Durante las últimas semanas estamos viendo cómo Suma, el organismo autónomo de la Diputación, se ha colado entre las palmeras para anunciarnos que ya está con nosotros. El equipo de gobierno municipal decidió a finales del pasado año transferir el cobro de los impuestos municipales a la entidad provincial, circunstancia que, en la permanente campaña de marketing político con la que nos obsequia, día a día, semana a semana, el alcalde ilicitano, Alejandro Soler, no está pasando nada desapercibida. Vallas, mensajes publicitarios en las paradas de los autobuses o en plazas y calles, traseras de los vehículos del transporte público e incluso hasta un masivo envío personalizado de cartas nos anuncian este traspaso. En algunos casos, como el de las misivas que rubrican el primer edil y el responsable de Suma, nos hacen creer que todo van a ser ventajas para el sufrido contribuyente. Posibilidad del pago fraccionado (aunque con intereses de por medio), más centros de atención para los ciudadanos y hasta un mayor plazo a la hora de satisfacer las obligaciones fiscales.

Uno se pregunta, si todas estas ventajas existían, cómo es que no habíamos entrado con anterioridad a formar parte, como la inmensa mayoría de los municipios de la provincia, de esa red que conforma Suma. Parece claro que la decisión que ha llevado al equipo de gobierno local a tomar el acuerdo se sustenta en la posibilidad de mejorar sustancialmente la liquidez de las arcas municipales ya que el Ayuntamiento podrá pedir el adelanto de las recaudaciones que la entidad de la Diputación logre, eso sí, con el consiguiente abono de intereses. Independientemente de satisfacer más de 600.000 euros de las arcas municipales por esta despreocupación fiscal y del político de turno, que se quita de enmedio y no tendrá que atender a todos aquellos que sufren en esta época acuciantes problemas económicos.

Sin embargo, lo que ninguna de las partes directamente implicadas había anunciado, publicitado y divulgado es que las condiciones que van a tener los contribuyentes ilicitanos no son las mismas. Si, hasta el 1 de febrero, el Ayuntamiento cargaba en las cuentas de todos aquellos ciudadanos el importe de los recibos correspondientes, a partir de ahora esa circunstancia se modifica sustancialmente. Quienes se han interesado en conocer si esta posibilidad se mantenía ya saben que Suma detraerá las cantidades correspondientes de la cuentas bancarias de los que tengan domiciliados los pagos el próximo 1 de abril, más de un mes antes de que finalice el plazo. La explicación que el organismo de la Diputación ofrece a los que preguntan por esta circunstancia es que de este modo se podrán subsanar en el periodo de tiempo de pago voluntario aquellos errores o anomalías que se detecten, sin tener que cobrar recargo alguno. Precisamente, todo lo contrario que hasta la fecha se hacía y argumento utilizado en las campañas municipales para la domiciliación de los recibos. De este modo, el verdadero perjudicado con la operación va a ser el sufrido contribuyente que autorizó en su momento el pago directo a través del banco, porque no obtiene beneficio alguno, que no tuviera antes, pese a lo que digan los reclamos publicitarios y va a tener que ingresar en el erario público sus aportaciones al fisco con mayor anticipación. Eso sí, nadie se ha preocupado de anunciarlo y explicarlo a los directamente afectados para evitar suscitar las críticas y la desaprobación de la decisión de los responsables políticos municipales. Ante esto no es de extrañar que más de uno se plantee volver a ejercer de manera personalizada y cuando se le antoje el pago a la Hacienda Local. Es lo único que ya nos queda.