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Opinión

Decreto de alarma y utilización de zonas comunes en las Comunidades de Propietarios

Con todo cariño a quienes han publicado sobre este asunto y me consta que con la mejor voluntad, me veo en la obligación de dedicar unas letras, pocas, a un asunto que sin ser de enjundia jurídica deja en evidencia carencias que, de soslayarse, suponen cuando menos un silencio cómplice ante la vulneración del principio de legalidad, dicho sea con todo respeto. Y la ley es garantía de un Estado democrático, de hecho todo Estado autoritario tiene su origen en la infracción legal y en concreto en la vulneración de Derechos Fundamentales. Así las cosas y como consecuencia de la propagación de un virus de tan mortales y desastrosas consecuencias para todas y todos nosotros se dictó el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Vaya por delante que todas/os somos responsables y debemos evitar la propagación y los contagios adoptando todas las medidas de seguridad y distancia. En el artículo 7 del Real Decreto mencionado se establece una limitación a la libertad de circulación de las personas obligándonos a permanecer en casa salvo para realizar determinadas actividades como ir al supermercado, etcétera. Más adelante y hace escasos dos días se ha permitido a los niños salir acompañados de un adulto por las vías de uso público. Ahora bien, no se contempla expresamente la prohibición de uso de zonas comunes de las comunidades de propietarios.

Por exigencia del principio de legalidad la prohibición de uso de zonas comunes de comunidades de propietarios tiene que ser expresa, máxime cuando sus valedores amenazan con la aplicación de sanciones. Claro que para sancionar se debe acudir - no hay otra - a la Ley de Seguridad Ciudadana que curiosamente tanto criticaron los que hoy la están aplicando pues fue una ley que aprobó el partido actualmente en la oposición y deja un amplio margen de discrecionalidad a la Policía para sancionar por «desobediencia» o «resistencia» a la autoridad, no por el solo hecho de hacer uso de zonas comunes con todas las distancias y medidas sanitarias recomendadas. En definitiva no hay ley que prohiba la utilización de las zonas comunes de las Comunidades de propietarios y no cabe inferir la prohibición de que «se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público» pues contraviene el principio de legalidad que exige que las prohibiciones sean expresas, máxime cuando afectan a Derechos Fundamentales, como es el Derecho a la libre circulación del artículo 19 de la Constitución. Esto no autoriza desde luego a montar un bingo en la urba ni una carrera de sacos, no nos vayamos al otro extremo. Pero pasear tranquilamente por un jardín de uso privado y suficientemente amplio para que haya distancias y se guarden todas las medidas de seguridad es algo que no está prohibido, ni debería prohibirse, en primer lugar por respeto a nuestros derechos más elementales y en segundo lugar por reducción al absurdo. No tiene sentido que pueda salir con mis hijos a la acera pública de enfrente donde me puedo topar con cualquiera y no lo pueda hacer en un jardín de mi propiedad donde me puedo encontrar en la distancia con una vecina con todas las medidas de seguridad, como en la calle. En todo caso no hay norma expresa que lo prohíba y por ende la prohibición no existe ni mucho menos es «deducible» de la interpretación sui generis que se da a una autorización. Entenderlo de otra manera vulnera el principio de legalidad, nulla poena sine lege.

Por cierto que, abundando en este Derecho a la libre circulación, el Decreto de alarma es más que cuestionable puesto que no hay ninguna razón sanitaria para el confinamiento «estricto», busquen una sola razón de salud pública para justificar que una persona no pueda salir sola a pasear o a hacer ejercicio físico con todas las medidas de seguridad y lo que se encontrarán serán precisamente razones de salud pública para que lo hagan. Así se ha hecho en Francia y en Alemania, por ejemplo, y tiene todo sentido. Por último tener miedo no es el problema, lo perjudicial es dejarse llevar por el miedo porque nos jugamos no sólo la vida sino la vulneración de Derechos Fundamentales y con ella, no se olvide, se allana el camino a un Estado autoritario.

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