Uno de los temas sobre los que más está hablando en esta época de la pandemia del coronavirus es el tema de la potenciación de las tecnologías al que hemos hecho referencia en alguna ocasión estos últimos tiempos. Y es que si hay una máxima importante que recoger de toda desgracia es la de verificar aquellos aspectos positivos que pueden tener las mismas, y aprovecharnos de circunstancias adversas, para, o no caer otra vez en los errores, o recoger enseñanzas que puedan enfocarse en positivo para aprovecharnos de los defectos que pudieran existir en la situación anterior a la adversidad y retomar estos errores para convertirlos en aciertos.
Uno de los temas más candentes que durante mucho tiempo se ha estado reclamando es el relativo al coste económico que le supone el Estado y a las Autonomías, así como la inversión de tiempo por parte de los funcionarios públicos, llevar a cabo el tema de las notificaciones personales a los ciudadanos.
Este es un tema que se hiciera un recuento en todas las Administraciones Públicas sobre el coste anual de las notificaciones personales y el tiempo invertido tanto el funcionario que entrega la documentación a notificar, o el que invierte el propio ciudadano al ir a recoger la notificación cuando no sido posible hacerlo en su propio domicilio nos llevaríamos las manos a la cabeza en la gran cantidad de tiempo invertido y el coste económico que le supone al país.
Además, precisamente, una de las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta con la pandemia es la necesidad de ahorrar costes y buscar fórmulas que nos permitan incluso ser más eficaces que la época anterior a la pandemia y obtener mejores resultados que los antes obtenidos.
La situación del coronavirus se nos presenta, así, como una oportunidad para ocultar y esconder defectos y dar un salto atrás para tomar impulso, siendo el tema de las notificaciones por las Administraciones Públicas a los ciudadanos uno de los temas en donde es preciso llevar a cabo un vuelco absoluto y apostar por la realización de la notificación electrónica a cualquier ciudadano mediante la implantación del domicilio electrónico en cualquier área de la Administración sea estatal local o autonómica.
Ya no caben excusas acerca de que los ciudadanos no utilizan aparatos de tecnología tales como un simple móvil, un iPad, o un ordenador. Si hiciéramos un recuento poblacional de quienes no utilizan alguno de estos sistemas el porcentaje de ciudadanos sería muy reducido. Y al final la excusa para no implantarlo suele ser la de que no todo el mundo utiliza tecnología y de que son dispositivos ciertamente caros, aunque hoy en día la mayor parte de la población tiene un teléfono móvil con el que comunicarse con otras personas y en cualquier domicilio hasta los jóvenes disponen de este aparato, lo cual demuestra que se está utilizando más para el ocio, que para circunstancias de necesidad para optimizar recursos en la población española.
Hasta la fecha, las notificaciones electrónicas solo se han llevado a cabo de forma preceptiva en las notificaciones por la Agencia tributaria a las personas jurídicas, y en algunos aspectos en materia de sanciones por seguridad vial, pero con el establecimiento de un domicilio voluntario electrónico que solamente se podía utilizar si así se solicitaba, lo cual ha demostrado que muy pocas personas lo han interesado, quizás para evitar facilitar la existencia de las notificaciones aquellos que cometen infracciones.
Las dificultades para llevar a cabo notificaciones ha sido una de las causas o circunstancias que han provocado la ralentización de los procedimientos. Y ahora habría que aprovechar este impulso para ubicar en las notificaciones una de las materias donde más se podía avanzar en nuestra sociedad, a fin de que cualquier ciudadano mayor de 18 años tuviera un domicilio electrónico en el que cualquier Administración pudiera llevar a cabo una notificación, y de aquél en poder comunicarse con la Administración que interesara para pedir cualquier tipo de documentación, con lo cual no se trataría solamente de una facilidad para la Administración, sino que se produciría un beneficio en dos direcciones, tanto para la administración como para el ciudadano.
Con respecto a aquellos ciudadanos que no pudieran disponer de esta tecnología podrían arbitrarse puntos neutros donde los ciudadanos pudieran acceder a sistemas informáticos en los que consultar si han recibido en su domicilio electrónico algún tipo de notificación, o interesa alguna; sistemas que podrían ubicarse en puntos estratégicos de cada localidad para que los ciudadanos de forma gratuita pudieran acceder a los mismos y realizar las consultas de recepción de notificaciones, o de envío de las mismas a cualquier Administración que así tuvieran interés en llevar a cabo.
