Es tal la desesperación del personal, que es capaz de embarcarse en unas batallas hace unos años impensables. Que el Consell no paga o que lo hace tarde y mal es por todos sabido. Pero que la federación de padres de alumnos mayoritaria en los centros escolares de la provincia, Gabriel Miró, haya decidido llevar a la Conselleria de Hacienda a los tribunales para reclamar las subvenciones por la compra de libros del pasado año, es algo novedoso y digno de explorar. La deuda ronda los 11 millones y afecta a más de 100.000 alumnos en toda la Comunidad Valenciana. No es una tontería como tampoco lo es la iniciativa de pedir al juez el embargo del Palau de la Generalitat para exigir el pago de las becas. Aunque sea más bien un gesto de cara a la opinión pública porque ya sabemos lo difícil que es embargar un bien público. El departamento de Catalá no sólo no paga lo que debe, sino que entre medias aprovecha para cargar contra los interinos y hacer selección -a gusto de la casa- de aquellos profesores más identificados con la causa. El intento de confeccionar una bolsa de trabajo a la medida de los gustos de la consellera roza lo indecente y antidemocrático, aunque me temo que a estas alturas a ella es lo que menos le importa. Así que a los interinos les toca manifestarse de nuevo para salvaguardar su futuro. De todas formas no estaría mal que el ejemplo de la federación de padres se extendiera a otras áreas y con otras iniciativas, simplemente por el mero hecho de tocar las narices. Una fórmula que podría ponerse en marcha es que los notarios -ahora que hay escasa compraventa de casas- visaran los compromisos electorales de lo políticos. Sin embargo, pensándolo bien, también sería una pérdida de tiempo. Que se lo pregunten a los vecinos de Sant Joan d'Alacant que se han comido el crematorio a pesar de que su actual alcalde, el popular Manuel Aracil, se comprometiera en plena campaña ante notario a que si llegaba al gobierno local no se llevaría a cabo la instalación. Y ahora, después de la mentirijilla, supongo que nadie embargará el Ayuntamiento, pero siempre se podrá desahuciar al edil, alcalde o conseller de turno.