Un hombre ha aceptado cumplir cuatro meses de cárcel por un delito de amenazas tras reconocer que entre los meses de julio y agosto de 2013 mantuvo contacto con el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y con ánimo de «amedrentarle», le requería una cantidad de unos tres millones de euros a cambio de no difundir unas imágenes de ambos que habían sido grabadas meses antes sin su consentimiento y cuya difusión podría «menoscabar su imagen pública».

El acusado no consiguió su propósito al ser detenido en agosto de 2013. Una vez abierto juicio oral, el fiscal pidió seis meses de cárcel para el acusado, pena a la que su defensa se mostró conforme, por lo que se consideró innecesaria la celebración de una vista en el juzgado de lo Penal y se pidió una sentencia de conformidad. En este caso, la jueza dictó una resolución en octubre del pasado año en la que consideraba que concurrían los requisitos legalmente establecidos para imponer una condena reduciendo en un tercio la pena más grave solicitada, por lo que se fijaba en cuatro meses de prisión, y se acordaba el comiso de los objetos incautados. En un auto de la misma fecha, se acordó la suspensión de la condena por el plazo de dos años, condicionada a que no volviera a delinquir.

La causa se inició por remisión al juzgado de un atestado presentado por la Comisaría de Paterna, lo que dio lugar a que se iniciaran unas diligencias previas que se transformaron en urgentes, de acuerdo con la información que consta en la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha explicado que el fallo tiene como origen la denuncia de una persona que afirmaba ser ella quien sufría el chantaje y que no mencionó nunca que la víctima fuera el presidente de las Cortes Valencianas, un extremo que se descubrió durante la investigación.

Juan Cotino fue citado como testigo para hacerle el ofrecimiento de acciones como perjudicado en el procedimiento, aunque no acudió. A consecuencia de la simulación, el juzgado de Paterna tiene abierto otro procedimiento en el que se investiga «quién o quiénes han podido urdir la inicial falsedad en parte de los hechos denunciados».