El PP exprime el "toque de atención" de Bruselas al Gobierno por la malversación: "Todo son chapuzas legislativas"

La reforma del Código Penal pactada entre el Gobierno y los independentistas de ERC hace meses para eliminar el delito de sedición, a la que después se unió la rebaja de penas por malversación en algunos casos, fue respondida con contundencia desde el PP. Alberto Núñez Feijóo exigió hasta el último momento que no se llevara a término y, una vez aprobada, dejó claro que si llega a la Moncloa lo devolverá a la redacción inicial. A pesar de que en Génova lo consideran como uno de los “hitos más graves” de la legislatura, asumieron pronto que no tendría tanta incidencia en la opinión pública. 

“La gente no habla de la malversación en su casa mientras cena con su familia. No es un asunto que se entienda fácil y que interese”, coincidían dirigentes de la cúpula conservadora. Todo lo contrario que la ley del ‘sólo sí es sí’, que ya había destapado el error por el que muchos agresores empezaban a ver rebajada su condena por delitos sexuales (hoy ya son más de 1.000 casos). Pero el "toque de atención" de Bruselas, a través de una propuesta de la Comisión para que todos los países de la UE tengan los mismos tipos y penas por corrupción, ha dado un giro a la historia.

Feijóo ofrece a Sánchez los votos del PP para endurecer la malversación tras el aviso de Bruselas

Lo que propone Europa (aún se está trabajando en un documento definitivo) es que los delitos de malversación que se cometan dentro del espacio común se castiguen con una pena de, al menos, cinco años de prisión. La armonización de ese nuevo “máximo mínimo", si se aprueba finalmente, forzaría a España a volver a reformar el delito de malversación y rectificar las penas menores para elevarlas en los dos nuevos tipos atenuados que los socialistas introdujeron y que rebajaban la cárcel cuando no existe un ánimo de lucro personal. Una decisión que buscaba librar de prisión a los altos cargos de la Generalitat involucrados en el procés, que aún no hubieran sido condenados. El propio Tribunal Supremo, en su interpretación de los hechos, ha dejado sin efecto esta reforma.

El PP piensa exprimir a 23 días de las elecciones autonómicas y municipales lo que consideran “un rapapolvo en toda regla” para el Gobierno. Y el marco en el que lo harán será el de “las constantes chapuzas legislativas” que, en su opinión, acumula el mandato de Sánchez. “Cuando no es la ley del ‘sólo sí es sí’, es el Código Penal. Lo pactaron para favorecer a los independentistas. Eliminaron la sedición bajo el mantra de que había que armonizar. Ahora Europa te dice que lo que tienes que armonizar es lo que te has cargado de tu ordenamiento jurídico”, reflexionan en la dirección nacional del PP.

PP: "en España se legisla mal"

Más allá de las alianzas de Sánchez con partidos como ERC y Bildu, consolidadas en las leyes más recientes como la de Vivienda, lo que pretende lanzar el partido de Feijóo es el mensaje de que en España “se legisla mal, a base de chapuzas, y que esto tiene que terminar”. “El mensaje que enviamos es de inseguridad jurídica y bandazos a todas luces. Cuando toda Europa castiga la corrupción, España se dedica a rebajar las penas en función de si hay lucro personal o se favorece a terceros. No hay por donde cogerlo”, zanjan en Génova.

El ensayo de lo que será otro de los mensajes en esta campaña, al menos en la próxima semana, quedó patente ayer mismo. Feijóo desde Cádiz y la secretaria general, Cuca Gamarra, desde Almería. Los dos máximos dirigentes del PP clamaron contra “la enmienda a la totalidad” de Bruselas y el “engaño del sanchismo” con sus reformas legislativas. Y por ese motivo, Feijóo ya puso a disposición los votos del PP si se abre a reformarlo, igual que ocurrió con la ley del 'sólo sí es sí.

El PP aprovechará el viento de cola de Bruselas en un momento en el que necesita exhibir que el Gobierno no tiene total sintonía con las directrices comunitarias. En los pasados días ha visto como la Comisión Europea ponía en duda la ley de regadíos de Doñana de la Junta de Andalucía, y que insistía en la preocupación sobre el futuro del Parque Natural. Que la situación ha afectado a Juanma Moreno queda claro después de ver que, por ahora, se ha congelado la tramitación de la norma. No habrá novedades hasta después del 28-M con la esperanza de que realmente se abra una negociación para dar con una salida.

Sin inquietud política o electoral en Moncloa

El fantasma de la malversación resucita así para el Gobierno cuando el asunto, que tanta controversia generó en el PSOE, se daba por amortizado. Pero la preocupación en Moncloa es mínima por mucho que el PP pretenda rentabilizarlo. Primero porque, aunque fueron muchos los socialistas que no entendieron esta concesión a ERC, conforme avanzaron los meses la opinión general en el partido es que no tendrá repercusión electoral. Y, segundo, porque el Ejecutivo no piensa que la propuesta europea corrija la reforma española, a pesar de que obligaría a endurecer las penas en los dos nuevos tipos de malversación. 

Está inspirada, aseguran en Moncloa, por el Qatargate, para tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas en toda la UE. Y, además, remarcan, no se trata de una decisión definitiva. Es una propuesta de directiva aprobada por la Comisión Europea, que debe negociarse con los 27 y ser aprobada por el Parlamento. "Puede sufrir modificaciones", destacan. 

En cualquier caso su relato es que está en línea con la actuación del Gobierno que, mantienen, ha dado pasos contra la corrupción, incluyendo nuevos tipos de malversación. Esto fue precisamente lo que esgrimió el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comparecencia junto a su homólogo colombiano, Gustavo Petro. "A España le coge deberes hechos". "En la reforma incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito, que no aparece en otros ordenamientos europeos”, defendió. 

La postura del Gobierno es que en el planteamiento de Bruselas "tiene cabida" la modificación española del Código Penal de 2022, en la que se distingue la malversación con ánimo de lucro y sin él. Aunque esa diferenciación no esté incluida en la propuesta europea en Moncloa sostienen que no la deslegitima porque los cambios no afectan a este punto. Sí asumen que, si finalmente esta directiva es aprobada, tendrán que endurecer las penas pero como el resto de países. "La mayoría de los estados miembros deberá hacer cambios en sus legislaciones nacionales".

El foco de la Moncloa no está, desde luego, en los cambios que en el futuro haya que introducir en la malversación, sino en alinear su discurso con lo que ellos detectan como las verdaderas preocupaciones de la gente. Actuaron para cambiar la ley del 'sí es sí' cuando detectaron que les penalizaba su inmovilismo frente a la alarma social de la reducción de penas . Y ahora están centrados en temas como la vivienda, el medio ambiente, el precio de los alimentos o las subida de los tipos de interés.