"Fabra, paga ya". Así rezaban las camisetas de los alcaldes socialistas de Castellón que, a lo largo del pasado fin de semana, se encerrarón en la sede del Consell en esa provincia -la Casa dels Caragols- para reclamar las cantidades que les adeuda la Generalitat después de trece años de incumplimientos. Un "agujero" de 3.000 millones de euros -nada menos que medio billón de las antiguas pesetas- que han dejado de ingresar las arcas locales, de los que más de 1.100 -alrededor de un 37%- corresponden a los municipios de la provincia de Alicante, según se desprende de respuestas parlamentarias a diputados del PSPV. Una situación que, en estos momentos, condiciona la gestión de los municipios. Al eterno incumplimiento del fondo de cooperación local comprometido en 1999 por Eduardo Zaplana se suma ahora el fiasco de las obras -muchas de ellas paralizadas- del Plan Confianza heredado de la etapa de Francisco Camps junto a la "congelación" de proyectos y subvenciones ya autorizadas.

Después de años y años de debate, ni se ha resuelto el problema de la financiación municipal -competencia del Gobierno de Madrid- ni tampoco se ha puesto en marcha el fondo de cooperación municipal anunciado por el Consell en 1999. Siendo Eduardo Zaplana presidente de la Generalitat, la asamblea de la Federación Valenciana de Municipios celebrada, precisamente, en Castellón acordó, con la firma de todas las fuerzas políticas, presupuestar anualmente una cuantía que crecía de forma progresiva -arrancaba con 30 millones- para compensar a los municipios por la gestión de competencias -adecentar colegios, bienestar social...- que, en la práctica, debían ser ejecutadas por la Generalitat. Ni Zaplana, ni Olivas, ni Camps, ni ahora Alberto Fabra han presupuestado, durante sus mandatos, ni un sólo euro para cumplir. El montante de los atrasos, en el caso de los 141 municipios de la provincia de Alicante, se acercaría a los 900 millones de euros.

A ello habría que sumar más de 200 millones pendientes del Plan Confianza, la réplica del programa de construcción de obras municipales que puso en marcha Zapatero desde el Gobierno de España. Un plan de inversión que ha dejado un reguero de actuaciones sin acabar, de edificios en esqueleto y de proyectos cuyo coste ha tenido que ser adelantado por los municipios a costa de esquilmar todavía más sus arcas y, encima, sin garantía alguna de devolución del dinero. Además, en esa inmensa deuda -unos 200.000 millones de las antiguas pesetas, en el caso de Alicante-, se incluyen también subvenciones y ayudas concedidas durante los últimos años pero que, sin embargo, la Generalitat, con la mayor deuda toda España en relación al PIB, no puede pagar.

David Cerdán, secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, se quejó de los continuos incumplimientos del PP, iniciados, apuntó, con la negativa a poner en marcha el fondo de cooperación municipal acordado hace 13 años. "Durante todo este tiempo, la gestión el PP se ha distinguido por mucho discurso y muy pocas acciones", subrayó el diputado provincial. "No han sido capaces de facilitar la cohesión territorial ni de defender a los municipos", apuntó el dirigente socialista que, además, advirtió sobre los efectos perversos de la nueva ley que prepara Rajoy. "Perjudicará a los municipios, aumentará los problemas de financiación y debilitará la gestión local", vaticinó Cerdán que rechaza cualquier acuerdo del PSOE con los populares en este asunto.

Una situación que encrespa a alcaldes del Partido Popular

Los impagos generalizados del Consell tanto a los municipios como a entidades radicadas en diferentes localidades encrespan a los alcaldes del PP. La crítica situación financiera de la Generalitat, en estos momentos, tiene contra las cuerdas a numerosos alcaldes populares, atenazados por problemas que corresponden a Valencia pero que, en la práctica, los ciudadanos atribuyen a la administración más cercana. Y algunos, incluso y con este escenario, se preguntan por la falta de liderazgo de la Diputación. P. r. f.