Las noticias que duelen, esas que tocan la fibra, provocan cierto malestar de conciencia y de ahí que suelan acabar pasando de puntillas. A menudo son objeto de rápidas propuestas de solución, en realidad dirigidas a finiquitar en breve cualquier polémica posible. Les muestro un ejemplo. Vivimos en un país en el que la pobreza infantil es una de nuestras mayores vergüenzas. Sin embargo, ahí sigue y no ocupa más protagonismo que el que se le otorga como arma arrojadiza en el debate electoral. Luego, el silencio. Si Victoria Bueno no hubiera sacado a la luz las carencias que siguen sufriendo menores escolarizados en la ciudad de Alicante, posiblemente nadie hubiera reparado en ello. Dentro del caos, reconforta comprobar que el compromiso social sigue caracterizando a algunos periodistas.
Los dramas humanos son múltiples y no siempre gozan del interés de los medios. Podemos cerrar los ojos ante el éxodo sirio, la hambruna somalí o la violencia de las favelas. Sigmund Freud explicaría esta conducta con algunos de sus conocidos mecanismos de defensa. Probablemente diría que se trata de una represión secundaria o de una negación. A efectos prácticos, lo mismo da. Con un lenguaje más llano, aplicaríamos la máxima de que ojos que no ven, corazón que no siente. Una postura muy difícil de asumir cuando el daño se produce en nuestro entorno más próximo. Y es que no hay más ciego que el que no quiere ver.
Cuando en un colegio se detecta un buen número de menores que no pueden disponer de tres comidas al día, hay motivos para dudar de la justicia humana. Y así ha ocurrido en Alicante. Si somos incapaces de asegurar algo tan básico como el alimento, los discursos igualitarios suenan fariseos. Dudo que exista animal alguno -más allá de los humanos- que permita esta barbaridad. Afrontar que la despensa está vacía, que no llegas a la noche, es duro. Para un padre o una madre, pocas experiencias pueden ser tan dolorosas como sentirse impotentes para resolver este tipo de carencias, cuando las sufren directamente sus propios hijos.
Reconozco que es una de las injusticias que más me enerva. A mi parte más primaria le encabrona soberanamente que andemos jugando a buenos y malos mientras vivimos, impasibles, a un par de metros de la penuria. Hablo, como es evidente, de quienes debieran dar cumplida solución a esta lacra. En la bancada popular no se ha oído queja alguna. Supongo que falta vergüenza torera para denunciar aquello que no mereció su atención mientras gobernaron. Por su parte, desde ese galimatías que llaman tripartito, han recurrido al deporte por excelencia de los políticos españoles: echar la culpa al pasado. Y es que el argumento de la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte, no puede ser más pueril. A su juicio, la responsabilidad no es de quien gobierna sino de quien gobernó. Omite que, precisamente por los malditos recortes, hoy es ella la responsable de las políticas sociales municipales y no los otros. En otros términos, es al actual gobierno municipal a quien pagamos para encontrar soluciones y, lo más importante, anticiparse al problema. Esto es servicio público, no lo olviden.
La solución no se encuentra en la crítica al contrario, como tampoco en hacer demagogia con la necesidad humana. La cuestión radica en solventar el problema, en que nadie viva con la congoja que produce saber que la comida no llega para todos. Y que esta situación no se repare a costa de la dignidad de quien la sufre. No hay lugar para dádivas ni ayudas, sino para el respeto del más elemental de los derechos: la vida. Porque de eso se trata, del derecho al alimento que nos faculta para vivir. Cabe exigir soluciones inmediatas y, al mismo tiempo, estructurales que acaben con esta infamia. La respuesta institucional no puede ser, en consecuencia, un auxilio puntual sino dirigida a asegurar que las necesidades se mantengan cubiertas ¿Tanto cuesta priorizar, en la agenda política, algo tan básico?
Ya puestos en materia, sería de agradecer un poco más de orden a la hora de enmendar el daño. Por mucho que la escuela sea el lugar idóneo para asegurar dos comidas e, incluso, entregar una tercera, dudo que la Conselleria de Educación deba estar obligada a asumir el coste de una medida de supervivencia. No andan muy sobrados para los menesteres que les son propios, como para ir cubriendo lo que no hacen otros. Tampoco es función de un ayuntamiento que, no obstante, debería estar en condiciones de detectar precozmente el problema y ofrecer una respuesta de urgencia inmediata. Algo tendrá que ver quien ostenta la responsabilidad de las políticas autonómicas de bienestar social o, si lo prefieren, de igualdad e inclusión social, que así les gusta en llamar ahora. Poco importa la denominación y, sí bastante más, los resultados.
Supongo que será de utilidad aplicar los principios básicos de la planificación. No estaría de más empezar por identificar las necesidades para poder orientar las políticas a desarrollar. Las carencias detectadas no son nuevas y, por tanto, es de suponer que el Ayuntamiento de Alicante dispondrá de algún indicador de seguimiento del problema. O debería porque, a la vista de las declaraciones de sus responsables, no eran conscientes de su existencia. La administración pública debe ser proactiva. Está obligada a detectar las necesidades -más aún cuando son previsibles- sin esperar a que les sean comunicadas. Por eso es inaceptable justificar su incapacidad para anticiparse, alegando que nadie les dijo nada. Más aún cuando, como parece, fueron debidamente advertidos por el centro escolar. Porque, en el supuesto de que la Concejalía de Educación no fuera conocedora de que cincuenta niños no tenían alimento, habría que preguntarse en qué diablos gastan el tiempo.
En esta historia hay víctimas -las familias-, malos -los responsables públicos- pero también buenos. Les hablaba antes de esos periodistas que nos confrontan con la realidad tal y como es. Junto a ellos, en esta ocasión merecen un reconocimiento especial quienes han suplido la incapacidad de las administraciones. Durante meses, los profesores del colegio Gloria Fuertes han buscado soluciones y suplido la dejadez de los poderes públicos. No era tan difícil detectar el problema, como tampoco aportar esos míseros 26 euros mensuales que precisaba cada menor. Ese era el esfuerzo que se requería. Tan poco dinero para tanta necesidad.
En fin, aún existen ejemplos que dignifican lo humano. Quedémonos con lo bueno.
