La Generalitat necesita hacer caja a cualquier precio y, a partir de ahora, también cobrará la asistencia sanitaria a inmigrantes «sin papeles» e, incluso, a los colectivos de ciudadanos españoles que, por la razón que sea, están al margen del sistema de prestaciones de la Seguridad Social, según el decreto aprobado por el Ejecutivo de Alberto Fabra en su última sesión y publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). La Generalitat, de hecho, ha establecido dos tarifas en función de la edad. Los menores de 65 años tendrían acceso a la cartera básica de servicios con un pago de 720 euros anuales -60 al mes- mientras que los mayores de esa edad deberán abonar 1.884 euros por año, lo que supone un desembolso mensual de 157 euros. El Gobierno de Fabra asegura que el decreto está orientado a la atención de personas con recursos -residentes españoles o extranjeros- y que, en todo caso, siempre estaría garantizado el acceso a Urgencias. La normativa, sin embargo, no habla en ningún momento de límites en función de ingresos o de unos servicios sanitarios mínimos a ofrecer.

Más allá de la explicación que ofrece Sanidad, lo cierto, sin embargo, es que el decreto deja claro en su redacción que la medida está orientada a las personas que no figuran ni como aseguradas ni tampoco como beneficiarias del sistema público de salud, una situación en la que se encuentran los inmigrantes no regularizados, entre otros grupos. En un decreto publicado el mismo día de Nochebuena y que se aprobó durante la última reunión del Consell sin que se diera cuenta en la comparecencia oficial, la Generalitat justifica la decisión para adaptarse al nuevo régimen jurídico -aprobado en 2012 por el Ejecutivo de Rajoy- que define los supuestos de acceso a la asistencia sanitaria pública en España con cargo a fondos públicos. El acuerdo tiene el visto bueno del Consell Jurídic.

Con esta regulación, Sanidad firma un convenio con aquellas personas que se acojan a este sistema -unas 500 en toda la Comunidad, según la administración autonómica- pero atendiendo a unas condiciones. Sólo se podrán sumar aquellas personas que, sin cobertura de la Seguridad Social, acrediten la residencia durante un período mínimo de un año con anterioridad a la firma del citado contrato, estén empadronadas en municipios de la Comunidad y, además, no tengan acceso a un sistema de protección sanitaria pública por cualquier otra vía. Mediante el abono de la mencionada contraprestación económica, podrán disfrutar de las prestaciones de la cartera común básica de servicios asistenciales con las mismas garantías que los ciudadanos de la Comunidad que ya están acogidos al seguro público.

En ningún caso, el documento publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana -de siete páginas- establece excepciones para ciudadanos con menos recursos ni tampoco garantías de atención para aquellos grupos que no se puedan acoger a este seguro suplementario. En medio de la polémica y con la oposición disparando con artillería gruesa, la conselleria de Sanidad, al mando de Manuel Llombart -hombre de confianza de Fabra-, asegura, en un comunicado, que la medida está orientada, básicamente, a «personas sin derecho a cobertura sanitaria pública, que, disponiendo de recursos económicos, deseen adherirse a la misma» y que, por otra parte, los inmigrantes irregulares sin recursos «tienen garantizada la asistencia urgente», una atención que es total en los casos de niños y embarazadas.