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Juan R. Gil

ANÁLISIS

Juan R. Gil

Parte de guerra

El PSPV-PSOE y Compromís tratarán de firmar el armisticio la semana que empieza con una reunión entre Puig y Oltra. Pero si no revisan sus pactos, volverá a estallar el conflicto

Ximo Puig y Mónica Oltra, este jueves en las Cortes Valencianas.

Ximo Puig y Mónica Oltra, este jueves en las Cortes Valencianas.

El presidente y la vicepresidenta del Consell se reunirán esta semana. Que eso haya sido anunciado en rueda de prensa por la vicepresidenta Oltra, haya sido confirmado, en declaraciones de ayer mismo a pie de obra, por el presidente Puig y lleve siendo noticia dos días da idea del calado de la crisis abierta en el Gobierno de la Generalitat por los desencuentros entre el PSPV y Compromís, encarnados en sus líderes.

Como recordaba ayer en estas páginas mi compañera Beatriz Rico, se cumple un mes desde la ruptura pública de las hostilidades por parte de Mónica Oltra. Ruptura de hostilidades que empezó por poner en solfa los presupuestos de la Generalitat que aparentemente estaban consensuados entre todos los socios de gobierno, continuó poniendo en cuestión la política desarrollada por la Presidencia de la Generalitat y la conselleria de Sanidad en la lucha contra la pandemia, prosiguió con el bloqueo de un proyecto importante para Alicante como es la instalación en el Puerto del nuevo edificio del Distrito Digital, pese a que había sido anunciada por el propio president, y culminó con el famoso tuit donde, lo que Puig acababa de presentar en un acto solemne como plan para la recuperación de la Comunidad Valenciana tras el covid, fue descalificado reduciéndolo al nivel de poco menos que un simple borrador por Oltra. Como se verá, todos asuntos de la máxima trascendencia. La vicepresidenta sólo ha utilizado munición de gran calibre.

¿Ha terminado la escalada? Se le empezó a poner sordina esta semana, con la defensa del pacto de gobierno hecha por Puig en la sesión de control de las Cortes y la subsiguiente rueda de Prensa de Oltra como portavoz del Consell restándole importancia a unas diferencias que ella misma había elevado al rango de cuestión de Estado jornada tras jornada, y se pretende firmar el armisticio en esa anunciada reunión entre ambos que aún no tiene ni fecha ni agenda. Pero en privado todo el mundo reconoce que el deterioro sufrido ha sido considerable y que no resultará fácil restañar las heridas (ni tampoco restaurar la imagen del Consell, que ha pasado en un plis-plas de buen gobierno a desgobierno), aun si de cara al exterior se pone fin a los enfrentamientos. Ha habido acusaciones de deslealtad muy graves por ambas partes; se han involucrado en la guerra importantes dirigentes de uno y otro partido con asiento en ejecutivas, aparatos de consellerias, consellerias o en el Parlamento autonómico; e incluso es posible que por el camino hayan quedado víctimas muy notables: ¿alguien sabe si el secretario autonómico encargado de la coordinación entre el Palau y la vicepresidencia, Iván Castañón, uno de los dirigentes más solventes de Compromís, sigue en el cargo, ha sido destituido o ha presentado su dimisión? De momento, en el recuento provisional aparece como desaparecido en combate. Hasta la vieja guardia ha tenido que movilizarse: en estos días ha habido varias conversaciones entre el exsecretario federal de Organización del PSOE, Ciprià Císcar, y uno de los más relevantes fundadores de Compromís, el ilicitano Pascual Mollà, padre de la consellera de Agricultura, en un intento de frenar la pantanada. La tensión ha llegado al punto de proponerse, al menos en dos ocasiones, el boicot de una parte del Consell, la que representa Compromís, a la otra, la del PSPV, en actos públicos e incluso en las Cortes Valencianas. Aunque Oltra, a quien se adjudican las intentonas, no haya logrado llevar las cosas hasta ese extremo, el mero hecho de que se valoraran acciones de ese tipo, propias de una fuerza política que está en la oposición pero jamás de una que forma parte del Ejecutivo, indica el tamaño de la grieta abierta entre los dos principales socios del Botànic II, de la que por ahora Unidas Podemos no ha participado o cuando lo ha hecho, tangencialmente, ha sido para ponerse del lado de Puig.

Gobiernos de coalición

Precisamente el vicepresidente del Gobierno central y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido esta semana que el aireamiento de los enfrentamientos entre aliados es lo que define a los gobiernos de coalición, por el simple hecho de estar formados por partidos distintos, y que por tanto no hay que sorprenderse por ello: es lo normal, ha dicho, y lo que pasa es que en España no hay cultura política suficiente para entenderlo, al contrario de lo que ocurre, citó como ejemplo, en Italia, un país por cierto cuyos gobiernos desde la Segunda Guerra Mundial toman posesión con una esperanza de vida que no supera los dos años. No es verdad lo que sostiene Iglesias. A un gobierno de coalición lo define la unidad de acción en un proyecto común pactado, que no es el que figuraba en el programa de cada uno de sus socios, sino precisamente el que delimitaron en el acuerdo al que llegaron para formar ese gobierno. Ese acuerdo, y las formas de articularlo, pueden y deben ser periódicamente revisados. Pero los ciudadanos tienen derecho a exigirles a dos partidos (o tres, o más) que formen un solo gobierno, no dos. Y demuestren todos los días estar ocupados en el bien común, antes que en el interés particular. Como se ha escrito tantas veces en estas semanas, esa fue la clave de bóveda que sostuvo al primer Botànic y de la que Mónica Oltra llegó a presumir tanto que la puso de ejemplo precisamente para empujar a un acuerdo en Madrid entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ironías del destino, ella le daba entonces lecciones al líder morado y ahora es Iglesias el que, seguramente sin reparar en ello, le ofrece coartadas a la vicepresidenta valenciana. Pero el deterioro que ese cambio del Botànic I al Botànic II ha significado resulta penoso. Y si el paradigma de buen funcionamiento es la continua disfuncionalidad con que se maneja el Gobierno de España, entonces apaga y vámonos.

Mónica Oltra conseguirá la foto que perseguía esta semana y en ella aparecerá un Ximo Puig contemporizador, por difícil que le sea disimular su incomodidad. Pero el coste del retrato ha sido muy alto. Ante la opinión pública, ambos comparecen como perdedores de este episodio. Nadie puede entender que no haya una comunicación intensa y fluida entre la presidencia de la Generalitat y la vicepresidencia, así como entre las fuerzas políticas que representan, lo que es la principal queja de Oltra; de la misma manera que nadie va a considerar normal que una vicepresidenta, que suma a ese cargo además el de portavoz de todo el Gobierno, dispare día sí y día también contra éste, con misiles más grandes y mejor dirigidos que los que es capaz de lanzar la propia oposición. De ese choque no sale ninguno indemne: ni Oltra, ni Puig, ni el Consell entero; pero lo que importa de verdad es que las consecuencias de esa tensión las paga quien menos culpa tiene de ella: el ciudadano. ¿Quieren un último ejemplo? Pues ayer mismo lo contaba Julia Ruiz en este periódico. El denominado «tercer sector», integrado por las entidades sin ánimo de lucro, ha denunciado el impago de 10 millones de euros en ayudas por parte de la Generalitat. La conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que también dirige Oltra, culpa de ello a la conselleria de Hacienda, que comanda el socialista Vicent Soler. Y ésta replica que está al día en los pagos y que los que no se hayan hecho estarán pendientes por incapacidad para tramitarlos del departamento de la vicepresidenta. Como verán, lo único que se puede sacar en claro de un caso así, el enésimo que nos han contado, es que las ONG no cobran, pese a la labor que están haciendo en un momento tan difícil y donde tanta falta hacen como éste, por la ineficiencia del Consell, da igual de qué departamento hablemos, para librar fondos que están aprobados. Olé.

El PSPV-PSOE y Compromís reconducirán las relaciones. No les queda otra. Pero para ello no va a ser suficiente ni una reunión ni una foto. Puig cree que Oltra se ha embarcado en una campaña para erosionar su imagen y poner en cuestión la mismísima presidencia de la Generalitat, en un intento de disimular sus propios problemas dentro de la coalición que representa. Oltra piensa que Puig ha construido todo un aparato político y de Comunicación en el Palau expresamente para liquidarla. El memorial de agravios por ambas partes es larguísimo y seguramente en los dos lados hay razones suficientes para mantenerlo en pie. Pero el enfrentamiento va más allá de ellos e incumbe tanto a la forma de gobernar como al propio pacto del Botànic II -nacido de la necesidad pero desde la desconfianza, y no de la coincidencia en un proyecto común a desarrollar-, y por tanto es eso lo que debe recomponerse. Si no lo hacen, el armisticio que se firme esta semana volverá a saltar por los aires más pronto que tarde.

València y Alicante, líderes

El periódico Cinco Días publicaba esta semana una encuesta según la cual los trabajadores desplazados como consecuencia de la pandemia, entendidos éstos como aquellos que han pasado a teletrabajo, pueden realizar éste desde cualquier parte y tienen capacidad adquisitiva suficiente para elegir donde quieren vivir, sitúan a las ciudades de València y Alicante como las dos primeras del mundo para instalar su residencia. ¡Las dos primeras del mundo! El sondeo, al parecer, lo ha llevado a cabo una organización llamada InterNations, con sede en Munich y que dice tener cuatro millones de miembros, consultando a 15.000 personas de 173 naciones a las que se les ofreció un listado de 66 localizaciones de todo el orbe. Uno nunca acaba de saber la fiabilidad de este tipo de acciones ni el interés que persiguen. Pero para una vez que València y Alicante encabezan una nómina mundial para bien, no es cuestión de quejarse sino de celebrarlo. Sí hay una cosa cierta: la digitalización y la pandemia, dentro de los desastrosos efectos de ésta última, parecen jugar a favor de las ciudades medias frente a las megaurbes. Ya no importa tanto la variedad y el nivel de la oferta de servicios que pueden ofrecer estas últimas, como la calidad de vida que garantizan las primeras. En ese sentido, la responsabilidad de los ayuntamientos es mayor que nunca: sus acciones pueden contribuir decididamente a que ciudades como València y Alicante no sólo lideren encuestas sino que se consoliden como referentes de otra forma de vivir.

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