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Xavier López

Bárcala, Vox y los espías de la decencia

Luis Barcala

Con olor a naftalina y colocándonos dentro del contexto europeo más cerca de Polonia con su legislación antifeminista y anti-lgtbi, que de los países que están a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, Barcala con Ciudadanos y la extrema derecha, se lanzan en plancha hacia el inicio de un error histórico, de una mancha para la reputación y la imagen de Alacant.

La eufemísticamente llamada Ordenanza de Convivencia Cívica, más conocida como de la vergüenza o directamente como perseguidora de las personas que ejercen la mendicidad y la prostitución, fomenta una ciudad más insegura primero para las mujeres y quienes viven en las calles, pero también para parte del colectivo LGTBI, los colectivos migrantes y el conjunto de vecinos y vecinas, con especial foco en quienes sufren mayor vulnerabilidad. Ignorando el Plan de Inclusión y la Agenda 2030, la ordenanza hecha desde y para el punitivismo, sienta sus bases de modo inequívoco sobre el puritanismo ideológico más conservador.

Un puritanismo que hacen norma con el guiño de la bancada ultra imponiendo al conjunto de la sociedad su moral y empujando a personal público como el de la policía local a la subjetividad y a la arbitrariedad, teniendo la enorme responsabilidad el funcionariado de discernir entre qué son, por ejemplo, conductas sexuales punibles o cuándo se está ejerciendo o no la mendicidad coactiva. ¿Quiere convertir la derecha a la ciudadanía alicantina en una especie de espía de la decencia que avise a ‘las fuerzas del orden y la ley’ para multar lo que considere cada cual como no ejemplar? ¿Sueña Barcala con su propia ley de vagos y maleantes?

Para Unidas Podemos - EUPV esta ordenanza está plagada de graves errores en la tramitación. Un ejemplo: En el proceso hasta la aprobación inicial previa al pleno que tuvo lugar en la bochornosa Comisión de Presidencia del pasado mes de noviembre, Partido Popular y Ciudadanos podrían haber incumplido tal y como se señala desde los propios informes técnicos la ley 9/2003, de 2 de abril de la Comunitat Valenciana que establece que para los proyectos normativos se incorporará el informe de impacto de género desde el inicio. Algo que sin embargo decidieron deliberadamente obviar al solicitarlo una vez finalizado, en un claro desprecio no solo hacia el personal de la concejalía de Igualdad que se ha visto constantemente apartado y desautorizado, sino también hacia su responsable, la edil María Conejero. De Acción Social y Julia Llopis nada se sabe.

También de falta de participación, consulta y transparencia. Otro ejemplo: La Ley de Procedimiento Administrativo, como apunta el informe de Igualdad acerca de la citada ordenanza, regula la consulta previa y contempla la audiencia de las personas que ven afectados sus intereses así como de las organizaciones que las amparan. Y eso no ha ocurrido porque el objetivo de la norma no es ayudar ni cooperar, es esconder la pobreza y la prostitución en el afán desmedido de Barcala y Vox por ocultar aquello que en el fondo les incomoda y no les gusta bajo las alfombras urbanas, que en Alacant adquieren forma de polígonos industriales, pisos particulares, burdeles, supuestas salas de masaje – con final feliz… ¿para quién?- o directamente puticlubs de luminosos muy potentes y visibles como el de la avenida de Dénia. Algo que abocará a las mujeres vulnerables, precarizadas y explotadas por las mafias a desplazarse a esos lugares, más discretos eso sí, pero sobre todo mucho más inseguros. Y allí sus vidas y sus cuerpos correrán todavía mayores peligros.

Esta norma, pensada desde el machismo más primario y el miedo al pobre, sólo será posible y viable si se cuenta como debería haberse hecho desde el primer momento con los movimientos sociales. Unidas Podemos – EUPV propondrá una comisión con representación política y social que trabaje la ordenanza desde el modelo de la FEMP y el informe de Igualdad. Es esencial dar voz y capacidad de decisión a las entidades que atienden y conocen a las mujeres víctimas de prostitución y trata, a personas en situación de calle, colectivo LGTBI y colectivos migrantes. Y en esa mesa también es fundamental el papel de la representación de las Juntas de Distrito, ninguneadas una vez más, que ayuden a extraer conclusiones que deben abordarse y valorarse en los órganos de participación social: Consejo de Igualdad -convocado una vez en todo el mandato-, Consejo de Inmigración -sin constituirse- y Consejo Social.

Sin desplegar un verdadero proceso de consulta, la ordenanza de la vergüenza estará abocada al fracaso y avisamos: No mejorará, como cantan las sirenas, con una capa de pintura en forma de alegaciones naranjas en el tiempo de descuento. El gobierno municipal bipartito todavía está a tiempo de impulsar los espacios de diálogo, tan necesarios e imprescindibles como nunca, que dignifiquen la ciudad y eleven su calidad democrática. En ellos sí nos van a encontrar con la mano tendida.

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