Se comenta ahora, como si de una novedad se tratara, la idea que presumen de haber alumbrado los actuales munícipes de Benidorm e, incluso, cargos tan representativos como la representación del Gobierno, de dotar a la ciudad capital del turismo de agentes de la autoridad de nacionalidades diferentes como bobbys ingleses, gendarmes franceses, y otros de diversos países europeos. No sé si también se piensa en extracomunitarios para las labores de control y vigilancia en las calles benidormenses durante las épocas de mayor afluencia y variedad turística.

La idea que, en principio, no está nada mal, pretende que los ciudadanos de otros países se encuentren «como en casa» viendo pasear a miembros de sus servicios del orden por las zonas más concurridas por cada una de las nacionalidades que, al propio tiempo, puedan prestar servicios de información en sus propios idiomas. Lo que pasa es que «la novedad» tan pregonada como si fuera una idea luminosa, no tiene nada de nueva.

Fue en los comienzos de los años sesenta del pasado siglo cuando esa idea ya se intento materializar por parte del entonces alcalde Pedro Zaragoza Orts cuyo interés por acondicionar todos los aspectos de la ciudad al turismo a nadie se le ocultan.

La idea comenzó a prosperar a partir del convenio con el Ayuntamiento de Madrid en virtud del cual unos cuantos policías municipales de la Villa y Corte, disfrutaban con sus familias de unas plácidas vacaciones a cambio de un no demasiado elevado estipendio y el correspondiente alojamiento gratuito y prestando un servicio de vigilancia callejera en las zonas centrales de la villa.

El experimento comenzó con buen pie y el alcalde, respaldado por su corporación, intentó extenderlo a otras nacionalidades pero chocó con todos los impedimentos legales de la época que le impidieron, a pesar de las muchas gestiones realizadas a todos los niveles, que se autorizara una idea que ahora reaparece como si fuera algo recién inventado. Como colofón habrá que recordar que también los «municipales» madrileños duraron pocas temporadas (creo recordar que solamente dos) porque cuando se produjo un incidente con una sueca salió a relucir que la capacidad de actuación de dichos funcionarios estaba limitada a su estatus personal ya que «solo eran agentes de la autoridad del alcalde de Madrid» y, por lo tanto, su actuación fuera de la demarcación municipal a la que pertenecían era la misma que la de cualquier otro ciudadano.

Una idea «novedosa» que, como puede verse recordando la historia local, ya fue algo que se intentó hace nada menos que medio siglo.