Fabra contra las cuerdas tras la negativa de aumentar la financiación

No hubo ni acuerdo ni tampoco marcha atrás de Madrid. El Gobierno, finalmente y como estaba cantado, decidió mantener el veto sobre la aprobación de la reforma del Estatuto para equiparar las inversiones del Estado en la Comunidad a la población y, con ello, de paso, le endosó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, otro problema más. En una decisión que debilita su liderazgo, el titular del Consell se vio obligado a solicitar a las Cortes, con apenas 24 horas de margen antes de que hoy el asunto se abordara en el Congreso, un nuevo aplazamiento del debate el tercero que registra esta propuesta ante el rechazo frontal de Cristóbal Montoro a dedicar más dinero en la Comunidad. ¿Y cómo explican los populares su marcha atrás? Ahora vinculan el trámite de esta iniciativa a la negociación para reducir el número de diputados de las Cortes, que también obligaría a cambiar el Estatuto pero que tiene, por ahora, muy pocos visos de salir adelante.

Justificaciones y lavados de cara al margen, sin embargo, la situación evidencia el escaso peso de Fabra en Madrid, atado de pies y manos para levantar la voz de la reivindicación en tanto que el Consell «vive» de las continuas inyecciones económicas que recibe de Hacienda; y deja claro que el Gobierno no estaba dispuesto a abrir un melón que le generaría otro frente con el resto de autonomías. Rajoy no podía permitirse ese lujo aún poniendo a Fabra, al que dirigentes del PP en Madrid dan por casi amortizado, en una situación crítica. Así que, en la práctica, la solicitud para retrasar el debate de la propuesta explicitada en una petición rubricada por el vicepresidente José Císcar que se ratificará hoy en la Junta de Síndics de las Cortes deja en mal lugar a Fabra. Aunque, quizá, llevar el órdago hasta el final y cosechar el voto en contra del PP hubiera sido aún más humillante. En los dos casos, la maniobra ofrece imagen de debilidad. Y encima abre otro interrogante sobre la voluntad del Estado a la hora de negociar un nuevo modelo de financiación autonómica que sustituya al actual reparto, en el que la Comunidad sufre un «expolio» anual superior a los mil millones de euros.

A sabiendas de que se jugaba gran parte del menguante crédito en el que sustenta su liderazgo, como se recordará, Alberto Fabra, se decidió a bajar a la arena en los últimos días para encontar una salida a una propuesta que se aprobó en tiempos de Francisco Camps y con Zapatero en el Gobierno. Entonces, con los socialistas en La Moncloa, todo salía gratis. Ahora, sin embargo, eso se vuelve en contra y la iniciativa ratificada por amplísima mayoría en las Cortes en abril de 2011 es una molesta china para los populares en Madrid. Una bomba de relojería que planea sobre el Palau. Fabra lo sabía y aprovechó la visita de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y del propio Montoro a la última Escuela de Verano del PP, celebrada la semana pasada, para tratar de convencerles de que dieran el visto bueno a un texto para igualar el nivel inversor a la población real, casi calcado al que ya fue aprobado en su día en Andalucía y Cataluña.

Desde un primer momento, la negociación se había convertido para el Consell en un callejón sin salida, máxime cuando un informe del Ministerio de Hacienda desaconsejaba al Gobierno la aprobación de la reforma. Montoro no se movió ni un ápice aunque dejó la puerta abierta a mantener contactos hasta el último minuto. Y a eso se aferró Fabra. Pero no hubo cambio de postura. Al contrario. Al jefe del Consell, aunque la intención es mantener «viva» la petición para más adelante, no le quedó ayer otra salida posible que retrasar el trámite para evitar el varapalo de recibir un voto en contra. Al filo de la una de la tarde, el vicepresidente José Císcar encargado siempre, de dar la cara en los momentos más duros registró un escrito en las Cortes en el que solicitaba que, a su vez, se pidiera al Congreso el aplazamiento, por tercera vez, de este asunto, algo que cuestiona la voluntad de Fabra de exigir a Madrid un trato justo para la Comunidad con hechos y no sólo con palabras.

En su escrito, Císcar pedía retrasar el trámite con el argumento de que se está preparando otra modificación de la Carta Magna de los valencianos la relacionada con la reducción del número de diputados de las Cortes y, según apunta, lo «razonable» sería que los dos cambios ambos obligados a una ratificación a través de referéndum se debatieran de manera conjunta «por evidentes razones de ahorro de costes». El Consell, apuntaron fuentes del PP, confía, con esta maniobra, en ganar tiempo y que, en unos meses, la situación mejore para que el Gobierno pueda dar luz verde al documento. ¿Cómo? Vinculando la cuestión de la discriminación en las inversiones del Estado a la rebaja de diputados, un asunto en el que está muy interesado en el PP para implantar un sistema que lastraría el avance de las minorías y le podría favorecer electoralmente aún con un retroceso en las urnas.

Fuentes populares dieron por hecho que pueden alcanzar un acuerdo sobre este asunto con el PSPV e, incluso, apuntaron la posibilidad de volver a dejar las Cortes en 89 escaños, como tenían hasta los comicios de 2011. No descartaron tampoco ceder retoques de la ley electoral. Desde las filas socialistas, cuyo voto es imprescindible para aprobar esa reforma, sin embargo, rechazan la opción de «recortar» en cargos elegidos por los ciudadanos y piden, por contra, acabar con 150 dirigentes del Consell colocados «a dedo». En cualquier caso, el procedimiento para posponer el debate sobre el Estatuto que debía celebrarse hoy en el Congreso no estará, en ningún caso, exento de la polémica.

De hecho, el Gobierno valenciano intentó, como en los dos aplazamientos anteriores, que fuera el propio Juan Cotino, presidente de las Cortes, el que «salvara» la papeleta enviando un fax al Congreso en el que se informara de la decisión. Cotino rechazó esa opción y apostó, por contra, por la convocatoria urgente máximo órgano de gobierno de las Cortes y después de la Junta de Síndics con la intención de dejar la explicación en manos de Jorge Bellver, designado junto al socialista Antonio Torres para defender el texto en el Congreso. Ojo... Todo tiene que estar decidido y bendecido antes de las once de la mañana, hora tope para que el Congreso pueda levantar el asunto del orden del día.

La oposición cree que es una «cacicada» un acuerdo de pleno debe revocarse por el mismo órgano pero, sin embargo, el PP insiste en el criterio de unir todas las negociaciones de reforma. En rueda de prensa, el citado Bellver y el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, se extendieron en ese argumento. «El objetivo es ratificarlas conjuntamente en referéndum para reducir costes», señaló Castellano, encargado de las negociaciones con los socialistas. El número dos de Fabra en el PP aclaró que el Consell solicita el aplazamiento pero «no renuncia a poner en marcha ninguna de las dos reformas». «La intención es unificarlas para realizar un solo referéndum», concluyó Serafín Castellano durante su comparecencia.