Vamos a ser cuidadosos con los adjetivos. Vamos a escribir sólo que la primera impresión tras la reunión mantenida entre los líderes del tripartito que gobierna Alicante -Echávarri, por el PSOE; Pavón, por Guanyar; y Bellido, por Compromís- es de perplejidad. Nada de lo que vimos el viernes tiene que ver ni con lo escuchado ni con lo leído durante la pasada campaña electoral. Y las explicaciones que sobre todo Miguel Ángel Pavón viene dando desde que los directivos de la multinacional sueca se fueron causan a cada minuto mayor estupor.
El tripartito ha pasado del mantra «Ikea, sí; macrocentro, no», a manifestar su disposición a encontrar una vía que garantice «una tramitación rápida que dé seguridad jurídica» para que se instale en Rabasa una superficie comercial que entre mueble y no mueble ocuparía 300.000 metros cuadrados, desequilibrando de distintas formas la ciudad, su comercio, su ocio, su hostelería y, en definitiva, sus calles. Vale que los socios de gobierno dicen -no sabemos qué dice Ikea- que en posteriores conversaciones se intentará -subrayo el condicional- reducir tamaña superficie. Pero lo sustancial entretanto es que hemos pasado del «macrocentro, no», al «vamos a negociar».
El tripartito no sólo llegó al poder con ese principio, se suponía que inamovible, de que el macrocentro nunca se admitiría, sino también con la promesa de radical y absoluta transparencia. Sin embargo, sus líderes se reunieron el viernes con los ejecutivos de Ikea en total ausencia de esa transparencia. Frente a unos directivos que ya son conocidos en toda España por su voracidad y dureza, Echávarri, Pavón y Bellido no se hicieron acompañar ni siquiera de un técnico municipal que pudiera darles la réplica, no sé si porque no se fían de ellos o porque no querían testigos de lo que se hablase. También se plegaron a la exigencia de Ikea de no encontrarse ni a la entrada ni a la salida con nadie, especialmente con la Prensa. El tripartito permitió que accedieran por una puerta falsa y se fueran por la misma. El último alcalde del PP, Miguel Valor, no se entrevistó con ellos porque no aceptó esas condiciones. Echávarri, Pavón y Bellido sí admitieron reunirse como si estuvieran cometiendo un acto reprobable: permitiendo que los representantes de la multinacional se escabulleran de los periodistas, y por ende de los ciudadanos, como si escaparan de la escena de un crimen.
El tripartito se defiende ahora diciendo que el viernes consiguió que Ikea se «desvincule» de la figura urbanística del ATE que presentó la sociedad Alicante Avanza, promovida por el empresario Enrique Ortiz y de la que la propia multinacional es parte interesada. Pero, primero, no sabemos si es así: Ikea no ha dicho tal cosa públicamente ni, que se sepa, ha formalizado dicha desvinculación. Al contrario, lo que sabemos es que tiene una reunión pendiente, para tratar precisamente la situación del ATE, con la conselleria de Infraestructuras. Y, segundo, ¿qué significa, según el Ayuntamiento, que Ikea se desvincule del ATE? Porque en la práctica, no parece que quiera decir mucho. A ver: cuando los ejecutivos de la multinacional llegaron el viernes a Alicante, el ATE ya llevaba un par de semanas paralizado por la única administración competente para ello, la Generalitat. Luego, en todo caso, no es que Ikea haya cedido en nada, es que busca otra manera de conseguir lo que quiere. Y el Ayuntamiento acaba de abrirle esa puerta.
También sostiene el tripartito, por boca de su concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, que el hecho de que Ikea «sólo» pretenda instalar su tienda más el macrocentro supone acabar con el pelotazo que Enrique Ortiz quería conseguir en Rabasa. No sé qué le hemos hecho a Pavón para que nos tome por tontos: el ATE, como acabo de recordar, está paralizado por la Generalitat y la urbanización de Rabasa está a su vez paralizada por un juzgado. Encontrar una vía para que Ikea construya su tienda y el macrocentro en Rabasa redundará siempre en beneficio de Ortiz, puesto que con ello no tendrá que devolver los 150 millones que según el sumario la multinacional ya le pagó y, además, todo el suelo que rodea al futuro complejo disparará su valor; suelo que, en su gran mayoría, es propiedad de Ortiz. Como Pavón sabe mejor que nadie todo eso, sólo cabe concluir lo antedicho: que nos toma por tontos.
Los directivos de Ikea acuñaron hace tiempo una sentencia: «las plusvalías de nuestra apertura las generamos nosotros y nos las quedamos nosotros». Es una falacia absoluta, porque esas plusvalías se derivan en buena medida de las infraestructuras y los servicios que ponen a su disposición las ciudades en las que se instalan, pero son innumerables los políticos que se han tragado tal argumento. Ahora bien, que comulgue con una tesis tan neocon la izquierda resulta de una pobreza política aterradora. En la reunión del viernes todo indica que Echávarri, Pavón y Bellido no sólo dieron por bueno el discurso de la empresa, sino que para nada la presionaron con el cambio de ubicación sobre el que tanto habían cacareado antes. Obviamente, este periodista no estaba dentro del despacho ni tampoco tiene más versión que la dada por el tripartito, pero es evidente que si los tres políticos hubieran acudido al encuentro con el firme propósito de defender un emplazamiento alternativo se habrían llevado técnicos, planos y propuestas por escrito, cosa que no ocurrió.
Cuando el pasado mes de febrero la entonces concejal de Urbanismo del último gobierno del PP, Marta García Romeu, declaró en una entrevista en este periódico que el Ayuntamiento no pondría condiciones a Ikea, todos los dirigentes de la oposición, con la llamativa excepción de Echávarri, arremetieron contra ella. El más duro fue Pavón, que la acusó de hacer una «dejación de funciones lamentable». Me gustaría saber cómo califica ahora Pavón lo que hicieron, él mismo, el alcalde y el líder de Compromís el pasado viernes cuando se reunieron con Ikea para aceptar hablar de macrocentro, transigir con que pueda edificarse en Rabasa y permitir que la multinacional siga sin explicar sus planes con luz y taquígrafos. Eso, después de una campaña electoral como la que hemos vivido, no suena sólo a dejación: empieza a asemejarse más a una traición de los compromisos políticos con los que se alcanzó el gobierno. A tiempo están de corregir. Pero como parecen creer que su legitimidad les viene de nacimiento y no procede del ejercicio que hagan del poder que los electores les dieron, mejor no hacerse ilusiones. ¿A quién decían que iban a emponderar? ¿A los ciudadanos? A ver si al final resulta que era a los ciudadanos suecos.
