Ni su procesamiento por un presunto desvío de fondos en ayudas para el Tercer Mundo, ni los graves delitos que le atribuye la Fiscalía (tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental), ni los 11 años de cárcel que le pide la Abogacía de la Generalitat. Rafael Blasco va a ser expulsado del PP por unas declaraciones en un programa de televisión en las que criticó al partido. El presidente de los populares valencianos, Alberto Fabra, analizó ayer en Alicante la decisión del comité regional de derechos y garantías, y justificó la suspensión cautelar de militancia del exconseller; la apertura de un expediente disciplinario; y su inhabilitación para desempeñar cargos públicos en el seno del PP. "Los Estatutos del partido están para cumplirse. Y, sobre todo, las personas del PP tienen que mantener la lealtad y la dignidad de lo que representa ser afiliado. Según decretó el comité de derechos y garantías, estos principios no fueron respetados por el señor Blasco, con lo cual se acordó la suspensión cautelar de militancia como los cargos de representación en el PP", apuntó.

Acto seguido, se le preguntó si su expulsión podría conllevar en las próximas semanas las de otros imputados del grupo parlamentario. Fabra aclaró que no. Quiso diferenciar el caso de Blasco de los del resto de encausados y remachó que al exconseller de Solidaridad se le expulsa por lo que dijo en la televisión y no por lo que supuestamente realizó cuando dirigía la Conselleria de Solidaridad (desviar, según la Fiscalía, cerca de ocho millones que debían ir al Tercer Mundo). "Aquí depende de las actitudes. Los Estatutos están para cumplirse por parte de todos. No tiene nada que ver la condición de si una persona puede estar imputada o no. Aquí lo que ha habido es una falta de respeto y lealtad hacia el partido y las instituciones por parte del señor Blasco. Y eso es lo que ha derivado que el comité haya actuado como lo ha hecho. No es comparable con otras situaciones (del resto de imputados", prosiguió.

Ya en el racó de Información TV, el jefe del Consell volvió a hablar. Vino a decir lo mismo, aunque con distintas palabras. "Es obligación de todos los afiliados ser leales, respetuosos y dignos con lo que representan las siglas del partido, cosa que en esta circunstancia no se ha producido. Por tanto, este caso es distinto a otros", señaló, en alusión de nuevo a los otros ocho diputados del PP imputados en procesos judiciales.