Sabemos que el agua es un recurso fundamental para la vida; lo sabemos de primera mano en todo el territorio valenciano, donde su progreso y a veces también su destrucción ha estado estrechamente relacionados. Lo que nunca sospechamos es que el agua podría también convertirse en combustible político con el que alimentar la demagogia y el enfrentamiento, algo que conocemos desgraciadamente también de primera mano en esta Comunidad.
Durante años, cuando el PP gobernaba, en lugar de hacer pedagogía sobre la necesidad de cuidar, regular, mantener y protegernos de un recurso tan valioso como limitado, se hizo demagogia barata, reivindicando trasvases quiméricos, difundiendo falsos mensajes victimistas y organizando manifestaciones contra otros gobiernos y territorios a los que acusábamos de no darnos su agua. Así, en lugar de trabajar para cuidar todos los caudales y ríos que discurrían por pueblos, ciudades y pedanías, se facilitaron al máximo las operaciones urbanísticas y turísticas especulativas cuyos elementos más disparatados fueron los numerosos PAU (Plan de Actuación Urbanística), urbanizaciones y construcciones que encementaron el territorio valenciano hasta la costa, ocupando lechos fluviales, ramblas, torrenteras y cauces. Incluso se llegó a crear la extinta «fundación Agua y Progreso», como brazo armado del PP para agitar a la sociedad valenciana, en la que se enterraron 7,2 millones de euros. Algunos cauces de ríos se podrían haber limpiado con ese dinero.
La última gota fría ha mantenido en vilo a toda la Comunidad Valenciana, ocasionando inundaciones que han causado destrucción y pérdidas económicas muy elevadas en Ontinyent y de una forma muy especial en la Vega Baja y la cuenca del Segura. Pero sin duda, la pérdida de vidas humanas es lo más doloroso, aunque las imprudencias que hemos visto en numerosas imágenes, junto a la capacidad destructiva del impresionante volumen de aguas caído debe llevarnos a dar gracias de que no haya habido más víctimas mortales. La rápida respuesta de los servicios de socorro, bomberos, protección civil, UME, fuerzas de seguridad, militares desplegados, así como organizaciones sociales y la propia ciudadanía ha permitido afrontar una tragedia de enormes dimensiones como la vivida. España ha avanzado notablemente en la organización de dispositivos públicos de emergencias ante catástrofes a los que vemos actuar con naturalidad, pero que son esenciales en la sociedad del riesgo y la emergencia climática en la que vivimos. Para todos aquellos que denigran y rechazan lo público, aquí tienen uno de los muchos ejemplos que demuestran la importancia del Estado en sus diferentes niveles.
Sin embargo, las redes sociales han servido, en demasiadas ocasiones, como plataforma para difundir bulos, falsedades o luchas políticas fuera de lugar. Mientras la alcaldesa de Redován propagaba alegremente un vídeo en el que alertaba falsamente de la inminente rotura de la presa de Santomera, la Confederación Hidrográfica del Segura tenía que estar un día tras otro desmintiendo bulos catastróficos que muchos irresponsables divulgaban. Al mismo tiempo, cuando Orihuela estaba bajo las aguas, algunos oportunistas pretendían hacer campaña contra el Consell a costa del valenciano, apareciendo también nostálgicos de la dictadura que trataban de defender el franquismo por levantar la mencionada presa, como si se pudiera defender el nazismo por construir autopistas. Incluso está circulando la noticia de la aparición de un supuesto OVNI durante la noche de la tremenda tormenta de rayos y truenos del pasado sábado. Bueno sería revisar y aplicar con rigor lo contenido en el punto 5 del Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat Valenciana, en lo referido a la política informativa ante estas situaciones.
Pero tras la emergencia y la valoración de daños, viene la reconstrucción, que sin duda será costosa y exigirá de acuerdos políticos y recursos económicos muy elevados, en un momento poco favorable a ello, que necesitará de lo mejor de nuestros gobernantes. Es el momento de rediseñar todo el territorio para una nueva realidad en la que los fenómenos climáticos van a ser mucho más agresivos, como insisten los especialistas, reformulando riesgos de mayor intensidad y mucho más dañinos.
Pero también los municipios tienen que asumir su responsabilidad, eliminando esa cultura de la especulación urbanística que ha permitido auténticas salvajadas. Desde hace tiempo, informes como «Especulación a toda costa», realizado por Greenpeace, o los elaborados por Ecologistas en Acción han avisado de los riesgos de este daño al territorio, alertando de la modificación del litoral y los cauces fluviales por la presión del sector turístico y residencial, sin que hayan merecido más que desprecio. Es imprescindible realizar los «Planes de acción municipal frente a riesgos de inundaciones» obligatorios, ya que de los 136 municipios con riesgos alto o medio de inundación en territorio valenciano, solo 25 de ellos los han elaborado. Y desde luego, hay que revisar concienzudamente las infraestructuras hidráulicas existentes, planificar nuevos sistemas de retención y almacenamiento, limpiando sistemáticamente cauces y desbrozando esas cañas que ya ni se usan para las tomateras ni para construir cabañas.
No sabemos cuándo volverán a caer tormentas torrenciales, gotas frías o DANA sobre el territorio valenciano, pero lo que sí estamos seguros es que, cuando lo hagan, sus aguas discurrirán por cauces buscando el mar. Por ello, es imprescindible que nos preparemos para las próximas lluvias torrenciales, en un territorio que necesita del agua para su desarrollo y prosperidad.
