La Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que presentará un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que condenó al expresidente de la Diputación Carlos Fabra a cuatro años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública pero que, sin embargo, le absolvió de cohecho y tráfico de influencias. Según informaron fuentes del Ministerio Público, el recurso contra el fallo judicial se presentará a lo largo de los próximos días. ¿Motivo? Disconformidad con la condena impuesta. La Fiscalía reclamaba una pena mayor. En concreto, trece años de cárcel por delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias y por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Además, Anticorrupción solicitó una multa de 1,98 millones de euros, junto a la citada indemnización a la Hacienda Pública de 693.000 euros. Frente a esa petición del Ministerio Pública, la Audiencia de Castellón condenó al expresidente de la Diputación y antiguo líder del PP en esa provincia a cuatro años de cárcel por los delitos contra la Hacienda Pública y, además, el ahora condenado deberá pagar también una multa de 693.000 euros e, igualmente, indemnizar a las arcas del Estado con una cantidad similar.

La Fiscalía precisó que el motivo por el que interpondrá el recurso es una infracción legal recogida en dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concretamente, el artículo 849.1 de la citada norma señala que se puede presentar recurso cuando se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de ley penal, mientras que el 852 menciona que, en todo caso, el recurso podrá interponerse fundándose en la infracción de precepto constitucional. El propio Carlos Fabra, por su parte, ya ha anunciado que presentará los recursos que sean necesarios para evitar su ingreso en prisión, si bien afirmó no tener «miedo» a ir a la cárcel y destacó que, en caso de que se agoten todas las vías, no solicitará el indulto. El exdirigente popular resaltó, durante una rueda de prensa en la que alardeó de una resolución que le favorece, que la sentencia deja claro que su actuación política «fue correcta» ya que, subrayó, «no hubo corrupción, ni cohecho ni tráfico de influencias», por lo que «nada enturbia» su etapa en la gestión pública.

De momento, el recurso que presentará ante el Supremo evitará que Carlos Fabra entre en prisión de forma inmediata. Para cuando el alto tribunal decida, el exdirigente del PP en Castellón podría quedarse con una pena simbólica o, incluso, por razones de edad, evitar su ingreso en prisión. Por ahora, además, el que fuera máximo responsable de la Diputación y uno de los barones territoriales con más peso en las filas populares tiene el futuro resuelto. La Cámara de Comercio le ha ratificado, pese a la condena, para el puesto de secretario y, por ahora, Carlos Fabra seguirá formando parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Castellón. Esas dos ocupaciones le reportarán ingresos, respectivamente, de 90.000 euros anuales en la entidad cameral y de 300 euros por cada una de las sesiones a las que asista del órgano rector del muelle de la capital de La Plana. Ni el propio Carlos Fabra ni tampoco la dirección regional del PP están dispuestos a solicitar el indulto para no caer en el mismo escándalo que se generó cuando una cuarentena de parlamentarios populares, bajo el impulso del oriolano Andrés Ballester, avalaron la petición para que Pedro Hernández Mateo, condenado por su gestión en el Ayuntamiento de Torrevieja, eluda su entrada en la cárcel. Carlos Fabra ya le ha «hecho un favor» al PP y, de inmediato, pidió la baja como afiliado. Es la vía más corta para, llegado el caso, volver a militar en el PP, algo imposible en el supuesto de una expulsión, automática, según los estatutos populares, cuando se produce una condena judicial.