Acueducto Júcar-Vinalopó, seis siglos después

Viajes de agua y pantanos fueron, por este orden cronológico, las iniciativas hidráulicas ideadas para incrementar las escasas e irregulares disponibilidades hídricas en los grandes regadíos deficitarios del sureste ibérico. Resulta llamativo que la primera opción fueran los trasvases, y la explicación de esta aparente paradoja radica en que, carentes por entonces de la técnica precisa para levantar grandes presas, se estimase más viable la construcción de largos canales (Real Acequia de Alcira, Canal Imperial de Aragón), si bien estos seguían los propios valles fluviales; es decir, no se trataba de trasvases, en los que las dificultades de todo tipo (oposición tanto de las áreas cedentes como de los dueños de aguas perennes de los ríos-rambla en las receptoras; trabas constructivas y financieras) se acrecentaban y agravaban extraordinariamente. Sin embargo, dichas transferencias se esbozaron ya en el otoño de la Edad Media; así, la villa de Elche, que tan solo disponía para atender su extenso regadío deficitario del módulo exiguo y salino del Vinalopó, resolvió, según parece por primera vez, en 1420, gestionar el trasvase de agua del Júcar. Es bien de notar que más de dos siglos antes que las escorrentías excedentarias de los riegos por inundación o a manta, desplazando y reemplazando el agua de mar, acabaran por dulcificar la Albufera de Valencia, el regadío ilicitano planteó y solicitó el auxilio desde el Júcar manchego.

Ninguna de las iniciativas de trasvase surgidas en la seca región climática del Sureste Ibérico durante los siglos XVI y XVII llegaron a prosperar; y, desde luego, la pretendida conexión Júcar-Vinalopó no fue excepción. Los pantanos, como solución alternativa, aunque limitada y mediocre por hallarse ubicados en el propio sureste ibérico, ganaron desde el último cuarto del siglo XVI (Almansa, 1578; Tibi, 1593) la partida. Es muy de destacar que el señorío de Elche fue de jurisdicción suprema nobiliaria entre 1481 y 1811, de manera que resulta obligado preguntarse por la posición que adoptaron sus titulares, pertenecientes a la Grandeza y a los más encumbrados linajes de la nobleza castellana, respecto del acueducto Júcar-Vinalopó; máxime cuando se produjo un notorio cambio de actitud, que pasó de un decidido apoyo e impulso inicial (1568) a la total falta de implicación y desentendimiento del proyecto poco después. No parece aventurado sospechar que este giro guarda estrecha relación con el interminable pleito de reversión a la Corona planteado por la villa en 1577, que se prolongó, sin éxito, casi dos siglos, hasta 1744. Incorporada la jurisdicción a la Nación (1811), Elche promovió un nuevo litigio sobre la vigencia y alcance del señorío territorial o solariego. A diferencia, en otro plano, que enlaza año pluviométrico y rendimientos agrícolas, no hay distancia ni lejanía, sino estrecha relación entre duras sequías y reaparición de proyectos de conexión Júcar-Vinalopó: dos de las más intensas sequías decimonónicas, las de 1841-1843 y 1846-1850, proporcionan ejemplos prototípicos, con los proyectos de 1841 (planteado por la Diputación de Alicante), el arquitecto Emilio Jover (1847) y del arquitecto de la Corte Juan Bautista Peyronnet, redactado entre 1847 y 1860. Todos ellos quedaron inéditos.

El Gobierno y los regantes firman un acuerdo de mínimos para trasvasar agua del Júcar a la provincia

La villa de Elche resolvió, según parece por primera vez, en 1420, gestionar el trasvase de agua del Júcar

Tras un prolongado paréntesis que abarca los tres primeros cuartos del siglo XX, en que los planteamientos, preocupaciones, proyectos y soluciones propuestas fueron diferentes (Plan General de Canales de Riego y Pantanos, 1902; Confederaciones Sindicales Hidrográficas, 1926; I Plan Nacional de Obras Hidráulicas, 1933; Confederaciones Hidrográficas, entre otros), la petición de sobrantes del Júcar para la provincia de Alicante reapareció, mediados los ochenta de la centuria precedente, con los objetivos esenciales y conjuntos de poner término a la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Vinalopó y garantizar, a un tiempo, el abastecimiento de poblaciones mediante la sustitución de las extracciones para riego y uso urbano por los caudales que habría de aportar la Conducción Júcar-Vinalopó. Algunos aspectos de esta etapa, que se extendió cuatro lustros (1983-2004), ofrecen especial interés: en primer lugar, los sucesivos gobiernos de Felipe González y José María Aznar auspiciaban los trasvases para corregir desequilibrios hídricos, con particular intensidad los primeros (Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional, 1993); más moderadamente, los segundos (Plan Hidrológico Nacional, 2001). Muy de resaltar también, por insólito, es que durante esas dos décadas la provincia de Alicante gozó de importancia y protagonismo políticos en la Comunidad Valenciana, al tiempo que esta contaba en el horizonte nacional. Subrayemos, en relación con esta excepcional coyuntura, que la solicitud de sobrantes del Júcar no se agotaba en el Alto y Medio Vinalopó más Alacantí, sino que, por primera vez, incluía ahora también la demanda urbano-turística de la Marina Baja, centrada por Benidorm. En cuanto a la creciente relevancia de este destino, es de notar que, en la segunda mitad de los ochenta, comenzó a circular la idea del trasvase de 150 hm3 del Júcar con destino a la Marina (30 hm3) y a la cuenca del Vinalopó (100 hm3), con reserva del volumen restante para previsibles aumentos de la demanda. La particularidad primordial de esta innovación consistía en el reemplazo del trazado tradicional, interior, por el costero, que seguiría el Canal Júcar-Marinas-Vinalopó para transportar a las citadas comarcas sobrantes de desembocadura. A la postre, este trazado costero, concebido para evitar conflictos concesionales y el rechazo por los regantes del Júcar y de la propia ciudad de Valencia de cualquier toma de aguas arriba de Antella, fue descartado; no solo por la cuantiosa inversión requerida y gravosa explotación, sino, sobre todo, por la insuficiente e inadecuada calidad del agua, con problemas de contaminación orgánica e inorgánica, inaceptable para abastecimientos y cultivos hortícolas sensibles.

Más que estimulado, espoleado por la sequía de 1993-1996, se desarrolló un colosal esfuerzo de planificación hidrológica, que culminaría en el Plan Hidrológico Nacional (2001); y a los efectos que ahora interesan, en la formalización del convenio entre usuarios y Aguas del Júcar, S. A. para la construcción y explotación de la Conducción Júcar-Vinalopó (13 de julio de 2001) y la creación de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja (2003). Por supuesto, la coincidencia en julio de 2001, en los ámbitos nacional y valenciano, de dos acontecimientos de tanta trascendencia dista, por completo, de ser mera casualidad; y obedece, en cambio, a la total conexión de ambos, con sus respectivos planteamientos adicionales, por el común acuerdo y plena identificación de Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Júcar, Generalidad Valenciana y usuarios. Todo ello se tradujo en el pronto comienzo y rápido progreso de las obras de la Conducción Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás a San Diego, en Villena. A esta brillantísima etapa de la planificación hidrológica, que resolvía la sobreexplotación de acuíferos e incertidumbres de abastecimiento urbano, pusieron fin las secuelas políticas de los terribles atentados yihadistas de 11 de marzo de 2004, que, en el plano hidrológico, se concretarían en el Real Decreto-Ley 2/2004 y Ley 11/2005, de 22 de junio, de Modificación del Plan Hidrológico Nacional; y, al propio tiempo, desplazado y reemplazado interés general por aritmética parlamentaria y conveniencia personal, paralización de la Conducción Júcar-Vinalopó, en avanzado estado de ejecución; y luego dañina suplantación de la toma originaria del Júcar en Cortes de Pallás por la actual en las inmediaciones del demolido azud de la Marquesa, próxima a la desembocadura.

Urge un cambio de actitud de las instancias que han vulnerado, una y otra vez, convenios y pactos

De nada sirvió que la Junta Central de Usuarios, en un excelente y documentado análisis, concluyera, el 7 de septiembre de 2005, con este aserto: «No existen razones fundadas de orden ideológico, económico, medioambiental o jurídico-administrativo que aconsejen el cambio de toma desde su actual ubicación en Cortes al nuevo punto sugerido del azud de la Marquesa. Puede afirmarse que el cambio de toma sugerido no obedece a racionalidad alguna, y esta propia irracionalidad arrastraría previsiblemente el proyecto, en breve plazo, a su desistimiento y abandono». Presagio que, transcurridos más de tres lustros, a pesar de la entrega, esfuerzo y actividad desplegada por la Junta Central, poco o nada correspondido por otras instancias, se aleja poco de la menguada realidad actual. Desde el calamitoso cambio de toma, la Junta Central no ha dejado de formular observaciones y planteamientos encaminados a paliar las serias dificultades e inconvenientes dimanantes del incumplimiento unilateral del solemne convenio básico. Con todo, hay problemas que, por su singular trascendencia y extraordinaria gravedad, han de ser destacados. El primero concierne a la exclusión fáctica de los abastecimientos por la insuficiente e inadecuada calidad del agua, con el agravante de que varios de ellos (Alto y Medio Vinalopó, Hoya de Castalla) carecen de sustitución y de otra alternativa en la situación actual. Así pues, han de continuar gravitando sobre acuíferos sobreexplotados: la curiosa y ocurrente figura de «abastecimiento inamovible» representa la confesión axiomática, involuntaria además, del incumplimiento y fracaso de objetivos prioritarios, como eran, conjuntamente, abastecimiento a poblaciones y recuperación de acuíferos. Ambos inviables sin una segunda toma, la abandonada de Cortes de Pallás, u otra bien fácil aguas abajo y cerca de Antella. Otra gran cuestión son las incertidumbres y dudas que suscitan los retornos del azud de la Marquesa; por ello, a efectos de prevenir riesgos y evitar todo peligro a la salud pública, resulta necesario e ineludible que la instancia competente analice, controle y certifique la idoneidad de uso del agua remitida desde la nueva toma. Se requiere asimismo, mediante energías renovables y recuperación de los abastecimientos con agua de calidad, hacer viable, a coste real, la explotación. Imprescindible resulta también, en estrecha colaboración con los usuarios, la elaboración de reglas de explotación pertinentes y adecuadas. Urge, por último, un cambio de actitud de las instancias que han vulnerado e infringido, una y otra vez, convenios y pactos: los usuarios no son adversarios, sino ciudadanos damnificados por incumplimientos ajenos, merecedores de todo respeto y apoyo.