Docentes y directores de Infantil y Primaria estallan contra la supresión de 68 aulas el curso que viene

La reducción de unidades en Infantil y Primaria el próximo curso en los colegios de la provincia de Alicante que planea la Conselleria de Educación (la cifra se eleva a 68 aulas eliminadas según los últimos datos del STEPV, mientras que en la Comunidad se suprimirán 206), bajo el argumento del descenso de la natalidad, ha avivado el malestar de los directores, del profesorado y de los sindicatos hacia las políticas educativas del Ejecutivo de Carlos Mazón. El cabreo y la incertidumbre es máximo por lo que entienden que a todas luces es un nuevo recorte en la educación pública, un sentimiento que este jueves se demostró en diversas protestas organizadas a las puertas de colegios e institutos como antesala de la huelga general convocada el próximo 23 de mayo por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública que finalizará con una manifestación por la tarde en Alicante, València y Castellón. 

El arreglo escolar que ha dado a conocer el departamento de José Antonio Rovira a los colegios y a los sindicatos esta misma semana ha sido el detonante de una queja extendida entre los docentes que lamentan que la eliminación de unidades implicará una bajada de recursos muy importante, ya que en la etapa de Infantil (en la que se prevén 26 aulas menos) no solo se perderá el tutor, sino que también se verán afectados los profesores de apoyo, así como el personal complementario, entre los que están los docentes de inglés, o los especialistas en pedagogía terapéutica.

Igualmente, docentes consultados por este diario denuncian que ya se prevean recortes de unidades antes de iniciarse el proceso de matriculación y por lo tanto, de forma previa a conocerse la demanda real de alumnos que van a recibir los centros. La otra crítica que hacen es que no se tenga en cuenta las particularidades de cada colegio, como por ejemplo, los alumnos con necesidades especiales, lo que hace más necesario contar con más unidades para que haya menos niños por aula.

Frente a la decisión de quitar aulas por el descenso del alumnado que prevé que se produzca un año más la Administración autonómica, la defensa que hace la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública es reducir la ratio en las clases para apostar por una educación de calidad, tal y como destacó su portavoz en Alicante, Ismael Vicedo. Otro de los reproches que se hacen al Consell es que frene en seco la creación de nuevas unidades de dos años en los centros públicos y que para ofertar la gratuidad de 0 a 3 años refuerce a los centros privados.

 De «absoluta barbaridad», calificó la medida la presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria, Isabel Moreno, quien recuerda que durante el gobierno anterior de PSOE, Compromís y Unidas Podemos, se apostaba por bajar la ratio en lugar de reducir unidades. De hecho, aunque la ratio en Infantil sea de 25 alumnos actualmente, hay centros de municipios con menor natalidad o con alumnado vulnerable que tienen aulas con 23 o incluso con 20 niños. Ante la directriz de PP y Vox para el próximo curso, Moreno aseguró que se está «apostando por optimizar recursos sin mirar la calidad educativa» y avisó de que en zonas turísticas se está escolarizando todo el año a alumnos, con lo que el próximo curso se podrá llegar a 29 o 30 escolares. También lamentó que el alumnado con necesidades especiales no serán atendidos con todas las garantías con clases más masificadas.

Oposición y STEPV

El PSPV-PSOE también acusó a Mazón de «decantarse por la privatización de las primeras etapas educativas» y alertó de que con la eliminación de aulas «están en peligro más de 150 puestos de trabajo» en toda la Comunidad, en base a los datos ofrecidos inicialmente por el sindicato mayoritario en Educación.

El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, aseguró que “Mazon mintió en su programa electoral, tiene un gobierno fake que está desmantelando la educación pública. Interpelaremos la semana que viene al conseller de Educación en el Pleno de las Cortes ante la agresión sin precedentes a la educación pública valenciana y estudiamos convocar concentraciones en todos los pueblos valencianos ante una gestión global vergonzosa durante el primer año de gobierno de PP y Vox. Mazón está copiando el guion de su mentor, Eduardo Zaplana”.

Por su parte, el STEPV ya tachó anteayer de «recorte brutal» la medida autonómica y lamentó que el plan de 0-3 años anunciado por el presidente de la Generalitat «no está pensado para los centros públicos si no para fomentar la escolarización en la privada». 

Además, desmintió el argumento de la conselleria, que "justifica el brutal recorte de unidades en la educación pública valenciana por la bajada de la natalidad, cuando este hecho no es nuevo. Hace años que baja la natalidad y Educación ha ido incrementando las unidades de infantil.

El sindicato también denunció que "no se haya negociado la habitual bajada de ratio por localidad, a pesar de haberlo solicitado por registro, hecho que podría evitar el cierre de algunas unidades".

Huelga

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública – integrada por FAMPA-València, el STEPV-Intersindical Valenciana, Federación de Educación CCOO PV, UGT Enseñanza Servicios Públicos PV, Escola Valenciana, CAVO-CUEVA, CGT Enseñanza, SEPC València, BEA, Sindicado de Estudiantes, Asociación de Directores de Primaria-PV, Asociación de Directores de Secundaria, Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica PV, Asociación de Inspectores del País Valencià (ADIDE), FAMPA-Enric Valor, FAMPA Penyagolosa y València Laica- ha convocado en toda la comunidad educativa a hacer una huelga el 23 de mayo por, entre otras cosas, parar las nuevas "leyes educativas regresivas PP-VOX, como las mal denominadas de libertad educativa y concordia, que atentan contra los derechos de la comunidad educativa y que pervierten el significado de la palabra libertad".

Los convocantes exigen recursos necesarios para "una verdadera inclusión educativa, por la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza como, entre otros, incrementos retributivos, reducción de horas lectivas para docentes mayores de 55 años, supresión de la burocracia, aumento de las plantillas y una bajada generalizada de ratios y poner fin a las masificaciones, las agresiones y la conflictividad a la que no se da ninguna solución".

La plataforma reclama la continuidad del Plan Edificant y advierte de que las niñas y niños "están sufriendo riesgos en nuestros centros escolares, puesto que, incluso las obras más urgentes se están dilatando en el tiempo". Alertan de goteras, rotura y oxidación de vallas exteriores, falta de instalación de aires acondicionados y adecuación de los edificios a las condiciones de la emergencia climática, desperfectos a los suelos del patio que ya han ocasionado accidentes, techos que caen a trozos…

Frente a la ley de Libertad Educativa, los colectivos entienden que la proposición de ley que propone PP-VOX "agravia todavía más la situación de bilingüismo asimétrico que sufrimos en nuestro territorio. Hoy por hoy, y después de más de 40 años de aplicación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, continuamos observando casos de un inaceptable maltrato de los derechos de las personas al conocimiento y el aprendizaje en nuestra lengua", asegura el manifiesto de la plataforma.

Para corregir esta situación, señalan que "son necesarias actuaciones de compensación por la lengua propia y oficial que se encuentra en situación de minorización tan a nivel de planificación educativa como nivel de usos y la administración educativa no puede eludir su responsabilidad".