¿Por qué nos trata el Ministerio de Sanidad de España como si todos fuéramos menores de edad con respecto a la vacunación? Hace unas semanas, finales de abril, se planteó la posibilidad de que, mediante el denominado «consentimiento informado» que establece la ley 41/2002 que regula los derechos y los deberes de los pacientes, se ofreciera la posibilidad de vacunarte voluntariamente con AstraZeneca. El Ministerio respondió que «el valor del consentimiento informado como garantía de una decisión autónoma, sería muy discutible», una forma un tanto soberbia y paternal de decir «vas a saber tú mejor que yo (que no tengo ni idea) lo que te conviene». Eso le sirvió como argumento para rechazar la solicitud. Por cierto, provenía de la Comunidad de Madrid. Lagarto, lagarto.
Bien, aceptemos pulpo como mascota y reconozcamos que puede haber cierta lógica ministerial en negar el consentimiento informado... para una primera dosis. Esto es una pandemia y la estrategia global no permite que te vacunes con lo que tú quieras, sino con lo que hay disponible.
Pero, ¿y qué pasa si hablamos de una segunda dosis? ¿Tampoco en ese caso tiene derecho la persona vacunada con AstraZeneca a que se le complete la pauta con la misma, en el caso de que haya disponibilidad? ¿Es razonable que le impongamos, «velis nolis» (el «artículo 33» del latín) vacunarse con otra diferente aunque no esté claro que el riesgo de efectos secundarios pueda ser incluso mayor? En medio del ardoroso y posiblemente estéril debate científico sobre si tras una primera dosis de la vacuna de la farmacéutica británica conviene o no poner una segunda de otra diferente, y con opiniones diversas sobre el tema, está claro que el único que no puede opinar es el vacunado. Tener de 60 a 65 y que te pongan en la mesa de los pequeños.