Los responsables de la investigación policial del presunto saqueo de fondos públicos de la Conselleria de Solidaridad confirmaron ayer en el juicio que detectaron «un elevado tráfico de llamadas» entre el empresario Augusto César Tauroni y el exconseller Rafael Blasco. Los investigadores explicaron al tribunal que informaron a la juez del caso de que el empresario encarcelado y Blasco se citaban tras breves conversaciones telefónicas. Los agentes precisaron que al principio centraron las pesquisas en Tauroni y aseguraron que en ese momento no investigaron al exconseller de Solidaridad porque no se lo pidió la juez ni el fiscal Anticorrupción.
Los tres testigos que comparecieron ayer en el juicio contra Rafael Blasco por la supuesta malversación de 1,6 millones de euros de ayuda a Nicaragua de los que solo llegaron 43.000 euros pertenecen a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de Madrid. Los responsables policiales indicaron al tribunal que intervinieron el teléfono de Tauroni por orden judicial porque supuestamente sobre él giraba la trama. Una de las agentes destacó que con esa intervención captaron diferentes llamadas entre Tauroni y Blasco. La testigo confirmó que el tráfico de llamadas entre el exconseller y el presunto líder de la trama «era elevado» y añadió que remitieron a la magistrada del caso las que consideraban que eran interesantes para las pesquisas aunque fueran cortas.
La agente incidió en que la investigación siempre se hizo sobre el entorno del empresario encarcelado desde hace dos años. «La investigación era sobre Tauroni y las sociedades que estaban relacionadas con él», subrayó. La testigo admitió que no recordaba si Rafael Blasco y Augusto César Tauroni mantuvieron alguna conversación sobre la Fundación Cyes (entidad que carece de vinculación con la constructora).
El abogado de Blasco ha tratado de anular el juicio por la traducción que hizo la Policía de las conversaciones telefónicas intervenidas que estaban en valenciano. Javier Boix alegó que las conversaciones eran en un valenciano coloquial y se tradujeron como «un catalán normalizado». Sin embargo, los agentes que declararon ayer apuntaron que las escuchas las tradujo una empresa especializada que trabaja para la Dirección General de la Policía.
