La recién aprobada Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022 de 19 de Octubre) ha ido recibida, como era de esperar, entre grandes aspavientos por aquellos que, ellos sabrán por qué, se consideran herederos del franquismo o, como mínimo, partidarios de que un manto de olvido se abata sobre las víctimas de la barbarie llevada a cabo por el bando golpista en las ciudades y pueblos que ocupó a medida que la guerra civil avanzaba y por los juicios sin ninguna garantía celebrados en la posguerra que supusieron el asesinato de miles de personas tras un proceso penal títere.
El único motivo real que puede desprenderse de ese eterno intento de que la sociedad española olvide lo que pasó en el siglo XX en España es muy posible que sea la consecuencia del interés de la derecha española, es decir, de personas individuales, de que no se sepa lo que sus padres y abuelos hicieron. La represión, los asesinatos, las violaciones masivas en las ciudades ocupadas por los golpistas, como alardeaba el genocida Queipo de Llano, las cunetas llenas de cadáveres, los campos de concentración, el exilio, los puestos en la Administración de médicos, jueces y profesores ocupados por inútiles cuyo única capacidad fue ser fieles siervos de la dictadura o la represión de la mujer y de colectivo LGTB, todo ello pretenden que sea olvidado por la sociedad por el hecho de que no quieren que se sepa, como si fuera posible poner puertas al campo.
Esta ley, por tanto, no puede ser equidistante. Como tampoco se puede tratar de la misma manera a un atajo de militares golpistas frente a todos aquellos que defendieron la Constitución, la legalidad y la democracia. Durante la dictadura franquista se repitió de manera machacona que la República fue un nido de asesinos y de víboras dirigidos por ignorantes corruptos. Y aunque suene raro hubo gente que se creyó semejante ridiculez que no llega ni a la categoría de burda mentira.
Gracias a José Luis Aceves, diputado socialista en el Congreso de los Diputados por la provincia de Segovia, he podido leer un email que mi padre, Miguel Ull Laita, envío a la Subsecretaría de la Memoria Histórica en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Memoria Histórica-Segovia, que él presidía, y que también hizo llegar a José Luis Aceves. En este correo electrónico mi padre hacía algunas consideraciones al entonces Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Tiene fecha de 15 de diciembre de 2020, es decir, pocos días antes de que mi padre ingresase en el hospital La Paz de Madrid por Covid-19, hospital en el que murió tres semanas después. En concreto en relación con el artículo 55 del anteproyecto, argumentó que “ la nueva L-MD, no debe recoger más que en el preámbulo explicativo de la Ley esa nomenclatura, VC, (Valle de los Caídos) debiendo hacer referencia en el resto del texto a “las edificaciones de la finca de Cuelgamuros”, es decir hacer memoria (lectura moral de los hechos) y no solo historia. Los familiares y descendientes de los 33.000 “sepultados” en la cripta de la Básílica de Cuelgamuros y de los 120.000 o más que siguen enterrados en cunetas, descampados, pozos y otras indignas localizaciones, sabrán apreciar el matiz de la memoria además de historia. También tienen el derecho a percibir el cambio de nomenclatura (todavía quedan familiares de los que cavaron en la ladera) y el Estado tiene la obligación de tratarlos con esa dignidad.” La razón de esta petición es que el artículo 55 del anteproyecto, con epígrafe Valle de los Caídos, comenzaba diciendo que “El Valle de los Caídos es un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a...” Con enorme satisfacción, al leer la definitiva Ley de Memoria Democrática, he constatado que el Valle de los Caídos nunca volverá a ser llamado así en la Administración Española. A partir de ahora se llamará Valle de Cuelgamuros, muy parecido, por tanto, al nombre que mi padre planteó al legislador. Aunque en realidad no me sorprende. La biografía de mi padre está plagada de actuaciones como esta. En los años 80 también colaboró en la elaboración de la Ley General de Sanidad, la ley que otorgó a los españoles una sanidad pública y universal, en la que también tuvo un papel fundamental Pedro Sabando. Jamás le escuché vanagloriarse lo más mínimo por aquello.
Con esta ley se pretende que España mire, de manera definitiva, hacia el futuro. Y eso sólo se puede conseguir si los españoles concebimos la actual democracia como un largo camino que comenzó en 1812. Han sido decenas de miles las víctimas que desde entonces han dado su vida y su libertad por lograr el sistema político que los españoles disfrutamos ahora. Pero sobre todo hay que decir bien alto que las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura franquista tenían razón. Defendiendo la democracia frente al fascismo de Franco y sus secuaces representaron lo mejor del ser humano.
