La patronal, que ha emprendido en los últimos tiempos una encomiable cruzada de declaraciones contra la corrupción política, continúa ciega y sorda cuando se trata de reconocer y, en último término, condenar determinadas prácticas, habituales en parte de sus asociados, que basculan entre la picaresca y el fraude de ley y que constituyen desde hace mucho tiempo un mal endémico en el tejido empresarial alicantino, con especial incidencia en la industria. Las cifras desvelan la tozuda realidad de que el sector manufacturero es el principal nutriente del paro estival en esta provincia a lo largo de los años e independientemente de la situación de bonanza o de crisis por la que atraviese la economía, un hecho que no por repetido pierde su importancia, ya que revela que, como han denunciado hasta la extenuación los sindicatos, la práctica de cancelar contratos para sortear el pago de vacaciones y de seguridad social durante los dos o tres meses de menor actividad se encuentra enquistada hasta la médula, algo que resalta aún más cuando se da la situación ocurrida ahora, en que la crónica destrucción de empleo industrial en la provincia lleva a ésta a situarse a la cabeza de las que incrementan el paro en el mejor mes de agosto a nivel nacional desde 2000. Y precisamente por esto destaca también, y de igual modo en sentido negativo, la valoración del secretario general de la patronal alicantina Coepa, Fermín Crespo, publicada ayer por este diario, calificando de mera «faceta de nuestra industria» la finalización de contratos laborales en agosto y asegurando que «no conoce a nadie» que los cancele para ahorrarse costes. Otra oportunidad perdida.
