El president de la Generalitat, Ximo Puig, admitió ayer estar valorando cambios en su gobierno, lo que en términos políticos es tanto como confirmar que definitivamente está dispuesto a ejecutar la remodelación del gabinete que tenía prevista para finales de febrero y desde entonces ha venido postergando. La crisis ha sido tan manoseada en los medios y en los mentideros de los partidos que forman el Consell que por sí misma corre el riesgo de no ser noticia, aunque tiene una primera lectura relevante: si hay baile de sillas en la Generalitat, a lo que se pone fin es a cualquier especulación sobre un adelanto electoral. Pero la interpretación de la operación, en términos de fortaleza o debilidad del jefe del Ejecutivo, se hará en función de su amplitud.
A estas alturas, mandando a Ana Barceló al Parlamento, ya no es suficiente. Soler y Pascual, por distintas razones, están para salir. Y España debería asumir más funciones
Puig necesita lanzar dos mensajes claros: liderazgo e impulso. Las circunstancias externas en las que se ha desarrollado esta legislatura (pandemia, guerra…) han sido extremas. Pero los vaivenes internos también han sido de gran calado: los enfrentamientos con la vicepresidenta Mónica Oltra, publicitados por ella misma; la crisis que arrastra Compromís y las trifulcas internas de Podemos; el error de no cortarle antes las alas al portavoz parlamentario... Y ante ellos, como señalábamos aquí hace unos días, el inmovilismo era la peor de las recetas.
Pero tampoco sería un discurso políticamente positivo el que todos los cambios en el Consell se pudieran leer en términos meramente tácticos. La dimisión de Manuel Mata como síndico portavoz socialista en las Cortes, envuelto en la polémica de su papel como abogado defensor del principal implicado en la trama de presunta corrupción que se investiga bajo el nombre de «caso Azud», está siendo presentada por destacados miembros socialistas como una ocasión para introducir caras nuevas en el Consell: ya que hay que mover una pieza, se mueven varias. Pero no es eso. O el president aplica una mayor altura de miras, o la crisis será un bumerán. Quiero decir que esto no puede ir de mando a Ana Barceló al Parlamento (y de paso, si tiene que ser candidata en Alicante, que la cosa está enredada, ya la tengo situada), y aquí paz y allá gloria. Con eso ya no es suficiente.
Si tan convencidos están en Compromís de que Mónica Oltra va a acabar imputada por el TSJ, ¿no sería lógico que saliera ahora del Ejecutivo? La respuesta es sencilla: sí
Sería un acto si me apuran de lealtad que el president relevara de la responsabilidad de Sanidad a Ana Barceló, por el desgaste político y humano de la batalla del covid y por no dejar que se abrase teniendo que enfrentarse, a renglón seguido, a la realidad de los profundos cambios que la Sanidad pública requieren en esta nueva etapa. Pero también en Hacienda Vicent Soler lleva tiempo arriando banderas. Y tendrá que resolver igualmente de una vez por todas el papel que debe jugar Arcadi España. Porque no parece lógico que esté toda la legislatura ejerciendo de conseller de Presidencia clandestino. Que su departamento, nada menos que Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, es muy complejo y al mismo tiempo capital en términos electorales, y que por tanto es muy difícil mover ahora a quien ha estado los últimos años gestionándolo y tiene en su cabeza el dibujo y las relaciones políticas con todas las administraciones, es algo obvio. Pero que desde que estalló la pandemia ha habitado el Palau, y no su despacho; que cada vez suple más al president cuando este no puede duplicar agendas, también es una realidad, a la que Puig tendrá que darle solución, quizá haciéndole compatibilizar unas funciones (Presidencia y Obras Públicas) que de hecho ya asume, pero hasta aquí siempre jugando en el alambre.
Y luego está el caso de la Conselleria de Innovación y Universidades. Fue el gran órdago político de Puig cuando nombró el segundo Botànic, la primera vez que València tenía una dirección territorial porque la Conselleria estaba en Alicante. Pero como se ha repetido aquí en infinidad de ocasiones, no ha sido puesta en valor. Ser político es muy difícil. Y Carolina Pascual, con independencia de su competencia profesional, no ha sido llamada por esos caminos. Puig necesita recalcar esa apuesta por Alicante que hizo, porque es en el resultado de Alicante donde se va a jugar los cuartos en las próximas elecciones y aquí, entre la tasa turística y el cierre del Tajo-Segura, el ambiente está cada vez más enrarecido. Que también haya un cambio en esa Conselleria sería, pues, lo esperable.
Si Puig acierta con los movimientos, sería una oportunidad para tomar aire antes del «superdomingo» que puede llegar dentro de un año: municipales, autonómicas y generales
Eso supondría agitar casi todas las piezas socialistas del Consell, lo que sí sería traducido como un cambio en profundidad. Aunque si al mismo tiempo el otro gran socio del Gobierno autonómico, Compromís, no mueve a su vez ficha, todo el mensaje correría el riesgo de depreciarse. La coalición nacionalista tiene en estos momentos dos nombres en el Consell que se consideran en buena lógica inamovibles: el de Vicent Marzà, que a pesar de sus idas y venidas políticas sigue siendo la referencia del principal partido que forma esa organización, y Mireia Mollà, a la que no se puede dejar caer en medio de una crisis como la del agua teniendo en cuenta además que hasta aquí se ha posicionado a favor de la continuidad del trasvase del Tajo a pesar de que su partido es incapaz de aclararse con el asunto. Pero el conseller de Economía, Rafa Climent, lleva tiempo estando en todas las quinielas de salida. Y luego está el caso de Mónica Oltra. Si tan convencidos están, como dicen en privado, los dirigentes de Compromís, de que el Tribunal Superior de Justicia va a imputar a la vicepresidenta en el sumario que se instruye para esclarecer si su departamento obstaculizó las investigaciones sobre los abusos a una menor por parte de su exmarido en una residencia pública que dependía de ella, ¿no sería lo lógico políticamente que en esta remodelación dejara el Ejecutivo? La respuesta es sencilla: sí. Pero en política la advertencia de que más vale prevenir que curar nunca ha sido atendida. El problema es que si eso no se produce ahora, y la situación se complica luego, el daño lo recibirá no sólo Compromís, sino el Gobierno entero.
Puig se tomará todavía seguramente toda esta semana que entra para ajustar los cambios (que no sólo afectarían a los titulares de las consellerias, sino que en cascada producirán movimientos en secretarías autonómicas y direcciones generales), esperar la decisión final de Compromís y hacer las ofertas a quienes quiera incorporar. Si combinar las cuotas de partido, de género y territoriales ya suponía un damero maldito, ahora hay que añadir la posibilidad de que alguna propuesta sea rechazada porque, a tan pocos meses de la convocatoria a las urnas, la persona que la reciba no esté dispuesta a asumir el reto. El president puede agotar esta semana pero no más, porque a la siguiente sí hay sesión en el Parlamento autonómico y lo lógico es que antes de que se vuelvan a reunir los diputados se haga el anuncio. Ahí será cuando se vea si de lo que se trata es de apuntalar el edificio o de ejecutar una buena rehabilitación que renueve su atractivo. Lo primero sería un error. Lo segundo, si se acierta con los cambios, una oportunidad de tomar el aire que los pulmones de todos van a necesitar de cara a lo que ya se aventura como el «superdomingo» de dentro de un año justo: municipales, autonómicas con Puig contra Mazón y generales con Sánchez versus Feijóo, todas en un mismo día. Justo la coincidencia que Puig quería evitar.
¿Quién forzó la salida de Mata?
La noticia del fin de semana pasado fue el anuncio de dimisión de Manuel Mata como portavoz socialista en las Cortes Valencianas. Como portavoz, pero no como vicesecretario general. El pasado lunes, la ejecutiva del PSPV se reunió en Alicante, pero Mata, que antes había comido con Ximo Puig, Arcadi España y José Muñoz, secretario de Organización socialista, siguió manteniendo que no dejaría la dirección socialista, algo que resultaba a todas luces incomprensible. Finalmente, el viernes, tras una nueva reunión con Ximo Puig, Mata anunció su renuncia al cargo, para el que conviene no olvidar que fue elegido cuando ya se sabía que era el abogado del principal acusado en el «caso Azud».
Ese encastillarse en la vicesecretaría el lunes y renunciar a ella el viernes, justo veinticuatro horas después de que Pedro Sánchez y su equipo aterrizaran en València para el acto de presentación de la gigafactoría de Sagunto en la que Volkswagen invertirá 3.500 millones, ha llamado la atención de no pocos. ¿Fue decisión de Puig forzar el paso atrás de Mata, o fue una imposición de Ferraz y Moncloa, que bastante tienen con lo que tienen en Madrid como para andar a vueltas con más maniobras en la oscuridad, esta vez en la Comunidad Valenciana? La versión oficial es que Mata deja la vicesecretaría a petición propia, la extraoficial, pero evidente por las declaraciones previas y la reunión posterior, que fue Puig el que se lo exigió. Pero la coincidencia con el viaje de Sánchez un día antes ha dejado a más de uno pensativo.
