El fiscal fiscalizado

El mandato de Moix ha sido breve pero intenso y ha dejado patente su desencuentro con los fiscales anticorrupción en medio del revuelo mediático. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha tenido una responsabilidad innegable en este asunto, aunque últimamente trataba de mantener las distancias escudándose en la pretendida autonomía del fiscal general del Estado para nombrar y, en su caso, cesar al fiscal responsable de Anticorrupción.

El gobierno ha demostrado su bisoñez en un asunto que contribuye al descrédito de las altas instituciones del Estado, pese a lo cual se ha limitado a reiterar el respaldo a Catalá.

Sorprendentemente, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dado un respaldo póstumo al dimisionario tratando incluso de persuadirle de que continuara en el cargo.

Según se ha revelado, Moix es partícipe de una sociedad patrimonial radicada en Panamá, Duchesse Financial Overseas, propietaria de un chalet en la localidad madrileña de Collado Villaba.

Los países avanzados exigen a los políticos y a los altos cargos un comportamiento intachable, más allá del estricto cumplimiento de la legalidad. Y ante el más nimio error, dimiten.

En el caso que nos ocupa, al fiscal jefe de la Fiscalía contra la Corrupción le es exigible un comportamiento irreprochable y su idoneidad para el desempeño del cargo ha de ser examinada escrupulosamente. No en vano la Fiscalía Anticorrupción ejerce la acción pública y averigua o delata operaciones relativas a los delitos económicos u otros relacionados con la corrupción.

De no ser así, «Quis custodiet ipsos custodes?» ¿quién custodiará a los custodios?, se preguntaba Juvenal en la Sátira VI, en una memorable frase afortunadamente sacada de contexto.

Con anterioridad, Platón en el Diálogo sobre la República, dedicaba su atención a la selección y formación de los «de la república», ciudadanos valerosos, sagaces y desprendidos de las riquezas materiales, feroces con los enemigos y mansos con sus conciudadanos, como los perros guardianes.

«Ya dijimos que [los guardianes] habían de renunciar a la embriaguez, porque a nadie conviene menos embriagarse y no saber dónde se encuentra que al que está encargado de guardar la república. En efecto, sería ridículo que un guarda tuviese necesidad de ser guardado», concluye.

Así las cosas, ¿está legitimado para seguir en su puesto el fiscal beneficiado por la parvedad impositiva panameña? La respuesta es negativa.

Podría decirse que el señor Moix ha sido víctima de la presión fiscal y de la paradoja que supone que el término «fiscal» se derive de «fiscus» (fisco), o que históricamente fuera el ministro encargado de defender los intereses del fisco. «tempora, o mores».

Se han alzado voces en defensa del dimisionario que esgrimen como argumento exculpatorio que la sociedad provenga de una herencia familiar, haciendo recaer la responsabilidad en los difuntos y no en los herederos. La herencia es sencillamente un modo de adquirir la propiedad y otros derechos, y también de asumir las obligaciones de ellos derivadas. Queda a salvo la voluntad del heredero de aceptar o renunciar a la herencia según le convenga. Al fiscal no le convenía, pero aceptó. También pudo disolverse la sociedad, pero no fue así. «Errare humanum est».

Ciertamente, la sociedad de Moix es una sociedad patrimonial constituida en Panamá con relevancia a efectos fiscales. La idea latente es la de sustraerse a la dureza del sistema impositivo patrio buscando un refugio o un paraíso de trato más benevolente; a la postre una suerte de deslealtad hacia los conciudadanos y hacia los principios de igualdad y progresividad consagrados constitucionalmente que presiden el sistema tributario.

Es una casualidad poco afortunada que fiscal, fisco, fiscalidad o fiscalizar tengan la misma raíz, sean de la misma familia como los bienes raíces del fiscal en el paraíso fiscal.

A veces las palabras, fieles reflejo de la realidad, revelan inconfesables paradojas.