaba en la oposición, e incluso recurrió las llamadas devoluciones en caliente ante el Tribunal Constitucional. La medida, pese a ello, fue avalada.

Vázquez lamenta “las contradicciones” del Partido Socialista, de las que ahora es víctima como partido de gobierno, añade. El corolario, en su opinión, es “el bien resuelto” que dijo el presidente días después del desenlace del 24 de junio en la valla.

Por tanto, nada que objetar al papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero sí a la gestión del Gobierno y a la posición de sus aliados parlamentarios. Para impedir que la Guardia Civil sea cuestionada en el Congreso, lo que el PP ve tremendamente probable si se formara la comisión de investigación, los populares descartan apoyarla. Gamarra dejó una rendija. Días más tarde, cerrada.

El PP argumenta que la responsabilidad tiene un nombre, sólo uno, y es el de Fernando Grande-Marlaska. No pedirá por el momento su dimisión, subraya Vázquez, ni fomentará la investigación parlamentaria. Pero sí insistirá en la comparecencia del ministro. Sería la segunda tras la que protagonizó ante el pleno en septiembre, precisamente por la tragedia de Melilla. Una crisis que no cesa, pero que al menos esquiva la investigación parlamentaria.

La Mesa del Congreso, en la reunión próxima, calificará la petición de comisión cursada por varios de los aliados parlamentarios. Cuando la Junta de Portavoces debate cuándo iniciar el procedimiento en una sesión plenaria, PSOE y PP, y previsiblemente Cs y Vox, provocarán que la solicitud decaiga.