Mucha humillación y ninguna solución

Carles Puigdemont.

Carles Puigdemont. / EFE

Manuel Campo Vidal

Manuel Campo Vidal

La política ha degenerado en el «arte de humillar por encima de todo». Archiven cualquier definición clásica sobre «política como ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas». Los terroristas de Hamás humillaron a los engreídos servicios secretos israelíes y su supremacía tecnológica rompiendo con ingenio toda barrera de seguridad para cruzar la frontera y cometer una fechoría abominable. Mil cuatrocientos asesinados y doscientos secuestrados. El primer ministro israelí, Netanyahu, conductor de una matanza como respuesta, que ya se ha cobrado la vida de ocho mil personas, la mitad de ellos niños, humilla a Naciones Unidas y al mundo cuando le solicitan un alto el fuego. Y humilla al secretario de Estado, Blinken, que vuela otra vez de Washington a Jerusalén para implorarle «pausas humanitarias» en su ofensiva; como respuesta, vuelve a bombardear hospitales y ambulancias con nuevas carnicerías.

«Puigdemont tiene intención de humillar al Estado», dice el presidente manchego García Page. «Que un negociador tenga capacidad para dejarse humillar… pues va con su dignidad», añade. Pero advierte: «Aquí alguien va a terminar siendo botifler (traidor, en catalán). O uno u otro». Es decir, o Pedro Sánchez, o Carles Puigdemont, el ex presidente catalán huido a Bruselas hace seis años.

La investidura presidencial en España para no repetir elecciones se complica mucho porque Puigdemont tiene siete diputados decisivos y quiere humillar a Pedro Sánchez, del que no se fía. Seis años de autoexilio han incubado la venganza. Comparen el rostro de un Puigdemont envejecido hace pocos meses y la sonrisa que exhibe ahora en sus paseos fotográficos por el Parlamento europeo.

Participan en esa humillación también dirigentes de Esquerra Republicana que, después de arrancar todas las condiciones que el Gobierno de España entendía inasumibles, prometen que después vendrá «el referéndum de autodeterminación». Oriol Junqueras y Pere Aragonés rivalizan en desafíos al Estado porque, pugnan con Carles Puigdemont por ser los más independentistas; pero también entre ellos, porque la amnistía devolvería a Junqueras su condición de candidato y Aragonés tendría que dejar la Presidencia de la Generalitat. Si vuelven a ganar, claro.

Entretanto, celebran esa humillación las derechas españolas porque les abre espacio hacia nuevos avances electorales sobre los que estaban dispuestos a conceder una oportunidad a Pedro Sánchez pero ya se irritan, o se deprimen, por el espectáculo. Y no solo el ex presidente Felipe González destaca en ese grupo creciente.

El reloj corre y la fecha del 27 de noviembre es el límite. El Congreso, presidido por la socialista Francina Armengol, ya ha habilitado hasta sábados y domingos como laborables por si hiciera falta, para celebrar la investidura. El Senado, de mayoría absoluta popular, cambia el reglamento para bloquear la futura Ley de Amnistía que está en el fondo de la transacción entre socialistas e independentistas. La Audiencia Nacional procesa a los activistas de los CDR (Comités de Defensa de la República) que entrarían en la medida de gracia. La Guardia Civil entrega justo ahora, después de cinco años, el informe sobre Tsunami democràtic, responsable de los desórdenes en Cataluña, situando al frente a Marta Rovira, número dos de Esquerra Republicana, auto exiliadla en Suiza.

Puigdemont apurará hasta el límite crucificando a Sánchez. Pero, ojo, que después está esperando turno Pablo Iglesias, el fundador de Podemos con igual ansia de venganza, solo aplacable si se nombra ministra de nuevo a la inefable Irene Montero, madre de sus tres hijos. Esto ya no es política. Es un docudrama de intereses, rencores y venganzas.

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