El emperador romano Augusto dio la orden de que los números XVII, XVIII y XIX jamás fueran vueltos a utilizar para ninguna de sus legiones. Días antes dichas legiones habían sido aniquiladas por los germanos en una emboscada en los bosques de Teotoburgo. Desde Roma se fue implacable con los participantes en el desastre, prohibiendo incluso a los escasos supervivientes que pusieran un pie en Roma. Tiberio, sucesor de Augusto, organizó años más tarde una campaña que tuvo como objetivo recuperar las águilas de las legiones perdidas y dar a los muertos en el combate el destino necesario, ya que los germanos habían dejado los cuerpos de los romanos derrotados a la intemperie.
Del desastre los romanos pudieron obtener muchas conclusiones, pero una de ellas fue el castigo a los que habían deshonrado al ejército romano, a través de esa prohibición de Augusto de que los números de las legiones derrotadas pudieran volver a ser utilizados.
El president Fabra y algunos dirigentes del Partido Popular han lanzado un mensaje, bueno más que uno, varios y no siempre iguales, de tolerancia cero contra la corrupción y se han comprometido que sus listas no tendrán imputados. Pero a la firmeza que intentan demostrar cuando emulan al gran Augusto haciendo propuestas, se observa por otro lado la debilidad que demuestran a poner sus propuestas en acción. Mientras, Císcar sigue apoyando a Sonia Castedo como candidata a la Alcaldía a pesar de su imputación, los casos de corrupción de destacados miembros del Partido Popular atraviesan la imputación para llegar a la apertura de juicio oral. Parece que se va a ser implacable con Milagrosa Martínez, echándola del grupo popular de las Cortes, aunque no sabemos si se la va a seguir apoyando como alcaldesa de la ciudad de Novelda. También se filtra que se va a presionar al anterior alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, para que deje su escaño en las Cortes.
Si me permiten abrir un paréntesis, me gustaría retomar el tema del aforamiento. El hecho de que el señor Alperi deje su escaño en las Cortes Valencianas abre una nueva serie de posibilidades para que la alcaldesa de Alicante también lo haga y cambie el panorama judicial de ubicación. Esto es como si a mitad de un partido uno de los equipos pudiera decidir cambiar de árbitro pensando que puede haber otro que le convenga más. Mientras en la mayoría de países civilizados el número de aforados es ridículo o inexistente en España se cuentan por miles. Lo que a lo largo de la Historia nació como una garantía para hacer efectiva la separación de poderes y evitar que los jueces -como miembros del Poder Judicial- actuaran contra el Ejecutivo o el Legislativo, se ha convertido en un privilegio de los políticos del que se benefician miles de cargos públicos. Estos aforados sólo pueden ser investigados y juzgados por el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia de las comunidades o las audiencias provinciales en razón de su cargo. Siempre he considerado necesaria la supresión de los privilegios de la inviolabilidad, inmunidad y aforamiento de los políticos y otros cargos. Recuerdo que le hice una pregunta a Ángel Luna en uno de los debates realizados en el Club INFORMACIÓN al respecto, curiosamente me replicó hablando que los jueces mayoritariamente eran de un signo político porque no todo el mundo se podía permitir dedicar tanto tiempo al estudio y la preparación de unas oposiciones.
Volviendo al tema de los imputados, cabe añadir que el discurso de Fabra es poco creíble, cabe como ejemplo su reciente apoyo a una moción de censura en Orihuela con un grupo municipal plagado de imputados con la excusa de que la candidata a alcaldesa no lo era. La pregunta es si sólo es reprochable el hecho de que el alcalde sea imputado y no si en el resto del equipo tiene varios.
La sensación que me da a mí es que el Partido Popular está cargando contra sus imputados de cara a la galería y que realmente solo se emplea duro contra aquellos que considera ya amortizados. Desgraciadamente parece que pesa más el hecho de que un imputado pueda dar votos más que el que tenga problemas judiciales.
No estoy de acuerdo con esta visión, la judicialización de la vida política en Alicante se ha convertido en una pesadilla para la ciudad. El equipo de gobierno no piensa a medio plazo, no piensa en las necesidades de los ciudadanos, piensa en el próximo juicio y si es mejor celebrarlo en Valencia o en Alicante.
Mucha gente aceptaría la comprensión de Tiberio con los caídos, pero considero imprescindible que Fabra fuese igual de poco tolerante como Augusto con estos imputados, esto le permitiría presentarse de otra forma a los ciudadanos. No lo ha sido y esa eterna ambigüedad nos hace dudar realmente de si seguirá permitiendo que sus legiones lleven determinado número de imputados.
