En la vida social, nada escapa a la influencia de "lo político", porque "lo político" tiene que ver con la manera de organizar la sociedad y en ésta siempre hay algún tipo de organización y siempre están sucediendo cambios. Si alguien soñaba con una sociedad sin políticos más vale que se vaya despertando, porque siempre habrá quien tenga algún papel de mayor relevancia a la hora de adoptar las decisiones que se convierten en normas. Se podrá discutir cómo seleccionamos a estos sujetos, si visten de paisano o de uniforme, de qué forma van a obtener ingresos para subsistir o cómo van a rendir cuenta de su actuación, pero lo que es inevitable es su existencia. Y aunque política hacemos todos, pues todos contribuimos con nuestras acciones u omisiones a la marcha de la sociedad, no cabe duda de que la responsabilidad principal respecto del funcionamiento de las cosas recae sobre los que nos dedicamos profesionalmente a la actividad política, en una u otra forma. Por eso sostengo que los políticos, depositarios del poder que nos han transferido los ciudadanos, estamos obligados a dar cuantas explicaciones se nos pidan, en relación con las circunstancias y las motivaciones de nuestros actos.
Viene todo esto a cuento de las informaciones aparecidas en este periódico sobre los precios de la cafetería de les Corts Valencianes y de las reacciones que se han suscitado a raíz de las mismas. Cuando surgen noticias que mueven a escándalo, hay quien recomienda esperar a que "escampe", dejando enfriar el asunto. Yo creo que siempre hay que dar explicaciones y aquí estoy, dispuesto a darlas y a asumir la responsabilidad por los errores que hayamos podido cometer.
La citada cafetería viene funcionando prácticamente desde el inicio de la actividad parlamentaria, en los primeros ochenta. No es un caso singular. En muchos centros públicos, con actividad de mañana y tarde y con un número de trabajadores significativo, existen esas instalaciones. Estoy hablando de centros que van desde hospitales a universidades, por citar algunos ejemplos conocidos. La cafetería de les Corts está abierta al uso de cualquiera que tenga acceso al edificio. Sus servicios son utilizados, por igual y con los mismos precios, por funcionarios de la Institución, por funcionarios de las consellerias de los alrededores, por trabajadores de los grupos parlamentarios, por periodistas, por visitantes de todas clases y por los diputados. No es, ni mucho menos, un servicio exclusivo para los diputados, como alguno puede llegar a pensar. Los parlamentarios seguimos las normas, como todos y, si queremos comer y no hay mesa, esperamos, como todos. También pagamos los precios que pagan todos.
Actualmente está en vigor un contrato de concesión, que viene de años atrás y que la Mesa de la Cámara decidió no prorrogar. Este contrato otorga a la concesionaria una subvención mensual de 17.280 euros. Para el próximo contrato, el objetivo de la Mesa es adjudicar el servicio sin aportar subvención alguna. Así, se ha diseñado un pliego de condiciones que otorga 50 puntos, sobre 100, a aquella oferta que contemple subvención cero. Hay una escala inversa que posibilita ofertas que contemplen una subvención mensual máxima de 10.000 Euros, lo que quiere decir que a mayor subvención ofertada, menos puntos obtendrán en el concurso. ¿Por qué no plantear subvención cero directamente, de manera que en ningún caso se gaste dinero público? Porque, desde que se hizo el primer concurso, hay siete trabajadores afectos al servicio de cafetería que son trabajadores de la empresa concesionaria mientras está en vigor un contrato, pero que pasarían a depender de les Corts y a cobrar de la Institución, si quedara desierto el concurso. La cifra de la subvención máxima que contempla el pliego equivale a lo que tendrían que gastar les Corts si ninguna empresa se hiciera cargo de la explotación. En el pliego se otorgan hasta 20 puntos al apartado de precios, pero no se prima la baja sino el equilibrio económico de la concesión, con lo que se incita a las empresas a presentar propuestas reduciendo la subvención y aumentando los precios. Ya aventuro que los precios no serán lo que son. El plazo de presentación de propuestas terminó el viernes 18 y las plicas se abrirán, en público, el jueves 24, lo que quiere decir que todavía no se ha adjudicado el concurso. La Mesa de contratación estará compuesta, exclusivamente, por funcionarios.
La fórmula aprobada intenta evitar cualquier gasto público, teniendo en cuenta las obligaciones preexistentes con los trabajadores. No se nos ha ocurrido otra. Se nos puede responsabilizar por esa falta de imaginación. También se nos puede responsabilizar por mantener el mismo trato para los diputados, los funcionarios y periodistas que allí trabajan o los visitantes. Yo, personalmente, asumo esa crítica. Un diputado que además esté en la Mesa o sea portavoz de una Comisión cobra un salario anual equivalente al de un Jefe de Sección de la Administración autonómica. Incluyo el complemento por su cargo en la Comisión. Con el resto de los conceptos que percibe, por la distancia de su domicilio a les Corts, no cubre, ni de lejos, el coste de los desplazamientos que debe hacer, porque sus reuniones no se limitan a las oficiales en Valencia. Un diputado es un auténtico viajante, de reunión en reunión, aquí y allá, y por esos desplazamientos no recibe compensación alguna. El sueldo es, desde luego, superior a la media, pero no creo que sea desproporcionado, en relación con la función desempeñada.
Todo esto es, por supuesto, discutible y yo estoy dispuesto a hacerlo con quien quiera. No me parece que los diputados debamos ser acreedores de privilegios, pero tampoco estigmatizados. Somos, a todos los efectos, funcionarios eventuales y así debemos ser tratados. También tenemos algunas obligaciones suplementarias, como la de dar explicaciones, muchas explicaciones.
