Carmen empieza su jornada laboral a las nueve de la mañana. Es administrativo en una empresa de calzado. Pero el día de Carmen comienza a las cinco y media de la madrugada con una ducha y un café rápido para estar en casa de sus padres a las seis.
A esa hora termina el turno de Jaqueline, la mujer colombiana que cada noche se encarga de velar el sueño de Adela, la madre de Carmen, que sufre alzheimer desde hace ocho años y que se encuentra en una fase de la enfermedad que la ha convertido en una gran dependiente. Pese a todo Carmen se cuenta entre las personas afortunadas de esta comunidad, y especialmente de la ciudad de Elche, que perciben desde hace un año la ayuda contemplada en la Ley de la Dependencia. Eso sí, el proceso fue largo y complejo y tardó casi dos años, una vez aprobada la ayuda, en empezar a percibirla. Gracias a ella ha podido contratar a Jaqueline cuyo sueldo, sin embargo, ha tenido que adelantar de su bolsillo los dos últimos meses por el retraso en ingresar las ayudas por parte del Consell.
El pasado día 30 de diciembre, con el segundo café de la mañana, Carmen leyó las primeras diez medidas económicas que el nuevo gobierno de España va a poner en marcha. Entre ellas, la de posponer a 2013 la introducción de nuevas categorías en el sistema de beneficiarios de la Ley de Dependencia. Es decir: retrasar un año la concesión de las ayudas a los dependientes de grado 1 ó dependientes leves. Y Carmen, como tantos ciudadanos de esta Comunidad se pregunta, por qué los políticos ponen en marcha leyes y decretos que luego no pueden o no son capaces de cumplir.
En Elche la media de espera para recibir las ayudas una vez aprobadas, esta por encima del año. Más de dos mil dependientes han fallecido desde la aprobación de esta Ley, sin llegar a recibir ni un primer euro de ayuda y en la actualidad no se ha resuelto ningún expediente desde el mes de marzo. Es decir, el gobierno autonómico ha pasado a la resistencia pasiva: si no aprueba los expedientes no tiene que empezar a pagar.
En este punto los dependientes y sus familiares se enfrentan a varias etapas. Emulando a Hércules y sus "trabajos" esta carrera se compone de varios obstáculos a saltar: reunir toda la documentación necesaria para presentar la solicitud; pasar por todas las pruebas médicas e informes de los servicios sociales para confirmar el grado de dependencia del solicitante; esperar un año (la Generalitat firmó un decreto comprometiéndose a informar en el plazo de seis meses pero ahora lleva nueve sin resolver ninguno) a que la Generalitat resuelva el expediente ; que dé su informe favorable; esperar otro año a que llegue la ayuda económica; adelantar el dinero del cuidador contratado porque, incluso aprobada la ayuda, en el último mes y medio no ha llegado todavía, y por ultimo completar el turno del cuidador principal porque con la ayuda que recibe no se puede pagar dos sueldos.
Carmen me contó todo esto hace unos días y me preguntó cómo veía yo que el Ayuntamiento estudiara la posibilidad de defender los derechos de sus ciudadanos hasta sus últimas consecuencias, llegando incluso a la vía judicial para que el gobierno Autonómico agilice estas ayudas. Me pilló desprevenida pero en los últimos días he reflexionado sobre ello. Sí. Creo que el Ayuntamiento, los ayuntamientos, del color político que sean, deben luchar por los intereses de sus ciudadanos y deberían estudiar toda las posibilidades de actuar, incluida la denuncia por vía judicial para que se cumplan las ayudas previstas por la Ley de la Dependencia. Sé que las demandas entre administraciones no son habituales y desde luego no son deseables, pero a veces no queda más remedio que posicionarse claramente del lado de quien amparado por la razón y por la Ley ve vulnerados sus derechos fundamentales.
P.D. Según la Plataforma en Defensa de la Aplicación de la Ley de la Dependencia, en la Comunidad Valenciana hay 31.264 dependientes que teniendo derecho no perciben esta prestación. ¿Cuántos más morirán antes de percibirla?
