El fiscal de Sala contra el odio y la discriminación advierte: “Todos podemos ser víctimas de estos delitos”

El fiscal de Sala encargado de coordinar todas las fiscalías en la lucha contra los Delitos de Odio y la discriminación, Miguel Ángel Aguilar (Remscheid -Alemania-, 1965), es un pionero en esta especialidad, que estrenó en la de Barcelona en 2009, cuando ni siquiera había cifras de la comisión de este delito. En una entrevista con este diario advierte de que se trata de un delito del que podemos ser víctimas todos, hasta los miembros de un colectivo en principio sin riesgo de ser discriminado, porque también se puede sufrir por la edad o la discapacidad.

¿La creación de una Fiscalía de Sala obedece a que falta coordinación entre comunidades autónomas?

La Fiscalía General del Estado venía trabajando en la lucha contra estos delitos. La Fiscalía de Barcelona creó este servicio en 2009. En 2011 se nombró un fiscal delegado para coordinar a los fiscales en esta materia. Poco después aparecieron en Málaga, Sevilla y Madrid fiscales que se dedicaban de forma especializada a este tipo de delitos. Especializándonos, como en otras áreas, como violencia de género o Anticorrupción, se consiguen mejores resultados. La ley de igualdad de trato prevé esta especialización en cada Fiscalía Provincial con una sección y dentro de la Fiscalía General, una unidad especializada que coordina a los fiscales especialistas.

Esa ley está recurrida en el Constitucional, ¿cree que esta especialidad sería posible con un gobierno que integrara la extrema derecha?

La lucha contra los delitos de odio y discriminación es un tema de derechos humanos, nos afecta a todos, protege a todos los ciudadanos. Quien piense que está en un colectivo que no puede ser víctima de discriminación se equivoca, porque tarde o temprano, con la edad, con la enfermedad, con la discapacidad vamos a entrar en contacto todos. La lucha contra este tipo de delitos debería tener el consenso necesario. Que te impidan entrar a un restaurante porque vas en silla de ruedas es un delito; negarte el acceso a un servicio público por discapacidad o edad puede ser delito.

¿Falta pedagogía?

Hay muchas personas que sufren un comportamiento delictivo y no lo saben, porque lo tienen interiorizado en su vida normal. Yo he hablado con mujeres gitanas que dicen que no las dejan entrar en un supermercado y se van a otro y personas magrebís no les dejan entrar en una discoteca y piensan que es lo normal.

Hay que hacer información de derechos, campañas de sensibilización. Hay comportamientos delictivos que están en el Código Penal, pero hay otros discriminatorios que no tienen la gravedad o entidad del delito, pero sí para una sanción administrativa, como cuando te multan por saltarte un semáforo, pero no te detienen.

La ley de igualdad de trato establece un régimen de sanciones administrativas, que hay que desarrollar. Esa ley prevé una autoridad independiente de igualdad de trato con capacidad sancionadora que el nuevo Ejecutivo tendrá que poner en marcha.

¿Cuál es la principal dificultad para perseguir estos delitos?

El ciudadano tiene que saber que si es delito, lo puede denunciar y que el fiscal tiene al menos la obligación de que se investiguen y esclarezcan esos hechos; y en el caso de que haya hechos, pruebas y autores, se depuren responsabilidades, como corresponde a los tribunales de justicia. Todo el mundo sabe que si le pegan, lo puede denunciar, pero no que si te impiden el acceso a una discoteca por el color de tu piel también es delito.

Hay que ir poco a poco venciendo las resistencias que tienen muchas personas a denunciar. Hay quien no tiene opción: personas que tienen como hogar un cajero automático y que son golpeadas y humilladas. Estas personas no están lo suficientemente empoderadas, pero hay que generar la conciencia de que si tenemos otras pruebas, se haga. A veces hay imágenes del cajero automático y el director de la entidad bancaria puede poner en conocimiento de la fiscalía o de la autoridad judicial lo que aparece.

También las personas que sufren un delito, pero su situación en España es irregular y pueden temer ser expulsadas, o que en sus países de origen denunciar no comporta garantía de derecho sino persecución y esos miedos los arrastran a nuestro país. O personas con barreras idiomáticas. No es lo mismo que me enfrente como víctima de un delito yo, que tengo un soporte familiar, o que la familia esté a miles de kilómetros.

Con campañas de sensibilización, hay que ir empoderando a la sociedad civil para que haga labores de acompañamiento. Muchas veces la víctima denuncia porque esa entidad ha hecho una labor de empoderamiento de la propia víctima y la acompaña a presentar la denuncia. Fortalecer la sociedad civil también es muy importante para vencer estas resistencias que a veces nos encontramos.

¿Ayudan casos como el de Vinicius?

Vicinius ocupa una situación de proyección muy importante y ha dado a conocer casos que están ocurriendo. Lo que me preocupa son víctimas que no tienen esa proyección, que son anónimas, que a veces son niños en encuentros donde las medidas de seguridad, la grabación de imágenes, no existe. El caso Vinicius ha ayudado a visibilizar y hacernos conscientes de que esos hechos ocurren y son absolutamente intolerables y rechazables.

Cuando tengan un componente de humillación pública con gran repercusión, por el color de la piel o la orientación sexual, no solo está afectado el honor de esa persona, sino también su dignidad y la del colectivo al que pertenece. Corresponderá al fiscal depurar responsabilidad penales con todas las dificultadas que tiene, porque a veces esto se produce de una forma coreada por muchas personas y tienes que atribuir la responsabilidad penal a una en concreto que ha participado en esas expresiones racistas u homófobas concretas.

¿Hay algún cambio legislativo pendiente?

Evidentemente todo tiene matices y se pueden hacer mejoras técnicas, pero España tiene buena legislación para perseguir estos delitos. Incluso en algunos aspectos superamos los estándares europeos.

¿Cómo han evolucionado estos delitos desde 2009?

Cuando empecé no había cifras, ni se hablaba de delitos de odio. Fuimos la primera institución oficial del Estado que usó esta terminología, que ya utilizaban algunas organizaciones de la sociedad civil. Los delitos de odio no es una invención española, es el nombre que se da a nivel internacional; hay que mirar siempre más allá de los Pirineos.

Se trata de delitos cuya motivación obedece a veces a la animadversión, al rechazo del diferente, a la voluntad de excluirlo y discriminarlo. Y son comportamientos que ya estaban en el Código Penal de 1995, que se cometen por motivos racistas, antisemitas o de orientación sexual, discapacidad o género. Luego el legislador ha ido incorporando nuevos motivos de discriminación, como el antigitanismo, la aporofobia -cuya introducción fue muy luchada por la Fiscalía- o la edad. En Barcelona tuvimos un caso de una mujer a la que se prendió fuego en un cajero automático, simplemente por ser pobre, y no se pudo aplicar ninguna agravante porque no existía la de aporofobia, que sí tenemos desde 2021.

Habrá que ver si hay que incluir otros motivos, como puede ser el aspecto físico o el uso de las lenguas oficiales o el origen territorial dentro de España, que también puede ser motivo de discriminación. La sociedad está en permanente evolución y el Código Penal tiene que adaptarse.

¿Qué es lo que más le preocupa?

Las agresiones físicas. Que una persona vaya por la calle cogido de la mano con su chico o con su chica, o que una mujer lleve pañuelo como expresión de su identidad religiosa y esté en una parada de autobús y le escupan y le digan "mora de mierda vete a tu país". Eso socava el modelo de convivencia por el que hemos apostado, y los principios constitucionales, como son el principio de igualdad, la dignidad de las personas, el libre desarrollo de la personalidad y la prohibición de la discriminación. No son principios caprichosos de nuestra Constitución, son el auténtico núcleo duro de la Constitución. No estamos hablando de principios accesorios, ni de modas.

Para acabar ¿cuál es el mejor antídoto contra el odio?

Educación, con mayúsculas, negrita y subrayado. Es la mejor vacuna para romper prejuicios y estereotipos y no solo para respetar, sino para apreciar la diversidad. La diversidad nos da riqueza como sociedad, nos engrandece y nos lleva a una sociedad no solo más justa y más igual, sino más feliz. Por ello es importante invertir, porque no es un gasto, en educación y en campañas de sensibilización para apreciar esa diversidad. Ojalá no tuvieran que existir los delitos de odio, pero que para que no crezcan, hay que invertir en prevención, y la mejor es la educación.