En España empieza a amanecer

Sánchez, tras suspender su agenda pública y retirarse a meditar sobre la decisión que debía tomar ante la admisión de una denuncia frente a su esposa y la apertura, frente a la misma, de unas diligencias previas, denuncia a la que se ha sumado ahora una querella de «Hazte oír», ha decidido continuar en el cargo y poner marcha un regeneración democrática. Su discurso es un calco de lo que denunciaba en su carta de pesar remitida a la ciudadanía en general, con críticas alarmantes a la derecha judicial y mediática, es decir, a los jueces (otra vez el lawfare) que aplican la ley y a los medios de comunicación en un país libre, calificados todos de derecha. Todo lo dicho por él y su entorno debe entenderse poco respetuoso con el sistema democrático y manifestación preocupante de la confrontación basada en la irracionalidad, en las pasiones, en los bloques que se han ido creando en este país, hasta hace muy poco orgulloso de haber conseguido un poco de concordia y de entendimiento, de comprensión entre ideologías que, como sostiene Wagenstein, se suelen confundir con el sistema político, siendo evidente que esta equiparación es engañosa y, normalmente, falsa. Conforme establece el art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda denuncia ha de ser admitida e investigada si tiene respaldo en hechos de apariencia delictiva y si no es manifiestamente falsa. Si aparecen indicios de que los hechos pueden ser constitutivos de delito, la admisión de la denuncia es obligada, no una mera facultad judicial y la apertura de la investigación, una consecuencia legalmente establecida. Para todos, sin excepción. Y lo digo al margen de cualquier consideración sobre el fondo, sus fuentes incluso.

Esta opinión me la reservo por respeto a los tribunales. Una querella, exactamente igual conforme al art. 313 de aquella ley. Y en ambos casos no es posible investigar sin la previa admisión porque todo investigado tiene derecho a participar en su investigación, siendo nulo actuar sin su conocimiento por razones estrictas de defensa. Aunque el PSOE, que ha perdido el paso, considere que existe «lawfare» contra Sánchez, debe saber que el juez está aplicando la ley. Regenerar la Justicia, democratizarla, no puede significar otra cosa que politizarla en boca de quienes han sembrado en este país la sospecha frente los tribunales que cumplen su función con rigor y seriedad. La única reforma que necesita la Justicia, de verdad y urgentemente, es la contraria, la que refuerce su independencia. Esto es el estado de derecho, lo otro, autoritarismo. Sostener, como hace el presidente, el carácter espurio de una denuncia, que no es solo un derecho, sino un deber legal (art. 259 de la LECrim), por el hecho de provenir de lo que llama derecha o extrema derecha es un ataque frontal a la igualdad y un desprecio manifiesto a la ley, pues viene a decir, ni más ni menos, que las denuncias deben admitirse o inadmitirse según la ideología del denunciante y según quien sea el denunciado, si es inmune o impune por razones también ideológicas. No son los hechos, sino las convicciones o ideas de los denunciantes y denunciados los que deberían, parece decir, constituir el elemento esencial a la hora de admitir una denuncia legalmente formulada y admitida conforme a la ley.

Quienes apoyan estas tendencias imponen sus opciones o pasiones sobre la ley y, paralelamente, se adhieren inquebrantablemente a esta idea autocrática de la inmunidad de sus líderes y la necesidad de obligar al Poder Judicial a abstenerse de investigarlos, así como de que la prensa se ciña al guion de la verdad oficial, imponiendo leyes que cercenen la libertad de información y opinión y controles estrictos frente a quien critique al poder establecido. Incluso una parte de la prensa, que se califica de independiente, reclama medidas contra las «noticias falsas» que hacen equivalentes a las que difieren de las verdades que ellos califican de absolutas. Poca independencia y excesiva soberbia. Y proponen comités de censura que valoren la verdad y la falsedad. ¿Dónde vimos esto no hace tanto? Grave, muy grave es que Sánchez deslegitime una denuncia por la ideología del denunciante y mucho más que cargue contra la prensa que se adhiere a posiciones que no comparte, tan legítimas en un sistema democrático como las otras. Y mucho más que hablen, él y su partido, de una derecha judicial que es prevaricadora porque le atribuyen esta cualidad. Grave que se atribuya la competencia de declarar la inocencia o culpabilidad de nadie y que deslegitime una denuncia por entender que afecta a quien, desde el Ejecutivo, se juzga y absuelve por encima de los tribunales y la ley. Disentir y defenderse es legítimo, un derecho; despreciar un acto por su procedencia, irresponsable. Llamar a una movilización frente a una resolución judicial, incompatible con el sentido común y con las bases de la democracia. Y absurdo, porque el Poder Judicial no se va a ver afectado por manifestaciones trumpistas o las que llenaban la Plaza de Oriente. Por mucho que cambien las leyes, la independencia de los tribunales y su sumisión a la ley no podrá nunca doblegarse. No se engañen. Su diferenciación entre libertad de expresión y de difamación precisa también de aclaración cuando se hace por un presidente del Gobierno. Trasluce una voluntad de recuperar la censura previa. La ley es clara y la jurisprudencia, también. Ese camino está vedado y la ley no puede ser modificada, ni siquiera por unanimidad del Congreso porque la Constitución y los Tratados Internacionales no lo permiten. No hay que tener miedo, aunque sí preocupación por las tendencias autoritarias del presidente y su partido. Aunque se empeñe o empeñen el sistema no va a cambiar. Lo siento por los que cautivados y absorbidos por su yo más íntimo, desean con fervor que en «España vuelva a amanecer».