Lo mejor de llegar a cierta edad y tener la vida resuelta sin depender prácticamente más que de uno mismo es que te deja libre de ataduras y uno ya es, por fin, dueño y señor de sus palabras y de sus actos. Es lo que debe de pensar José Manuel García-Margallo, 72 años, diputado desde aquellas Cortes Generales de Adolfo Suárez, luego con Calvo-Sotelo, también bajo la Presidencia de Felipe González, parlamentario europeo con José María Aznar, exministro de Exteriores con Mariano Rajoy y, a día de hoy, el primer representante del Partido Popular en el Congreso por la provincia de Alicante. Socarrón, campechano, un tipo con quien, aunque no se comulgue con su ideario, se iría uno de cañas.
Margallo comenzó a estar de vuelta en esto de la política el día en que Mariano, tras asegurarse la conformación de Gobierno, le llamó a capítulo y le dijo que dejaba la cancillería de Exteriores. Puede que comenzara algo antes, cuando desde Génova le colaron en la lista por Alicante a Gerardo Camps en pleno aluvión de filtraciones sobre el gasto en comilonas de su Conselleria; o al verificar que sus compañeros de viaje en aquella candidatura carecían de todo pedigrí y sentido de la política, como luego se ha demostrado por su intrascendente labor en el Congreso.
De vuelta de casi todo, decía, ha sido el único en reconocerle al Gobierno la inanidad de los Presupuestos Generales del Estado para con la provincia de Alicante. Isabel Bonig, la presidenta autonómica del PP, había tenido un buen comienzo en el cargo reclamando justicia para esta comunidad ante las mismas barbas de Rajoy el día antes de que los PGE se hicieran públicos. El espejismo apenas duró las 24 horas que el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, le afeó el gesto y fue secundado por toda la colla popular, de Gerardo a César Sánchez, no fuera a molestarse el presidente.
Libre de ataduras (nunca sabremos qué habría dicho el exministro si todavía lo fuera), Margallo ha dicho en voz alta lo que sus correligionarios ya no se atreven a repetir: que la previsión de inversiones del Estado en Alicante para 2017 no es razonable, ni sensata, ni justa. De ahora en adelante, nuestros representantes en Madrid podrían plantear ese tipo de objeciones antes de estar de vuelta de su paso por la política.
